Cuando se habla de la prostitución y sobre qué tipo de políticas se debería emprender al respecto dista de haber un consenso. A izquierda y derecha hay partidarios tanto de la prohibición como de la regulación. Incluso dentro del propio feminismo no hay acuerdo sobre qué tipo de política es deseable. En un principio las salidas regulatorias sobre el tema pueden ser cuatro. La primera es la prohibición tanto del ejercicio como del consumo, algo que ocurre en algunos estados de EEUU. La segunda es la regularización del ejercicio, como pasa en Países Bajos, parte de Alemania, Nevada (EEUU) o Victoria (Australia). La tercera es la vía particular que se aplica en los países nórdicos – especialmente a nivel municipal – la cual pasa por la penalización de los clientes pero no de las prostitutas (la que algunos han llamado la vía abolicionista). Finalmente, una cuarta opción, justo que es la que ha prevalecido en España, es [Enlace retirado] y dejar esta actividad en una especie de vacío legal. Como imaginaréis, este último escenario no es precisamente el preferible así que merece la pena descomponer los argumentos y echar un vistazo a la evidencia empírica para preguntarse: ¿Es buena idea impulsar la legalización de la prostitución en España?.
El argumento de la legalización de la prostitución es bastante sugerente y tiene respaldos entre muchos liberales e izquierdistas: Logras hacer transparente una actividad opaca, das garantías sanitarias y de protección a las prostitutas y, de paso, recaudas impuestos y cotizaciones. Dado que es inevitable que exista una demanda masculina de sexo (ya sea por razones biológicas o culturales), el ejercicio de la segunda profesión más antigua del mundo – alguien debió trabajar primero para pagar – es inevitable. Al fin y al cabo, si no se regula lo que se hace es desplazar la prestación del servicio a espacios con menor visibilidad social y con menos garantías sanitarias y sociales. En suma: la demanda de servicios sexuales es inelástica, así que más vale regular la oferta. Sin embargo, los peros a este argumento comienzan cuando se mira la evidencia empírica y se compara entre países con diferentes leyes de prostitución. Reproduzco literalmente unos párrafos del artículo de Victor Lapuente titulado “[Enlace retirado]”:
(…) Pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.
Por lo tanto la primera evidencia es que la demanda sí que depende del tipo de regulación, por lo que es posible hacer políticas que incidan sobre los demandantes de prostitución. Esto por supuesto, también tiene implicaciones sobre la oferta (sigue):
La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, (…) Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año.
Estos datos ligan con un segundo elemento al que los partidarios de la regulación suele prestar poca atención: el origen de la propia oferta. Casi el 87% de las prostitutas están ligadas a la trata de personas, es decir, a mafias que introducen mujeres provenientes de países de Europa del Este o el Tercer Mundo. De nuevo, la regulación juega un rol crucial en los flujos del tráfico de prostitución tal como muestran estos economistas. En aquellos países en los que existe una regulación más restrictiva las mafias introducen menos prostitutas. Por el contrario, estas mafias operan en mayor medida en aquellos países en los que la actividad está legalizada. La idea es que en los países más permisivos se genera es una divergencia entre dos mercados de prostitución – legal e ilegal – que corren paralelos y se expanden. Un ejemplo claro es que desde que se legalizó la prostitución en los Países Bajos el tráfico de prostitutas ilegales ha crecido un 10%. Además esta regulación tiene la perversión de que, dadas las conexiones de las mafias de la prostitución con el mundo de la droga y la delincuencia, la legalización de esta actividad puede funcionar como una tapadera idónea para el blanqueo de capitales.
Un tercer argumento que se maneja es que la prostitución no supone sino un tipo de trabajo más y que la regulación se debería limitarse a dar carta de naturaleza a esta actividad de libre intercambio. Sin embargo, tal como Gemma Lienas apuntó en sucomparecencia ante el Congreso de los Diputados en 2006, esto dista de ser verdad:
Algunos datos: Entre un 63 % y un 80 % de las prostitutas han sido víctimas de violaciones. Las prostitutas corren un riesgo 40 veces mayor de ser asesinadas que el resto de la población femenina. Más del 68% de prostitutas sufren estrés postraumático. ¿Se puede considerar un trabajo una actividad que comporta tanto riesgo para la integridad de las mujeres?
Este tema no es baladí porque en este tipo de “servicios sexuales” hay una parte vulnerable, potencialmente a merced de otra más fuerte. El intercambio se realiza en la intimidad y es complicado garantizar que no vaya a haber abuso. No en vano, a las prostitutas en Países Bajos se les da cursillos de artes marciales precisamente por el riesgo al que exponen su propia integridad física. Reto a cualquier lector a que encuentre algún tipo de ocupación al margen de la esclavitud que disponga de semejantes estadísticas de maltrato e indefensión.
Finalmente decir que hay prostitutas a favor de la legalización, en particular asociaciones, la cuales en muchos casos reconocidas como interlocutores sociales. En todo caso creo que se pueden poner bastantes peros a la representatividad que tienen del conjunto del colectivo. El argumento moral de la libre disposición del cuerpo por parte de la mujer podría tener sentido en un mundo ideal en el que 8 de cada 10 prostitutas no estuvieran directa o indirectamente bajo el control de mafias nacionales e internacionales. Como no es el caso, dudo mucho que ellas puedan hablar en nombre de esa mayoría de mujeres que han salido engañadas de sus países para ejercer la prostitución, del mismo modo que nada tiene que ver con la prostitución “de lujo”, que se sitúa lejos del alcance de las mafias. Me parecería poco juicioso pensar que porque existan voces minoritarias (y quizá genuinamente libres en el ejercicio) a favor de la legalización se pudiera extrapolar la demanda al conjunto del colectivo.
En mi opinión los argumentos a favor de la legalización de la prostitución son muy difíciles de sostener con evidencia empírica en la mano. Primero, porque es falso que la demanda de prostitución sea inelástica y no se pueda incidir sobre ella. Segundo, porque la legalización no sólo no aflora el mercado negro de la prostitución sino que lo expande y engorda a las mafias que se nutren de él. Tercero, porque la prostitución se parece más a una forma de esclavitud que a un trabajo remunerado ordinario a tenor de sus secuelas. Y por último, porque las organizaciones de prostitutas que defienden la legalización no se parecen en nada a la inmensa mayoría de damnificadas por la explotación sexual.
Desde mi punto de vista, y con lo que nos señalan también otros estudios, las políticas más efectivas sobre la prostitución son las que se plantean en los países abolicionistas del norte de Europa: sanción a los proxenetas y usuarios, dando una vía de salida y reinserción a la prostituta, la victima genuina. La prostitución supone en casi todos los casos una cosificación de la mujer y es una actividad que se mueve en la periferia social, entre la marginalidad y la delincuencia. Cualquier política pública que quiera abordar este tema debe tener presente que la principal prioridad es la defensa de la mujer, de ahí que crea que la mejor manera de hacerlo sea penalizando la explotación sexual y no dándole carta de naturaleza.
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Fuente: politikon.es