Cuando un estado miembro solicita asistencia financiera a la UE, se pone en marcha un mecanismo por el cual las decisiones del gobierno están condicionadas y supervisadas por técnicos enviados por la “troika”: el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Comisión Europea, para garantizar el cumplimiento de los requerimientos en materia de consolidación fiscal y reformas estructurales.
Mientras los ciudadanos contemplan, entre resignados e indignados, estas decisiones de sus gobiernos, numerosos analistas consideran este control por parte de la troika un nuevo colonialismo en forma de protectorado económico. Una cesión de soberanía económica que desnaturaliza completamente la democracia. Ante este escenario, cabe preguntarse quiénes son los actores de ese “gobierno” externo y cómo se les ha elegido, para conocer los juegos de poder e intereses que limitan el poder de decisión de los estados rescatados.
FMI
El FMI es una institución formada por 188 países y fundada con el objetivo oficial de fomentar la estabilidad del sistema monetario internacional. Para prevenir las crisis del sistema, el Fondo lleva a cabo proyectos de asistencia técnica y supervisión de países en vías de desarrollo o en situaciones de posguerra, publica informes macroeconómicos sobre el mercado financiero y recomendaciones sobre la situación de las finanzas públicas de los estados. En este campo, algunos de sus errores más clamorosos han sido objeto de duros informes internos que han criticado su falta de previsión: la calificación del sistema financiero de Islandia como “robusto y resistente”, la invitación generalizada a seguir la línea de innovación financiera de EEUU y Gran Bretaña, la crítica a Canadá por su falta de audacia en ese mismo ámbito, o la minusvaloración de los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria norteamericana justo antes del derrumbe de las “subprime”.
Además, el FMI pone en marcha programas de financiación a aquellos estados que lo soliciten, cuya recepción por tramos queda condicionada al cumplimiento del programa específico de reformas neoliberales que el Fondo les recomiende. Es sobradamente conocida su labor en América Latina a partir de los años 80, actuación que se ha convertido en el paradigma de los múltiples fracasos del FMI.
Para facilitar estas ayudas financieras, el FMI dispone de los recursos que aportan los estados miembros, teóricamente en función del peso económico de cada país en la economía internacional. En función de dicha aportación se asigna un porcentaje de derecho de voto en el órgano directivo del Fondo: el Directorio Ejecutivo.
EEUU es el único país que, gracias a un derecho de voto del 16,75%, tiene la capacidad de vetar aquellas decisiones que requieren una mayoría cualificada del 85%.
El Directorio Ejecutivo está presidido por la Directora Gerente, Christine Lagarde, ex-ministra francesa de Economía durante la presidencia de Nicolas Sarkozy. Lagarde fue elegida por consenso por el Directorio Ejecutivo en julio de 2011 por un plazo de cinco años, para ocupar la vacante dejada por el desacreditado Dominique Strauss-Kahn, que a su vez, había tomado el relevo de Rodrigo Rato.
Comisión Europea
La Comisión Europea es la institución europea, que entre otras funciones, ha de velar “por que se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones” europeas. Por esta razón, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) le encomienda la labor de vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los rescates.
José Manuel Durao Barroso, político portugúes de centro-derecha, es el actual presidente de la Comisión, y fue elegido por mayoría simple del Parlamento Europeo, tras las elecciones europeas de 2009 (en las que se registró una participación del 43%), previa propuesta del Consejo Europeo.
Los 27 comisarios que integran la Comisión, también son elegidos con la intervención del Parlamento y el Consejo Europeo, y deberían ejercer la función de garantizar el interés general comunitario con independencia de los intereses de los estados.
Sin embargo, aunque la Comisión ostenta poderes de ejecución y coordinación, la orientación política de las decisiones queda en manos de las instituciones intergubernamentales, como el Consejo Europeo y el Eurogrupo.
Y es en esas instituciones donde Alemania hace valer su mayor contribución económica (27,1464% equivalente a 190.000 millones de €) al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para dirigir y condicionar los acuerdos de asistencia financiera de la UE.
