Más de 300 políticos españoles están imputados en casos de corrupción

Baleares y Valencia son las comunidades que están a la cabeza de implicados en casos turbios. La mayoría ha abandonado la actividad pública, aunque hay excepciones en Valencia y Baleares.

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se extienden por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras autonomías como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras comoBankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como consejero de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la Administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Nóos.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, o elcaso Over Marketing, en el que está implicado el popular Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.

También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.

También concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de mando.

Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos. También está imputado el exalcalde de Getafe y exalcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).

La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con solo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa —que relevó en el cargo a su marido inhabilitado— ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.

También en Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de tablaos flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería.

También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.

También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil del Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal porno.

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.

En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están imputados el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.