“Algunas claves sobre el giro soberanista de CiU en Cataluña”

En estos últimos años con la celebración de las consultas soberanistas populares (2009) a lo largo del territorio catalán y, sobre todo, a raíz de la sentencia del TC (2010) en relación con el nuevo Estatut, el movimiento independentista ha crecido significativamente (tal y como demuestran las sucesivas manifestaciones cívicas y multitudinarias de 2010 y 2012, así como la cadena humana del pasado 11S).

Es indiscutible que el debate está en la calle y que el gobierno y otros partidos lo han establecido como prioridad en las agendas política y mediática. Hace un año, la propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán (Parlamento de Cataluña, Enero 2013) simbolizaba el inicio del denominado proceso de Transición Nacional, liderado por el gobierno de CiU y su socio parlamentario y jefe de la oposición (aunque parezca contradictorio), ERC. El texto destaca la necesidad que tiene Cataluña de superar el marco político y jurídico vigente, ante la involución en su autogobierno por parte del Estado. El encaje de Cataluña dentro de España parece difícil al conocerse la sentencia del TC 31/2010 en respuesta al recurso “anti-Estatut” interpuesto por el PP.

No obstante, existen algunos antecedentes que ponen en evidencia las incoherencias de la derecha nacionalista catalana “camaleónica” de los últimos meses. Sin menospreciar las campañas hostiles contra el pueblo catalán por parte del nacionalismo unionista español, también cabe subrayar que el Pacto de la Moncloa, subscrito el 21 de Enero del 2006 entre el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe de la oposición en la cámara catalana, Artur Mas, representa la primera gran rebaja del Estatut, aprobado en el Parlament el 30 de Setiembre del 2005. Del acuerdo se desprendía que el término “nación” sólo figurase en el preámbulo y no en el articulado estatutario. Todos recordaremos que el proceso de negociación “por separado” de los diferentes representantes políticos catalanes fue muy larga y que los primeros “recortes” del nuevo texto vinieron, precisamente, de la mano del actual presidente de la Generalitat. Los recortes parecen inherentes a la acción política de Mas. Sorprendentemente, ahora el pesident Mas reclama más que nunca la unidad de las formaciones catalanistas, cosa que obvió en el cansino proceso de negociación del Estatut. Al llegar a la presidencia en 2010, no dudó en ponerse al frente de las políticas neoliberales para contentar la Europa de  la cancillera Angela Merkel. Al mismo tiempo, Mas pretendía dar lecciones a España (ya que en aquellos momentos previos a la toma de posesión de Rajoy, aún no se habían iniciado “los deberes”). Por tanto, Cataluña –bajo el pretexto de que los ciudadanos “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”- ha sido la primera en aplicar las reformas, sin atacar las causas reales de la crisis.

Lejos de aquella fotografía entre Zapatero y Mas, la situación económica de crisis explica los motivos estratégicos del “giro soberanista” de CiU. Hace tres años de la llegada de Mas a la Generalitat, presidiendo el llamado “gobierno de los mejores” (que sólo duró dos años), y con él se empezaron a aplicar las políticas neoliberales marcadas por Europa. Desde el inicio, Cataluña ha sido pionera en efectuar los recortes en gasto social (la supresión del impuesto de sucesiones –actualmente, en su segundo mandato de la mano de ERC, de nuevo vigente- o la limitación y retirada de la prestación del PIRMI), alegando que las circunstancias obligaban al ejecutivo a emprender tal dolorosa tarea. En otras palabras, en opinión del gobierno catalán (discurso compartido meses después por Mariano Rajoy a su llegada a la Moncloa), los “ajustes” (“medidas de ahorro”) eran y son “inevitables”. Por el contrario, ese plan de austeridad responde al ideario convergente, heredero en materia económica de los gobiernos conservador de Margaret Thatcher, en el Reino Unido, y republicano de Ronald Reagan, en los Estados Unidos, durante la década de los ochenta del siglo pasado. Unas estrategias neoliberales encaminadas a desmantelar el Estado Social o del Bienestar (imponiendo las privatizaciones en los servicios públicos), bajo los eslóganes “hemos gastado más de lo que teníamos” y “las garantías a los derechos sociales son excesivas” –provocando “efectos perversos” para la eficacia económica y la gobernabilidad política-.

