En cinco años casi 85.000 mujeres maltratadas han renunciado a seguir el proceso judicial. Denunciaron a su agresor, pero luego se echaron atrás. Y en los tres últimos años esta cifra de arrepentimiento se ha disparado hasta alcanzar el 29 por ciento. Tres de cada diez víctimas han dicho no a continuar y airear el infierno de su casa en un juzgado.
Son datos ofrecidos ayer por la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, la magistrada Inmaculada Montalbán, al presentar un balance de los siete años que llevan funcionando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Montalbán sostiene que la crisis ha repercutido en esta retirada de denuncias por el miedo de las víctimas a su futuro tras el proceso judicial.
Según la presidenta del Observatorio, la dependencia emocional, afectiva y económica está entre las causas que llevan a las mujeres a retirar las denuncias, además de las presiones familiares o el miedo a su futuro. «La manera de abordar estos problemas es articular una red social y de asistencia económica a las víctimas, durante y después del proceso judicial», señaló la juez. Mantener los recursos es la clavedesde su punto de vista, pero esos recursos no han hecho sino menguar, como reflejan los últimos Presupuestos Generales.
«Tienen miedo a denunciar o seguir con los procesos porque no saben qué va a ser de ellas», aseveró Montalbán en su balance. En total, desde 2007 se han registrado en los juzgados españoles 735.730 denuncias, lo que supone una media de 360 al día y un incremento del 4,3 por ciento en los últimos cinco años. El dato de denuncias no coincide necesariamente con el de víctimas, dado que una misma mujer puede haber denunciado varias veces distintos hechos, con independencia de que los procesos se puedan acumular posteriormente.
Otro dato llamativo y así lo destacó la presidenta del Observatorio se refiere a los menores. El número de menores de edad, de entre 14 y 17 años, enjuiciados por delitos relacionados con la violencia de género asciende a 778 desde 2007, una cifra que representa un aumento del 23,7 por ciento entre 2007 y 2011. Del total de acusados, a 716 (el 92%) les impusieron medidas educativas o medidas de internamiento.
«Estos datos nos dicen que hay que intervenir en el aprendizaje de los jóvenes para evitar que aprendan comportamientos machistas o de dominio», ha alertado la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, hay que insistir en la educación de los menores para eliminar estos comportamientos e intervenir en el tratamiento «específico» de los niños o jóvenes que están expuestos a la violencia de género en sus hogares, los grandes olvidados.
Terminar con la impunidad
Desde la creación en 2005 de los juzgados especializados en violencia machista con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (actualmente hay 106) se han instruido un total de 963.471 delitos, han enjuiciado 71.142 faltas y han dictado un total de 137.408 sentencias, de las que el 80 por ciento han sido condenatorias (108.123). «En España se ha terminado con la impunidad en los casos de primeras amenazas, coacciones o malos tratos. Si se consigue intervenir en estos primeros actos, se hace frente a la cadena de violencia». Con esa idea ha insistido en que las muertes de mujeres «no son súbitas, sino que tienen detrás una historia de malos tratos».
Del total de delitos instruidos, la mayoría fueron por lesiones y malos tratos (656.212 casos). De ellos, las lesiones por menoscabo psíquico o golpe sin causar atención médica o quirúrgica ascienden a 520.839 casos, un aumento desde 2005 del 102 por ciento; las lesiones por violencia física o psíquica continuada alcanzan a un total de 101.900 casos, con un incremento del 140 por ciento en siete años; los casos de lesiones por malos tratos graves ascendieron a 33.473, con un aumento del 18 por ciento sobre el año 2005.
Los juzgados especializados dictaron 141.465 medidas civiles cautelares, de las que 134.834 se acordaron en la orden de protección, las cuales tienen una vigencia de 30 días hasta la interposición de la demanda civil, prorrogables una vez interpuesta. Destaca la prestación de alimentos (46.775 medidas), la atribución de vivienda (41.961), la suspensión de la guarda y custodia sobre los hijos menores comunes (14.496), la suspensión del régimen de visitas (6.932), la suspensión de la patria potestad (709), o la derivación a los servicios de protección del menor (1.382). Montalbán recordó que está demostrado que los menores expuestos a la violencia de género son igual de víctimas que sus madres, un punto que la Ley no ha desarrollado de forma adecuada.
Fuente: ABC.es