Decía Clemenceau que la guerra era una cuestión demasiado importante para dejársela a los generales. Hoy podríamos decir lo mismo de la economía y los economistas, extendiendo ese consejo a los políticos, que suelen ejercer como economistas aunque lo ignoren todo sobre esa disciplina. De modo que me voy a permitir opinar sobre el sistema capitalista sin más títulos que el de vivir en él, y confesando de entrada mi total desconocimiento acerca de la ciencia económica (si es que tal cosa existe), ignorancia que comparto con miles de millones de personas. Incluyendo quizás a muchos economistas.
Si algo ha dejado en claro la crisis actual es la radical contradicción entre el capitalismo financiero y la democracia. Si esta última exige –entre otras cosas– que sean los representes políticos de las mayorías quienes tomen las decisiones acerca del gobierno de una nación, la situación actual demuestra que las medidas económicas escapan casi por completo a su voluntad. Las subidas y bajadas de la moneda, los ajustes en los impuestos, los recortes a los gastos sociales, dependen de poderes anónimos que imponen sus decisiones a los gobiernos sin que la voluntad popular pueda intervenir. Los mismos sectores que han causado la crisis y que han sido ayudados por los gobiernos para superarla imponen ahora sus recetas bajo la amenaza de retirar su confianza a los poderes públicos.
Cuando comenzó la crisis muchos pensamos, ingenuamente, que era una ocasión para poner en duda los dogmas de la economía neoliberal y que el resultado sería un mayor control democrático de los poderes económicos. Nos equivocamos. Hoy sabemos que el resultado es exactamente el opuesto: la crisis ha servido para desmantelar, al menos en parte, el relativo Estado del bienestar que teníamos en Europa y aumentar el poder de esos mercados anónimos que ocasionaron la crisis. No soy partidario de las teorías conspirativas, pero, vistas algunas de las últimas medidas tomadas en nuestro continente (disminución de gastos sociales, disminución de las ayudas al desarrollo, reformas laborales que anulan derechos adquiridos, etc.), hay que pensar que el resultado responde a las intenciones de quienes organizan la vida económica sin someterse a ningún control ajeno a sus intereses.
Y ello no sucede por una supuesta perversidad de nuestros dirigentes políticos y ni siquiera de aquellos que controlan los mercados, sino por exigencias del propio sistema. Sería contrario a la lógica interna del capitalismo financiero, cuyo único objetivo es conseguir el mayor beneficio posible para sus gestores, pedirle que oriente sus inversiones para satisfacer las necesidades reales de la población, incluso de aquellos sectores poco o nada productivos. Esa sería una obligación de nuestra devaluada democracia, pero nunca podrá ser un resultado de las leyes del mercado, cuyo principio fundacional es la competencia y la consiguiente supervivencia de los más fuertes, en una copia simplista de las leyes naturales de la evolución.
En los viejos tiempos del capitalismo industrial, y pese a sus injusticias, la economía estaba al menos orientada a la producción de bienes y el sector del trabajo podía jugar un papel que, aunque no fuera determinante, era capaz de ejercer alguna influencia en la vida económica. De hecho, el modesto Estado del bienestar que llegó a imponerse en muchas partes fue el resultado de esta presión que ejercieron los trabajadores. Pero hoy la posibilidad de esa presión ha disminuido. Sería absurdo pensar, por ejemplo, en una huelga contra los mercados financieros, entre otras razones porque el poder económico ha perdido su rostro: ya no existe un patrón al que pedir responsabilidades sino una anónima red de despachos, muchos de ellos establecidos en paraísos inmunes a cualquier control legal.
Desde mi absoluta ignorancia sobre economía y aceptando de antemano la acusación de ingenuidad, pregunto: ¿existe alguna razón –aparte de las que ya todos sabemos– por la cual no se pueda extender la democracia a la economía? ¿Por qué no puede gestionarse democráticamente al menos el sector financiero? Entiendo que un restaurante o una peluquería sean propiedad de sus dueños, pero ¿también deben estar en manos privadas los bancos, las empresas estratégicas o el mercado de divisas? ¿De dónde procede el dogma de que el sector privado es más eficiente que el público, como no sea de una concepción de la eficiencia como pura productividad?
De hecho, en la historia se han sucedido diversos sistemas productivos. ¿No habrá llegado el momento, aprovechando la crisis actual, de poner en cuestión el sistema capitalista en su conjunto y no sólo algunos aspectos de su gestión? ¿El fracaso del “socialismo real” implica que cualquier sistema que pretenda poner la vida económica en función de las necesidades de la sociedad está condenado de antemano al fracaso? ¿Habrá que suscribir la delirante tesis del “fin de la historia” y suponer que el capitalismo liberal constituye el estadio definitivo de la humanidad?
Estas preguntas conducen al peligroso terreno de la utopía. Porque la pregunta que sigue sería: ¿qué sistema alternativo se propone? Y ya sabemos que algunas respuestas pueden tener consecuencias más temibles que las preguntas. Pero creo que mientras no se ponga en cuestión el sistema actual en su conjunto, abriendo un debate que no se limite a discutir sobre técnicas de maquillaje y se acepte la necesidad de organizar de otra manera la vida económica, la mayoría de los seres humanos lo van a pasar muy mal.
Augusto Klappenbach es filósofo y escritor