Al margen de su discurso público, la federación nacionalista en su programa interno defiende las políticas anti-sociales, que la presente coyuntura ha favorecido a impulsar. Las propias palabras del conseller de Salud, Boi Ruiz, procedente de la patronal privada Unión Catalana de Hospitales, son ilustradoras de esta ideología: “La salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado”[1]. Desde su óptica neocon, al servicio de unos intereses muy concretos, sostiene que no existe el derecho a la salud, ya que ésta está relacionada con la genética (el “genoma”) y con los “estilos de vida” (tabaquismo, obesidad, exposición solar,…) de cada uno. El atrevimiento del conseller no tiene límites a la hora de negar las causas colectivas y estructurales (medio ambiente, contaminación ambiental, exposición a tóxicos o productos químicos, condiciones laborales precarias, paro, educación, atención sanitaria, entorno social, desnutrición, exclusión residencial, pobreza, etc.) que afectan a nuestra salud y, por supuesto, a nuestra calidad de vida. Esta interpretación individual de la salud es reduccionista e injusta porqué tiende a culpabilizar al sujeto (la víctima, el paciente) de su enfermedad y de supuestas “conductas abusivas” con el sistema sanitario (como el colapso en Urgencias, en los hospitales públicos). Lamentablemente, el discurso del conseller responde a un proceso de mercantilización de la sanidad en detrimento de la salud colectiva. Para la consellera de Bienestar Social i Familia, Neus Munté, su función en un estado social es suplida por la tarea del “tercer sector” (ONG, fundaciones, parroquias,…). Ella misma vía Twitter hizo a finales de año un llamamiento “pro-caridad” estimulando la participación ciudadana en el “Gran Recapte”, organizado por el Banco de los Alimentos. El gobierno catalán apuesta claramente por la beneficencia. Una solución que estigmatiza el receptor de la ayuda. Por tanto, ¿cómo podemos dejar en manos de la caridad o del asistencialismo la solución de un problema que afecta al conjunto de la sociedad? Medidas de “contención” aprobadas por la Generalitat, tales como la limitación al acceso a la Renda Mínima Garantida, lejos de hacernos salir de la crisis, la agrava (la brecha que separa los más ricos de los más pobres cada vez es más grande). La alternativa, en cambio, pasa por hacer visible el conflicto y movilizar la vergüenza, fruto de la omisión de las autoridades, y exigir un cambio de modelo basado en la justicia social y la redistribución de la riqueza. Un buen ejemplo de ello son las acciones de desobediencia civil protagonizadas por el Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), a través de actos simbólicos de expropiación de alimentos (en supermercados) o de material escolar (en grandes superficies comerciales).

Ante las críticas y las protestas en la calle “anti-recortes en salud, educación, servicios sociales y medios de comunicación públicos”, los asesores del ejecutivo catalán se ven obligados a dejar el argumento que corresponsabilizaba la ciudadanía de la crisis y pone en marcha el discurso del “Madrid nos roba” y “la caja está vacía por culpa de los dos tripartitos” –eso sí, sin hacer referencia a los casos de corrupción que afectan a su federación (caso Palau de la Música, ITV,…), como también a otros partidos políticos-. Se trata de un mensaje envenenado por su naturaleza simplista y propagandística. Un argumento oficial tramposo, que convierte la parte en el todo, silenciando interesadamente aquello que les perjudica. En mi humilde opinión, es un grave error que el gobierno haya pretendido ampararse solo en un “agravio comparativo” –que no discutiré y que urge resolverlo- para legitimar la adopción de unas políticas que representan un retroceso en nuestros derechos sociales y laborales. Así pues, en ese contexto, la manifestación del 11-S (2012) se convierte en una oportunidad política que el tactismo de CiU no deja escapar. La multitudinaria movilización no puede interpretarse únicamente como una reacción espontánea del malestar ciudadano catalán respecto al maltrato recibido por el Estado; sino que deberíamos preguntarnos de qué manera este sentimiento legítimo ha sido promovido intencionadamente para distraer a la opinión pública. Una respuesta sería esta: a base de publicidad, de consignas patrióticas vacías de contenido, pero cargadas de emotividad, y sobretodo, mediante el recurso a la simbología y la apelación constante a la Historia (por ejemplo, el 1714 y el Decreto de Nueva Planta de Felipe V. Pero, sin hacer hincapié en la Guerra Civil, el Frente Popular o aquellos catalanes que colaboraron con Franco[2]). También a golpe de merchandising[3].

