Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.
Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?
Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.
Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.
Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.
Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para “demostrar” lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060…. Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.
Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.
En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.
En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.
Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.
Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.
Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.
Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.
Pongamos un ejemplo muy fácil.
Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.
Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).
Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.
Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.
Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.
En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.
Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.
Artículo de Juan Torres López, visto en Publico.es
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