Conceptualizar y clasificar lo que entendemos por democracia ha sido una de las más ambiciosas y complejas tareas que se hayan intentado acometer desde los campos de la filosofía, el derecho y la ciencia política. Si ya son muchas las formas de democracia que ha conocido la historia, el número de variedades de cada una de ellas resulta difícilmente abarcable no solo por su inconmensurabilidad, sino también por el debate que se genera frente a cada una de ellas en torno a si realmente puede ser reconocida o no como tal. Sin embargo, existen ciertos cánones ámpliamente aceptados que coinciden en señalar unos requisitos básicos para que un modelo de organización social y configuración del poder sea considerado como democrático. Uno de estos requisitos es, sin duda, la existencia de libertad de información y prensa, de manera que los ciudadanos puedan acceder o construir fuentes de información independientes y alternativas a las que posee quien ostenta el poder a través de las instituciones del Estado.
La puesta en marcha y el uso de las herramientas públicas de comunicación e información es una de las mayores fuentes de conflicto que puede encontrarse en cualquier sistema, incluso en los canonizados como democráticos. Pero, concretamente en los modelos liberales (o mal llamados occidentales) de democracia, la proliferación de medios que se ha venido dando en los últimos treinta años debido a la apertura económica y el desarrollo tecnológico ha abierto otro debate no menos importante, relativo a qué límites pueden o deben tener estos medios en el ejercicio de su libertad informativa, y quién decide dónde están estos límites. No es este un asunto menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el cóctel formado por la combinación global de libertad de información con libertad de mercado ha dado lugar a grandes conglomerados mediáticos con un poder superior, en muchos casos, al de los propios Estados.
El asunto se complica más, si cabe, en América Latina. Sobre todo si tenemos en cuenta los cambios políticos y sociales que han tenido lugar en la región en las últimas décadas, y que ha llevado a muchos Estados desde modelos neoliberales a otros mucho más intervencionistas. Con ello, grandes empresas de comunicación, que hacían su negocio en el paraíso del capitalismo desregulado, se ven ahora en la encrucijada de seguir engordando sus cuentas de resultados en países donde la regulación estatal llega a jugar con los límites de la libertad de prensa a la que aludíamos anteriormente. Son muchos los ejemplos en el mundo hispanohablante: dejando al margen a importantes medios como las editoras de El Universal o Globovisión en Venezuela, la Compañía Anónima El Universo en Ecuador, los que forman parte del Grupo de Diarios de América, u otros grandes grupos que ostentan la propierdad de diarios y canales de televisión y radio, así como las inversiones en la región de grupos como News Corporation de Rupert Murdoch, hay que destacar a los más importantes, como el Grupo PRISA (cuyos principales accionistas son Liberty Acquisition Holding, Deutsche Bank, Bank of America, entre otros), propietario del grupo editorial Santillana, Radio Continental y 40 Principales en Argentina, el grupo Iberoamericana Radio en Chile, Caracol Radio en Colombia, W Radio en México, Panamá y Los Ángeles (EEUU), y otros muchos más; el Grupo Televisa, que además de ser la compañía que tiene más acciones en empresas televisivas de América Latina, es propietaria de canales de televisión en abierto (Canal de las Estrellas, Galavisión, Canal 5 y Foro TV), canales de pago (Sky, Cablevisión o las decenas de canales de Televisa Networks), la Editorial Televisa (editorial de revistas en español de mayor tirada en el mundo), Televisa Radio (que comparte al 50 por ciento decenas de estaciones de radio en toda América, así como convenios de colaboración con algunas de las compañías mediáticas más importantes del mundo (Time Warnes, Viacom, MTV Networks, Turner, NBC, CBS, etc.); o el Grupo Clarín, propietario de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín, Olé, etc.), CIMECO S.A. (Diario de los Andes, La Voz del Interior, etc.), Artes Gráficas Rioplatenses, la compañía de correo privado UNIR, la administradora web Compañía de Medios Digitales, Radio Mitre, Cablevisión S.A., la productora ARTEAR, y otras muchas más, incluidas 150 licencias de servicios de comunicación.