De hecho, el president Mas lidera el proceso que el pueblo le pedía, pero ignora a otros sectores de la sociedad civil que rechazan las medidas anti-recortes. Haciéndose heredero del llamamiento “Cataluña un nuevo Estado de Europa”[4], Mas se apropia del sentimiento independentista y presenta a la opinión pública catalana la meta de un país con estructuras de Estado como la única solución factible a la actual problemática económica. Pero, en realidad, solo parecía y parece ser un pretexto que persigue cohesionar a la ciudadanía frente a un enemigo en común, fortalecer la adhesión al poder (si bien los resultados de las elecciones anticipadas el 25-N en 2012 rompen la “pseudorrealidad” reforzada por el tándem “CiU-mass mèdia” de lograr una “mayoría extraordinaria” para la formación) y controlar la oposición política (una oposición que se ha visto obligada a definirse y tomar partido en un tema, en el que están en juego los réditos electorales), silenciar el descontento con el sistema capitalista, desactivar  el conflicto social (mediante su estigmatización y la posterior represión policial) y aplazar las reivindicaciones contrarias a las políticas efectuadas por el gobierno. Muestra de todo ello, es que hasta la fecha no ha explicado qué modelo de independencia quiere (la fotografía, sin contenido, es humo) o qué tipo de Estado de Europa persigue (depender o no de la Europa de los mercados, de la “Troika”), mientras algunas voces críticas señalan la necesidad de hacer confluir la liberación nacional con la justicia social. Pero, en cambio, desde el poder y ciertos grupos de interés (laboratorios de ideas o plataformas ideológicas favorables a crear estado de opinión), se insiste en que primero debe lograrse la independencia y dejar para después la discusión sobre las particularidades de nuestra futura soberanía. Se repite la idea de que no debe vincularse la liberación nacional con ninguna otra causa sectorial o paralela. Según el periodista, historiador y exjefe de prensa de Governació por ERC durante el tripartit, Jaume Clotet Planas[5]: “Hermanar el objetivo nacional con cualquier tendencia ideológica es un error estratégico y es fácilmente manipulable por parte de los enemigos del proceso”. De sus palabras se desprende que el cambio de modelo de sociedad que urge ante el fracaso demostrado del capitalismo comporta una tendencia ideológica que perjudica la vía del “derecho a decidir”.

Para algunos electores, la escenificación del President es interpretada como una “cortina de humo”, una “maniobra de distracción”, orquestada y promovida por think tanks con la intención de tapar corruptelas (financiamiento ilegal del partido, entre otros), desviar nuestra atención de los problemas sociales que la crisis ha agudizado y sobre todas las medidas aprobadas –y/o apoyadas en el Congreso- por este gobierno, que solo benefician al capital y a los poderosos (por ejemplo, la reciente reforma laboral). Hay algunas voces apuntando al hecho de que mientras el poder nos tiene entretenidos con las banderas, dejamos de unirnos los ciudadanos de a pie para luchar contra la injusticia social. Por cierto, una injusticia social favorecida y amparada por aquellos mismos que pretenden liderar el futuro de nuestro país. Para otros, en cambio, Mas es visto como un líder que entusiasma y aporta ilusión. El tándem político-mediático en Cataluña nos bombardea con el mensaje de que “tenemos un proyecto que ilusiona como país”. Ilusiona porque cohesiona a la gente, vehicula su malestar (producido por los efectos nocivos de la crisis económica) y nos distrae del problema de fondo: ¿Cómo podemos ir de la mano de CiU, avalador de las políticas que nos han conducido a donde estamos, hacia la independencia? El proceso entusiasma porque busca la catarsis y, al mismo tiempo, contrarrestar el peligro que supone una población con fuerte consciencia de clase contraria a los dictados de la banca. Solo cabe recordar lo nerviosa que se puso la derecha catalana ante la irrupción del movimiento de los Indignados o de cualquier otro movimiento calificado de “antisistema” (recurso también utilizado, por los gobernantes, en el resto del Estado, como por ejemplo en el reciente conflicto abierto en el barrio de Gamonal de Burgos). En el caso que nos ocupa, el recurso identitario de desprestigiar a los Indignados calificándoles de “españolistas”, al margen de tratarse de una acusación falsa, es una muestra más del talante sibilino de CiU. Tácticas calcadas a las del PP, cuando asociaba el movimiento gallego Nunca Máis con la izquierda abertzale o cuando en el caso de Brugos acusa a los vecinos de “kale borroka”. CiU en ocasiones copia las estrategias propagandísticas (burdas, por descontado) del PP (en sus mejores momentos, bajo las presidencias de Aznar). Un ejemplo de ello son las mentiras del exconseller de Interior, Felip Puig, en el caso Quintana o, de su sustituto en el cargo Ramon Espadaler, en el caso Raval, percibiendo al “ciudadano como el enemigo”. En todo caso, agitar la bandera patriótica tanto en Cataluña como en España persigue distraer la opinión pública de las consecuencias de las políticas neocons. Además, la exaltación del “patriotismo” o la apelación constante a la “unidad nacional” también sirven para no asumir sus propias responsabilidades políticas (por ejemplo, acusar de poco patrióticos a todos aquellos ciudadanos críticos con la actuación de los Mossos d’Esquadra). En definitiva, la derecha catalana, al igual que sus homólogas española (precisamente, fue Aznar quien acuñó aquella frase de “estás conmigo o contra mí”) y europeas, han visto en la crisis económica la excusa perfecta para justificar y tirar para adelante, con éxito, la hoja de ruta neoliberal y reprimir a la ciudadanía librepensante.