Banco Central Europeo
El BCE es presidido actualmente por Mario Draghi, que fue nombrado por el Consejo Europeo. El Consejo de Gobierno del BCE se compone por un comité ejecutivo formado por 6 personas (incluido el presidente), más los 17 gobernadores de los bancos centrales nacionales.
Las críticas al nombramiento de Draghi, que fue director ejecutivo del Banco Mundial y presidente del Banco de Italia, proceden de su etapa como vicepresidente y director general de Goldman Sachs International. Este banco de inversión colaboró con el gobierno griego en el maquillaje de sus cuentas públicas para poder entrar en el euro. Aunque Draghi ha negado su participación y no está probada su implicación directa en dicha operación, resulta cuestionable su idoneidad para presidir el BCE.
El BCE fue creado con el objetivo primordial de garantizar la estabilidad de los precios, y para ello los estados le cedieron su política monetaria, de manera que es el BCE quien tiene la exclusividad de autorizar la emisión de billetes y de fijar el tipo de interés oficial del dinero. Para aportar liquidez al sistema el BCE, a diferencia de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central de Inglaterra, no presta directamente a los estados, sino a los bancos, que han de ofrecer avales colaterales en forma de bonos de estados u otros activos de calidad en poder de los bancos. Este diseño neoliberal del Banco, que se basa en la creencia en el mercado como el asignador de recursos más eficiente bajo la premisa de una cierta homogeneidad de las economías de los estados miembros, ha fracasado por el incumplimiento de dicha premisa principal, y porque acaba convirtiendo la deuda de los estados en un activo especialmente proclive a la especulación financiera.
El capital del BCE es desembolsado por los bancos centrales de los estados miembros, en razón de su peso poblacional y económico, correspondiéndole a Alemania la mayor cuota con un 18,9373%, lo que le concede al presidente de su banco central, Jens Weidmann, un gran poder de presión y negociación, más allá de que los tratados europeos establezcan la independencia del BCE.
¿Democracia, tecnocracia, o plutocracia?
Estas tres instituciones: dos con un perfil más técnico-económico (BCE y FMI), y una cuyos dirigentes tienen un perfil más político (la Comisión), son las responsables de la supervisión y control de las decisiones de los gobiernos de los estados que recurren al MEDE. Dado que el procedimiento de elección de la Comisión Europea no es estrictamente democrático (sus integrantes no se presentaron a unas elecciones ciudadanas) y que además su labor es la supervisión burocrática del cumplimiento de unos “tratados genéticamente neoliberales“, la “troika” se constituye como un organismo de gobierno, o al menos de control, de carácter tecnocrático. Para algunos sectores de la opinión pública, esta cesión de soberanía en favor de los técnicos parece encontrar cierta justificación en el descrédito de la política. Pero además se basa en dos ideas discutibles.
Por un lado, en la confianza en la aplicación de la supuesta racionalidad de los criterios empresariales a la gestión pública, olvidando que en cuestiones públicas el objetivo no es maximizar el beneficio para los accionistas, sino promover “las condiciones (…) para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa”, como establece la Constitución española.
Y por otro lado, se basa en la dudosa creencia en la economía como ciencia independiente y desideologizada. Dudosa no sólo porque todas las hipotéticas soluciones económicas a la crisis pasen por nunca perjudicar los intereses de las élites. Sino especialmente, porque el ciudadano asiste a la mayor recesión desde el crack del 29 con la sensación de que los supuestos expertos “independientes” ni fueron capaces de evitar o prever el derrumbamiento del sistema, ni están teniendo el más mínimo éxito con las medidas económicas que están poniendo en práctica.
Esta confianza en la economía como ciencia independiente y eficaz es absolutamente contradictoria con la propia experiencia de la crisis. Es seguro que es necesaria una regeneración de la política, pero también es urgente replantearse el pensamiento económico dominante. La política está en crisis, es indudable, pero ¿no lo está aún más la economía? Necesitamos otros políticos, pero también otros economistas.
En definitiva, el ciudadano medio contempla esta cesión de soberanía con una mezcla de indignación por la percepción de que dichos organismos sirven a los intereses de ciertas élites o ciertos estados, y de desesperanza porque constatan que esas instituciones han puesto ya en evidencia su falta de eficacia.
Fuente: unitedexplanations.org