Este rompecabezas está, en realidad, en manos de unas pocas compañías que forman un oligopoliomediático que concentra todo el poder informativo en la región, usándolo sin reservas frente a quienes pretenden abrir este espacio al pluralismo. Cuando algunos gobiernos de América Latina han modificado la legislación para diversificar la oferta informativa o frenar actitudes que atentaban contra la ética periodística y la libertad de prensa, estas corporaciones, que veían amenazado el control absoluto sobre el espectro mediático y, por ende, su poder frente a la sociedad y los propios gobiernos, no han dudado en unirse extiendo la alarma y el miedo de forma tremendista y exagerada. De la misma forma, cuando estas corporaciones ven peligrar sus beneficios ante cualquier iniciativa en favor del pluralismo mediático, no dudan en poner en marcha su inmenso aparato informativo global -y su poder- para intentar desestabilizar al gobierno que la proponga.
Un claro ejemplo de ello pudo verse en el conflicto entre Rafael Correa, Presidente de Ecuador, y el diario El Universo, en un proceso que comenzó en febrero de 2011 y cuyos coletazos se dejan sentir todavía hoy (para evitar suspicacias, usaré enlaces del propio diario El Universo para explicar el caso). Todo comenzó con una columna del periodista ecuatoriano Emilio Palacio titulada “No más mentiras” y publicada en El Universo. En ella, este comentarista no solo acusaba a Rafael Correa (a quien llamaba directamente “el Dictador”) de ser quien “Indultó a las mulas del narcotráfico, se compadeció de los asesinos presos en la Penitenciaría del Litoral, les solicitó a los ciudadanos que se dejen robar para que no haya víctimas, cultivó una gran amistad con los invasores de tierras y los convirtió en legisladores“, sino que aseguraba que el intento de golpe de Estado que tuvo lugar entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010 fue un montaje, afirmando, sin pruebas, que “todo fue producto de un guión improvisado“, y que Rafael Correa había ordenado “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente“. Ante esta barbaridad injustificable redactada por el editor de la sección de opinión del diario, que nada tenía que ver con la información y que, sin duda, iba más allá de los límites del ejercicio de la libre opinión al resultar injuriosa y falsa, el Presidente interpuso una demanda penal en contra de El Universo, el director Carlos Pérez Barriga, los subdirectores César Pérez Barriga, Nicolás Pérez Lapentti, por supuesta responsabilidad coadyuvante; y contra el propio Emilio Palacio. El 20 de julio, un juezsentenció a los acusados a tres años de prisión y 40 millones de dólares de multa. Pero el proceso judicial siguió adelante, y el propio Rafael Correa se ofreció a paralizarlo si los acusados reconocían su error, admitiendo que mintieron, y debiendo pedir disculpas al país. Finalmente, la Corte Nacional de Justicia ratificaba la sentencia, que fue enviada nuevamente a revisión, volviendo a ser nuevamente ratificada por tres jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. En este momento, Emilio Palacio ya había huido a Estados Unidos pidiendo asilo, bajo el pretexto de ser perseguido por sus opiniones políticas. La realidad es que había sido juzgado y sentenciado por la columna que dio lugar al proceso, y en la que se podían encontrar insultos, mentiras, acusaciones infundadas y, en definitiva, nada que tuviera que ver con opiniones políticas. Días después, en un gesto que honra a un Presidente elegido democráticamente, y que demostraba que detrás de la denuncia no había ningún interés de perseguir personalmente a ningún periodista, Rafael Correa decidía “perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo“. Durante todo el proceso, los grandes grupos mediáticos se pusieron manos a la obra, y olvidando que el rigor debe ser la columna vertebral de cualquier medio informativo, no cejaron en su empeño de convertir al gobierno de Ecuador en unenemigo de la libertad de prensa o acusarlo de poner a la prensa contra la pared.
Lo cierto es que, tanto en Ecuador como en la mayoría de países latinoamericanos, desde hace muchos años, los medios han estado en manos del poder económico y financiero (grandes bancos y grupos empresariales), que se resisten a perder el control sobre la información, y con él, el poder y control sobre la opinión pública que, en última instancia, es lo que les otorga grandes beneficios económicos. Un control ejercido a través de antiguas concesiones sobre el espectro radioeléctrico de propiedad estatal, otorgadas por el gobiernos a poderosos grupos familiares y empresariales a cambio de favores políticos y económicos.