             Sin restarle importancia al desequilibrio económico entre Cataluña y el resto de comunidades del Estado, creo conveniente precisar dos cuestiones:

1.  Si ciertamente el Estado “nos ha expoliado” durante décadas, la pregunta que cabe hacernos es: ¿Qué hicieron los distintos ejecutivos de Jordi Pujol –23 años de mandato- para denunciar tal injusticia? Quizá en aquellos años, a la oligarquía catalana ya le iba bien. En caso contrario, nos encontraríamos ante una negligencia difícil de entender. La connivencia entre CiU y el bipartidismo PP-PSOE, en España, es un hecho.
2. Y, si la explicación se reduce a que el Estado “nos roba”, quizás deberíamos ampliar el abanico de supuestos “ladrones” de la hacienda catalana y aprobar medidas específicas para perseguir y castigar el fraude, la corrupción, la evasión fiscal, el financiamiento irregular de los partidos políticos y un largo etcétera. Entre algunos seguidores de Mas, el tema de la corrupción en Cataluña se minimiza afirmando que “mejor tener los ladrones en casa, pues más adelante se actuará contra ellos, que no mantener los ladrones foráneos”. No sólo se minimiza la corrupción, sino que la atribuyen  a los “efectos nocivos de la españolización”.

            El menosprecio, la estigmatización y la criminalización política y policial de la disidencia ejercida por el poder en Cataluña no es diferente de la efectuada en España (la reforma de ley de seguridad ciudadana, así lo demuestra). Me refiero a aquellos sectores de la sociedad civil que manifiestan su repulsa a las medidas “anti-crisis”, oponiéndose a la sumisión ciega a la dictadura de los mercados (“el quinto poder” que no goza de ninguna legitimidad democrática). Me refiero a movimientos tales como el 15-M/ Indignados, la PAH o el colectivo Dempeus para la salud pública, entre muchos otros. El aparato propagandístico de CiU, a raíz de la primera manifestación multitudinaria del 11-S, elogió al president Mas por haber escuchado a la ciudadanía y por haber liderado el proceso que el pueblo le pedía. No obstante, paradójicamente, durante su breve mandato no ha sabido ni escuchar ni dialogar con esta otra parte de la sociedad civil –parte de ella, también partidaria del derecho a decidir y de la independencia nacional del país-, acusada por ciertos líderes de opinión afines a CiU, de “pasavolantes”, “nido de españolistas contra Cataluña”, “populismo demagogo apolítico”, “Lerrouxismo 2.0”, “jóvenes con la carrera universitaria colgada”, “inconscientes”, “alejados de la realidad”, etc. Se trata, a mi entender, de insultos gratuitos, que denotan un tono clasista, paternalista, aleccionador y prepotente.

Así pues, cuando irrumpe en escena una alternativa que reúne el espíritu de los Indignados, suenan todas las alarmas y se pone en marcha una campaña de descrédito en boca de sus detractores. La emergencia del 15M (Mayo 2011) coincide temporalmente con los primeros meses del nuevo gobierno “de los mejores” (Noviembre 2010) en Cataluña. Y, como ya he dicho anteriormente, desde un buen comienzo la postura del Govern fue la de calificar de “antisistema” y de “españolistas” a los concentrados en plaza Cataluña, contraponiéndolos con el  movimiento independentista. Se acusaba interesadamente el 15M de “españolista”, faltando a la verdad (pues en asamblea se aprobó el derecho de autodeterminación), con el objetivo de apaciguar el contenido revolucionario de sus propuestas. Es justamente el cambio de paradigma que plantea el 15M, incidiendo en el eje izquierda-derecha, aquello que genera miedo en la clase dirigente y en sus altavoces mediáticos. En este sentido, también en Cataluña, se han pretendido silenciar (con más o menos éxito) aquellas voces que luchan por la independencia, pero al mismo tiempo, denuncian los dictámenes de la economía, reivindican un proceso de regeneración democrática y la erradicación de las desigualdades sociales (porque la pobreza no es inherente a la sociedad).

