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Desobediencia, Subjetividad y Democracia

Entendemos la desobediencia como virtud opacada o aniquilada por el afianzamiento de una política sin subjetividad ni antagonismos. En un escenario de armonía democrática (cívico-formal) se anulan las diferencias debido a dos factores:

i) La homogenización de los grupos humanos bajo las condiciones y comportamientos del “ciudadano ejemplar” y,

ii) La promoción de la resolución de conflictos a partir de la neutralidad ideológica.

 

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Esta lógica interna de la democracia liberal hace parte de un proyecto de apaciguamiento de lo político, es decir, de silenciamiento de las discrepancias ideológicas. Esto produce un terreno firme y despejado para la legitimación de prácticas discursivas que se adhieren a la democracia como si hicieran parte de ella: aquí descubrimos al liberalismo económico y a la perpetuación de los abusos de las jerarquías sociales.

La democracia se convierte en un medio, instrumento o maniquí; un disfraz, eufemismo o títere. Sirve a los intereses de una poderosa dinámica de orden social vertical, en la que no se permiten alteraciones a la seguridad jurídica y económica, garantizada por la competencia sin límites del capitalismo tardío. En ese contexto, la desobediencia no es útil, al igual que no lo es la literatura o la filosofía: verbos andantes o praxis irreverentes y emancipadoras que deshojan las certezas políticas y morales de la modernidad eurocéntrica que ha sido plagiada a los territorios del sur global.

Por otra parte, en tiempos de acumulación de capital todo lo que no sea tasable o subsumible en una cuenta bancaria o en una especulación financiera, deja de tener sentido o existencia en las “transacciones” humanas. Tal vez esta sea la sustancia fascinante que integra y compone la desobediencia: no es ni disponible ni embargable, pues se mantiene en los límites de las reglas de conducta de la civilidad y hace que el sujeto asome la trompa al borde imprevisto; al mundo real, volátil, maleable, irreductible e inabarcable[1].

Pero justo aquí nos hallamos en un predicamento, que parte de una premisa del funcionamiento de la máquina capital-global: todo lo que es inútil o intasable o inaprensible por el “flujo de caja”, es potencialmente peligroso. De tal suerte que nos enfrentamos a una democracia que no reconoce la materialidad de lo político, que no entiende la naturaleza real del antagonismo que da origen al desobediente; y que, además, restringe o redefine la desobediencia al considerarla desestabilizadora del orden democrático. Abordemos estas dos formas de i) limitación y ii) (re)apropiación del significado del concepto:

i) Por una parte la democracia se sirve de modos jurídicos y fácticos de restricción hacia la desobediencia, expresada en protestas y movimientos sociales. Entre ellos se encuentran los escuadrones antimotines, las sanciones a quienes interrumpan el tráfico de una vía pública y el tratamiento delictivo que se le atribuye a él o los manifestantes.

ii) En un sentido menos directo, y al que llamaremos encubierto, la democracia utiliza formas jurídicas y políticas para re-significar la experiencia desobediente y así ajustarla al canon de la libre disposición de mercado. El capitalismo democrático o la democracia del capital no solo destruye la emancipación, sino que también la adecua a una definición y características tolerables. Si bien es otra forma de apaciguamiento, se produce de manera diferente: un ejemplo es el sentido conveniente que se le atribuye a las palabras y a las instituciones. Por ejemplo: sociedad civil, democracia, protesta y movimiento social.

La desobediencia se reciente en cuanto es despojada de su sentido material: el derecho regula la espontaneidad y la movilización social, al punto de determinar en qué condiciones se debe producir la emancipación. Las reglas jurídicas arrebatan al sujeto su libertad para disentir, pues condiciona la perspectiva crítica a los procedimientos para que la institucionalidad se entere y vigile la movilización social. Es un despropósito y una contradicción sugerir que la sociedad civil tiene todo el derecho a protestar siempre y cuando le pida permiso al poder simbólico o fáctico que lo oprime.

En ese sentido: ¿qué hacer para combatir estas estrategias de apaciguamiento y encubrimiento de la desobediencia?

Una primera tarea consiste en ejercer la emancipación de forma no-violenta: el estigma principal del que es víctima la movilización social es su afinidad con el vandalismo y las acciones en contra del “interés general”. Se debe promover la cordura y evitar que las luchas sociales se conviertan en escenarios en esencia beligerantes y agresivos. Ahora bien, eso no implica mantenerse incólume frente a las agresiones del aparato estatal: en su libro Desobediencia civil, Francisco Fernández Buey sostiene que es absurdo que un grupo de personas que están reivindicando derechos o solicitando atención del Estado no hagan nada frente a la dispersión violenta y sin diálogo de las fuerzas estatales[2]. El profesor español lo denomina “desobediencia defensiva”, haciendo alusión a que no se le puede pedir a los grupos multitudinarios que reciban la violencia, como quien ante la primera cachetada pone el otro cachete; esto sería, desde otra perspectiva, una legitimación de la violencia estatal: unos pueden matar, agredir y desplazar, mientras los otros que se aguanten.

