Este dinero provendría de importantes empresas de la construcción, la banca y la energía.
Los supuestos sobresueldos cobrados por la cúpula del PP han hecho que todas las miradas se fijen en la corrupción política. No obstante, y pese a las serias repercusiones que estos supuestos hechos podrían tener, este no es sino otro escándalo más de los muchos que se han venido produciendo en torno a los grandes partidos. Cada una de estas formaciones podría estar ingresando al año hasta 50 millones de euros procedentes de financiación irregular a través de donaciones. Este tipo de donaciones estarían vulnerando varias de las prohibiciones establecidas por la Ley de Financiación de Partidos: habrían sido efectuadas de forma anónima por grandes empresas que buscan obtener contratos con la Administración, y superarían ampliamente el límite máximo de 100.000 euros anuales fijado para las aportaciones privadas.
“En un sistema político como el actual, los partidos necesitan cantidades cada vez más elevadas de dinero para poder concurrir a las elecciones”, afirma Gaspar Ariño, antiguo diputado popular y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y así lo confirman las cifras: de acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente a 2007, los ingresos de todas las formaciones con representación parlamentaria experimentaron un aumento continuado durante los cinco años anteriores. Este incremento hizo que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, llegasen a reunir conjuntamente fondos por un valor de cerca de 180 millones de euros.
Dinero por licencias
Del total de dichos ingresos, cerca del 90% proviene de subvenciones. En este sentido, la financiación pública sufrió un aumento continuado desde 2003, hasta alcanzar un valor total de 210 millones cuatro años después. Según Ariño, se calcula que el 10% restante corresponde, en una partida muy escasa, a las cuotas de sus afiliados –entre PP y PSOE, estas contribuciones no suman más de 20 millones– y a las controvertidas aportaciones efectuadas por individuos y entidades privadas.
Hasta la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, efectuada en 2007, estaban permitidas las donaciones anónimas. La norma establece, a su vez, un límite máximo de 100.000 euros para dichas donaciones, así como la imposibilidad de que este dinero venga de personas físicas o jurídicas que realicen contratos con las administraciones públicas. Sin embargo, es muy posible que estas tres condiciones se hayan estado vulnerando sistemáticamente.
Sin lugar a dudas, y de confirmarse lo publicado por el diario El País, el ‘caso Bárcenas’ sería un ejemplo paradigmático, sobre todo si se tiene en cuenta que, tal y como señala el Tribunal de Cuentas, durante la época en la que Luis Bárcenas ocupaba la tesorería del PP el partido obtuvo 25,1 millones de euros de donaciones anónimas: casi el triple de las aportaciones realizadas con nombres y apellidos. Ahora bien, el PSOE tampoco se queda a salvo, ni mucho menos: solo en 2007, cuando ya habría entrado en vigor la nueva ley, se ingresaron 2,6 millones donados de fuentes anónimas.
A la vista de estas cantidades, todos los especialistas coinciden en que es muy probable que las sumas de dinero proveniente de financiación irregular sean “mucho mayores”. Aunque, como subraya José María Mollinedo, presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la opacidad de los partidos hace muy difícil que se pueda hablar de una cuantía concreta, otros analistas estiman que cada uno de los principales partidos podría estar recibiendo hasta 50 millones de euros al año por vías de dudosa legalidad, como presuntos ‘préstamos’ que nunca habrían sido devueltos.
Esto implicaría que muchos de los donantes hayan superado ampliamente el tope legal de 100.000 euros anuales. Siempre según El País, eso sería exactamente lo que habría ocurrido en el caso del PP, aunque, como recuerdan los expertos, es también “lo que está pasando en el PSOE, en CiU, y en muchas otras formaciones”.
Para ellos, la identidad de los que llevan a cabo estos pagos está clara: grandes empresas cuyas actividades estén estrechamente ligadas a los contratos públicos: constructoras, bancos, compañías de los sectores de la energía y de las telecomunicaciones… En opinión de Mollinedo, “ninguno de ellos da dinero a los partidos porque se sienta afín a ellos”. El motivo no es otro que conseguir licencias.
Bárcenas, ‘el conseguidor’
A partir de ese momento, la relación entre empresas y partidos puede llegar a convertirse en un auténtico círculo vicioso. Hasta el punto de que, como explica Gaspar Ariño, llegue a producirse la aparición de una curiosa figura: la del ‘conseguidor’. Se trataría de una persona cercana a los partidos, especializada en canalizar fondos de las empresas hacia los mismos. Los numerosos casos de corrupción vividos a lo largo de la democracia han dejado varios ejemplos de la actuación de este tipo de intermediario. Entre ellos destacan Antonio Navalón o Enrique Sarasola, a los que se vinculó con algunas de las principales tramas de la época de Felipe González; Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’; y el antiguo sindicalista Juan Lanzas, el ‘gran conseguidor’ de los ERES de Andalucía. Para algunos, a esta lista ya se puede añadir claramente un nuevo miembro: Luis Bárcenas.
La clave no está en Suiza, sino en las fechas
Así lo parecen sugerir los 22 millones depositados a su nombre en varios bancos suizos, si bien, por ahora, la Fiscalía mantiene que no hay indicios que puedan vincular este dinero con la supuesta lista de cobros en negro del PP. Algunos opinan que el levantamiento del secreto bancario suizo, que permitirá a Hacienda acceder a los datos que pueda requerirle, ayudará a avanzar en la investigación del caso. Sin embargo, como recuerda José María Mollinedo, este levantamiento es parcial, y el país helvético solo dejará que se consulte la información en casos muy específicos, en los que el titular de las cuentas esté claramente identificado. En su opinión, la clave para esclarecer los presuntos sobresueldos del PP se encuentra en las fechas en las que se dice que fueron cobrados.
“A partir de ese dato será necesario comprobar los movimientos de dinero realizados por las empresas que pudiesen estar involucradas en la trama; es posible que traten de justificar dichos movimientos con facturas falsas, por lo que habría que comprobarlas. En todo caso, esto ya podría constituir un indicio de una posible conducta ilícita o irregular”, explica el presidente de Gestha. Por el contrario, la solución que hasta ahora ha adoptado el PP, basada en la realización de varias auditorías, solo se centrará en la contabilidad oficial.