
Día a día y conforme más se agudiza la crisis económica en nuestro país, los ciudadanos españoles no aferramos cada vez más al “ensalzamiento de lo público” y a la “demonización de lo privado” en cuanto a la gestión de los servicios públicos y prestaciones sociales se refiere. Vuelvo a plantearos que reflexionemos sobre aquél post de mis primeros días de andadura como bloguera, en donde os planteaba “¿Hacia qué tipo de Estado de Bienestar queremos dirigimos?“.
Si bien es cierto que, y tal y como vienen reflejando los datos del Barómetro Fiscal del IEF (preguntas 3.10, 3.11 y 4.10 y 4.11 de los últimos datos publicados en 2011), los españoles prefieren la gestión y financiación pública de estos servicios y prestaciones, ahora nos encontramos de frente con el problema de la ineficiencia (o dificultades de financiación) de nuestro Estado de Bienestar.
El gran desarrollo de la carta de servicios públicos de nuestro país ha ido engrosando el gasto público hasta límites que son insostenibles ante un periodo recesivo como el actual. En este sentido, si bien durantes los años 80 se privatizaron otros servicios públicos como lo eran por entonces la telefonía o el ferrocarril, ahora desde el Estado se plantean planes de gestión privada para la sanidad o la educación.
Desde mi punto de vista, el gran rechazo de la ciudadanía ante estas medidas no se basa tanto en la gestión privada de estos servicios públicos sino en el miedo porque éstos dejen de ser universales y por tanto de acceso público y gratuito para todos los españoles. Los dos pilares de nuestro Estado de Bienestar parecen ponerse en entredicho cuando se empiezan a hacer recortes sobre ellos, se introducen medidas de impacto como el “copago sanitario” o bien se incrementan las tasas universitarias. Pero realmente con estas medidas, ¿el Gobierno pretende “cargarse” nuestros niveles de bienestar o por el contario impone medidas para salvaguardarlo en la medida de lo posible?
Está claro que todos queremos aspirar a un Estado de Bienestar como el de los países nórdicos (máximas cotas de bienestar público), pero para ello también debemos de ser conscientes que estaríamos sometidos a una mucho mayor presión fiscal (cantidad de impuestos pagados) y no cabe duda de que para ello deberíamos gozar de mejores y más dignos salarios. Quizás lo que debemos de plantearnos es a qué nivel de bienestar podemos aspirar hoy en día los españoles ante un país en crisis. Basándome en una economía de escala, si una familia cuando las cosas no van tan bien económicamente debe priorizar sus gastos y su ocio, la sociedad española debe tener muy claras sus prioridades de bienestar y acatar determinadas medidas en pro de salvaguardar determinados servicios públicos o prestaciones sociales.
La distribución del gasto público viene determinada en gran medida por la capacidad de financiación del Estado, en donde actualmente queda de manifiesto el escaso poder recaudatorio de nuestro sistema tributario basado principalmente en el IRPF que recae sobre todo en la clase media, y en la inexistencia de vías de financiación alternativas a los tributos.
Para concluir, y a modo de intentar reinventar nuestro actual Estado de Bienestarentre todos, os propongo que expongamos cuáles de los servicios públicos o prestaciones sociales de los que gozamos los españoles hoy en día son imprescindibles totalmente o habría excepciones para salvaguardar otros prioritarios (ej. justificación o no del retraso de la edad de jubilación por salvaguardar las pensiones a futuro; imposición de medidas de evaluación a personas que estén recibiendo ayudas de desempleo, para con ello poder tener opción de extender estas ayudas a más personas que las soliciten; etc…).
¡¡¡Reflexionemos!!!, espero vuestros comentarios.
Artículo visto en Sociología Fiscal