Un segundo paso estriba en desmontar los universales ideológicos de la democracia y el liberalismo como “fin de la historia” de la política. Como expone Chantal Mouffe en El retorno de lo político, uno de los grandes desaciertos de los filósofos que han estudiado y escrito a favor de la democracia formal e institucional en las últimas décadas –Rawls, Habermas, Sandel- es pensar que dicho estadio de orden socio-político es un punto de llegada concluyente[3]: el estado de derecho, el liberalismo económico y la democracia procedimental se convierten en conceptos paradigmáticos e incontrovertibles en la teoría y la ciencia política, aplicados fielmente como banderas globales en las naciones “civilizadas”. El hecho de que las discusiones académicas se centren en “las crisis democráticas” o en “las mejoras de la democracia”, son una forma de evidenciar que estamos siendo ampliamente limitados (si se nos permite la paradoja gramatical) en el conocimiento; como si no existieran alternativas o la especulación y la ciencia se hubiesen detenido. A este asunto se refiere Atilio Borón, cuando menciona que

“para entender los procesos políticos contemporáneos tenés que tener un enfoque transdisciplinario. No sólo multidisciplinario, sino transdisciplinario, que deje de lado la división burocrática de disciplinas, de carreras, etc. Tener un bagaje de pensamiento crítico, porque en general la Ciencia Política se ha convertido en un saber conservador.”[4]

Este estancamiento del saber se refleja directamente en lo mencionado anteriormente. La propuesta debe consistir en poner a trabajar la creatividad y la imaginación como sustratos o ejes de la racionalidad. Un ejemplo puede ser las apuestas por múltiples democracias: real, material o radical. El solo estudio de las diferencias entre cada una de estas propuestas teóricas recientes genera una intensidad y una potencia activa del pensamiento crítico. La desobediencia también se ejerce de esta manera: cuando no se acepta el fin de la historia social y política.

En tercer lugar, la cuestión de la desobediencia es una apuesta que reivindica lo común: no se trata de renegar o desconocer aquello con lo que no estamos de acuerdo (pensamientos, ideas, convicciones), sino más bien de encausar las relaciones sociales y antagónicas en función de un buen vivir colectivo que valore horizontalmente las singularidades. En este sentido la emancipación tiene un sentido crítico-político que pretende y realiza la justicia, reconociendo y cuestionando las limitaciones del derecho para condenar la injusticia[5]. Un ejemplo de la puesta en marcha de un concepto político en clave colectiva, es el que han formulado los zapatistas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en las comunidades donde ejercen influencia: no se trata de mandar o de obedecer, sino de mandar obedeciendo[6], apaciguando los intereses de poder y sulfatando las jerarquías con interpelación y diálogo. Esta perspectiva estimula un intercambio fraterno y solidario entre las diferencias, para que se pueda desarrollar libremente la autonomía y la libertad, al igual que, paralelamente, se consolide un proyecto comunitario de vida: un buen vivir común.

En todo caso, la desobediencia es un tema trascendental en la constitución y empoderamiento de sujetos políticos plurales. La centralidad discursiva del Estado pretende que los movimientos sociales se mantengan alejados de los espacios y lenguajes que definen el poder público y jurídico hegemónico. Ejercer críticamente la desobediencia (como virtud) implica rechazar la reducción de las manifestaciones transgresoras como meros desacatos o contravenciones a la legalidad; su contenido emancipatorio expresa un accionar potente que trata de evidenciar y modificar las relaciones de poder económico y social. Consideramos que dichas manifestaciones de lo político sacan de quicio al poder jurídico neutral y a los intereses de dominación que lo utilizan; es la forma de poner una talanquera a la injusticia: hacia una desobediencia como praxis política, creativa y pluricultural

[1] Este salto al vacío es sumamente complejo y doloroso. En ese sentido es pertinente lo que nos sugiere Zizek (https://www.youtube.com/watch?v=18qD9hmU9xg): la libertad tiene un costo, pero no es monetario ni humano, sino más bien emocional-personal. Un conflicto entre lo que hemos creído como inalterable y lo que empezamos a ver más allá de lo que hemos creído.

[2] Fernández Buey, Francisco (2015). Desobediencia Civil. Ediciones Bajo Cero. Madrid, España.

[3] Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Editorial Paidós. España.

[4] Véase entrevista a Atilio Borón en http://kavilando.org/index.php/2013-10-13-19-52-10/formacion-popular/4630-atilio-boron-hay-que-refundar-la-ciencia-politica

 [5] Lo diría Enrique Dussel de la siguiente manera: por una parte tenemos la legalidad de la injusticia y por el otro la ilegalidad de la justicia. La legalidad recubre y protege situaciones abiertamente inequitativas, mientras que la ilegalidad es la etiqueta a partir de la cual se niegan las luchas sociales que propenden la justicia. Véase Dussel, Enrique (1973). Para una ética de la liberación latinoamericana. Tomo II. Editorial Siglo XXI. Buenos Aires.

[6] Véase el excelente reportaje de la periodista española Majo Siscar, a propósito de los 18 años de revolución zapatista e indígena: http://ilusionismosocial.org/pluginfile.php/847/mod_resource/content/1/33ezln.pdf

Colaboración: Diego Mauricio Sánchez

José Daniel Fonseca

(Bucaramanga, 1994) Investigador del Centro de Estudios Socioculturales Pluriverso, con formación en derecho y énfasis independiente en sociología política y teoría crítica del derecho. Ha participado en eventos académicos a nivel regional y nacional, en calidad de ponente y organizador. Sus líneas de investigación son i) poder constituyente en clave crítico-política, ii) educación jurídica desde la pedagogía crítica y iii) lenguaje jurídico como sistema de exclusión.

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Comentarios 1

  1. Pilar Quintero

    Excelente artículo. Mejor reflexión, ya que en la actualidad está sucediendo que se están dando procesos políticos y sociales que supuestamente se sustentan en actos de desobediencia civil, pero que en realidad son promovidos por voceros del fascismo y el terrorismo más descarado, orientados por fines inconfesables. La violencia no es creativa en ningún aspecto. Y conducen al derrocamiento de gobiernos democráticos y vil asesinato de ciudadanos y gobernantes.

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