Rafael Correa explica la sentencia a El Universo (pulsamerica.co.uk)En muchos de estos países que en los últimos años han pasado de tener gobiernos neoliberales a gobiernos progresistas, la derecha política opositora ha quedado atomizada, desapareciendo como bloque y cediendo su espacio a los medios que defienden su causa. De esta forma, ese espacio ideológico ha sido ocupado por determinados grupos mediáticos, asumiendo por completo el papel opositor dentro del espacio político. En muchos casos, esta labor opositora de los medios se ejerce desde la libertad editorial, difundiendo a través de los diarios, la televisión y la radio, un programa político determinado. Pero en otros, dicha libertad queda de un lado para dar paso al ataque, la injuria, la tergiversación y la manipulación informativa, lo que deslegitima por completo la labor que dichos medios realizan como uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Pero, yéndonos al otro lado, no podemos exculpar por completo a algunos de estos gobiernos. Hay casos, como el de Venezuela, en los que el propio gobierno ha adoptado la estrategia de las grandes corporaciones, utilizando las prerrogativas que le otorgan el control estatal sobre espectro radioeléctrico para crear un gran grupo público, no ya con un sesgo ideológico determinado, sino con una actitud agresiva e injuriosa contra el resto de medios. Si bien es cierto que en Venezuela se observa claramente como algunos grupos mediáticos, liderados por Globovisión, se han hecho cargo en los últimos años de ocupar el espacio político que la dispersa y desorganizada oposición no era capaz de mantener, optando por la manipulación en detrimento del rigor; no es menos cierto que los medios públicos, agrupados en el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela, y financiados con los impuestos de todos los venezolanos, no han dado tregua en la construcción de una inmensa estructura panfletaria en favor del oficialismo chavista. Al margen del empacho de imágenes y discursos del Presidente Hugo Chávez, que llegan a ocupar días de emisión completos, un ejemplo destacable es el programa “La Hojilla“, que se emite todas las noches en la estatal Venezolana de Televisión. Este programa, presentado por Mario Silva, un político venido a menos reconvertido en mediocre conductor de televisión, pretende destapar las miserias (que no son pocas) de los medios opositores con muy poca astucia, y apelando siempre al comentario burdo, la crítica destructiva y el mal gusto. Algo, en definitiva, muy lejos del periodismo libre y alternativo, y que solo puede calificarse como pura propaganda. Propaganda intolerable en un sistema democrático.
Puede parecer complicado buscar el equilibrio que permite identificar donde empieza y donde acaba esa libertad de prensa a la que aludíamos al principio como una característica imprescindible en cualquier sistema democrático. Sin embargo, el camino más fácil para encontrarlo es identificar lo que, evidentemente, no cabe ser incluido en ese amplio abanico de libertad editorial y de opinión. La libertad de prensa no puede buscarse dentro de ese oligopolio mediático formado por grandes corporaciones que poden en jaque a los propios estados. Tampoco está dentro de las columnas de opinión que insultan, calumnian y vierten mentiras con el espurio fin de perjudicar a un gobierno determinado, sobre todo si éste legítimo desde el punto de vista democrático. Y, ni muchos menos, hay libertad de prensa en un gobierno que usa los medios públicos como herramienta propagandística y como honda con la que lanzar piedras contra el resto de medios. De igual forma, en la búsqueda de dicho equilibrio, es fundamental el evitar confundir la protección del pluralismo mediático a través de medidas legislativas con un ataque frontal a la libertad de prensa. Ya tenemos claro lo que no cabe dentro de la libertad de prensa, pero ¿cómo diferenciamos la protección del pluralismo mediático y las garantías democráticas a través de la acción legislativa de los gobiernos, de la sobreprotección de los medios estatales con fines propagandísticos?.
Artículo de Antonio J. Vázquez Cortés, escrito de www.passimblog.com