El Gobierno ha demostrado que gestiona el impacto de los desahucios a golpe de presión social y, por eso, ha ido modulando y variando su posición desde hace un año. Y, en paralelo han ganado prestigio social las asociaciones de apoyo a los afectados y los movimientos ciudadanos, es decir, la presión de la calle ha vencido la resistencia del Gobierno y del sistema financiero, según se desprende de la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.
La dureza de los desahucios, la simpatía con los movilizados en favor de los afectados, el general desapego hacia los políticos y el reproche a los bancos como origen de la crisis se cruzan hasta disparar las cifras de la encuesta y empujan al Gobierno para que ceda. Según el sondeo, los ciudadanos confían más en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y en las ONG de defensa de los desfavorecidos antes que en los políticos, es decir, en el Gobierno y en los partidos, y también que en los jueces y fiscales.
Hasta un 81% asegura que confía en estas asociaciones, mientras que solo un 11% confía en el Gobierno, un 10% en el PSOE y un 24% en otros partidos de la oposición. Ni siquiera los votantes del PP confían en el actual Gobierno, ni los del PSOE en el principal partido de la oposición para que puedan lograr soluciones a este asunto. Están divididos en partes iguales los que confían y los que recelan de jueces y fiscales para solucionar el problema.
Los llamados lanzamientos se perciben como el símbolo más crudo de la crisis económica. Hasta un 20% asegura que él mismo o un familiar, amigo o conocido ha perdido su casa por no haber podido pagar su hipoteca. Es decir, uno de cada cinco españoles nota los efectos del problema y lo percibe como propio.
En ese contexto, la lucha contra los desahucios se ha convertido ya en un símbolo de resistencia ciudadana, pacífica y, por tanto, con buena imagen entre los españoles. La admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular el pasado mes de febrero en el Congreso ya supuso un respaldo a su actuación, porque el episodio fue percibido como un éxito de sus movilizaciones. Ahora no obstante, lo más probable es que ese éxito se transforme en frustración cuando el Congreso y el Senado rechacen lo principal de la iniciativa: la generalización de la dación en pago y con carácter retroactivo. Para el Gobierno adoptar esa medida que rechazan de plano los bancos supondría encarecer y restringir los créditos. Hasta ahora, el Gobierno ha ido arrastrando los pies desde el código de libre adhesión para que los bancos limitaran libremente los desahucios que aprobó hace un año hasta una modificación tímida de la Ley Hipotecaria y realizada con precisión de cirujano que pretende abordar ahora.
Todas esas medidas han ido resultando insuficientes y no han frenado la movilización social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha una campaña que se denomina escraches y que consiste en la presión directa uno a uno a los diputados que han de votar la norma, acudiendo a los lugares que frecuentan y haciéndose visibles en concentraciones. El 67% desconoce la existencia de esa campaña, pero el 89% dice estar de acuerdo con ella. Incluso, el porcentaje es del 87% entre los votantes del PP.
Solo un 6% de los encuestados rechaza esta forma de presión individualizada que choca con el sistema electoral español en el que los diputados carecen de mandato imperativo, no responden directamente ante sus votantes y, además, actúan en el Parlamento siguiendo una estricta disciplina de sus partidos que les sanciona si se salen de su carril.
A esa evidente presión social y ciudadana, se ha sumado esta semana la del Tribunal de Justicia de la UE que ha dictaminado que la legislación española es injusta. Esa resolución es percibida por el 61% de los ciudadanos como algo que deteriora la imagen de España en el resto de Europa.
Datos de la Encuesta por votantes de los partidos mayoritarios (PP y PSOE)