El caso del movimiento soberanista (identificado con la ANC[6], Òmnium Cultural[7] –entidades apoyadas por CiU y ERC- y la AMI[8] liderada por el alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal de Unió Democràtica –quién ocupa el cargo de presidente de la comisión ejecutiva de esta asociación de municipios-) es distinto. Goza del pleno apoyo del gobierno Mas (hasta el punto de participar en las acciones organizadas por la ANC), a diferencia del 15M que es tratado policialmente como un problema de orden público y contemplado como “enemigo”. Mientras tanto, la Asamblea Nacional Catalana se presenta como un movimiento cívico de base –dato que tampoco podemos discutir, ya que se trata de un trabajo en asambleas, de muchos voluntarios y arraigado en el territorio-, lúdico y transversal –aunque dominan las clases medias pro-orden establecido, pues muchas personas nunca, hasta el momento, habían mostrado inquietudes políticas ni habían asistido a ninguna movilización social, incluidas las convocadas todos los 11-S anteriores al 2012, ni habían participado en actos de desobediencia civil ni en huelgas generales-. No obstante, parece excluir de su ideario a aquel sector de la ciudadanía que solo contempla la independencia acompañada de una profunda transformación social. En definitiva, no pone especial énfasis en la complejidad causal de la situación que nos toca vivir. Sólo insiste en que el Estado nos ahoga económicamente (recurre al llamado “expolio fiscal histórico”), pero pasa de puntillas sobre los efectos devastadores del sistema capitalista o de la corrupción de algunos de nuestros representantes. Dicho de otra manera, trabaja para la independencia sin cuestionar el orden vigente en materia económica y social, que nos ha conducido a la Crisis. Justamente, porque el independentismo en Cataluña siempre ha estado vinculado a la lucha social, sorprende que en estos momentos, el movimiento soberanista popular –el cual me merece todo el respeto y creo injusto que desde la “caverna mediática” se le ridiculice o simplemente se lo acuse de ser un títere de Mas- se deje liderar por representantes políticos que nos engañan de forma burda, copiando métodos que nos recuerdan demasiado a los usados por los distintos gobiernos del PP (y el PSOE). Es evidente y condenable la actual política del Estado y su connivencia con la llamada “brunete mediática española/lista” contra Cataluña (como también contra Euskadi). Y el simple hecho que el Estado se niegue a permitir y legitimar la convocatoria de una consulta (derecho a decidir) describe a la perfección el talante del ejecutivo de Mariano Rajoy.

            En relación con el llamado “Derecho a decidir”, no debemos ignorar que más de una cuarentena de entidades, emergidas de la sociedad civil, hizo visible hace un año la voluntad de apoyar el proceso abierto. Es difícil negarse al derecho a decidir en cualquier circunstancia y, más en democracia, por lo que puede parecer un debate estéril. Partiendo de la base de que vivimos en democracia (o al menos así nos lo hacen creer), el ejercicio de preguntarnos si estamos de acuerdo o no a decidir está fuera de lugar. La esencia democrática es poder decidir en libertad en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana (también la de poder decidir qué tipo de sociedad soberana queremos en un contexto de “crisis-estafa”). Por ese motivo, la intransigencia y el inmovilismo del PP y Ciudadanos –“la Constitución es intocable”- son poco coherentes con el pensamiento demócrata. Para los “unionistas” españoles de derechas enquistarse en el derecho a decidir también es vital. Pues, alegan que si el marco legal no permite convocar un referéndum, ya está todo hablado. Mientras que para los socialistas catalanes (PSC), el derecho a decidir es sinónimo de independencia, razón por la que se autoexcluyen de la fotografía. Dentro de la federación nacionalista, Duran  i Lleida sigue con su juego de equilibrios. A Convergencia la negativa del ejecutivo de Madrid y las reticencias del grupo socialista ya le van bien, se convierte en la coartada perfecta para no cambiar nada, mientras fomenta la ilusión y la esperanza con algo que no parece querer materializarse.

El victimismo vende. A menudo, los gobiernos justifican sus propios errores de gestión en nombre de un enemigo exterior. Se trata de una de las reglas clásicas de la propaganda política. La depuración de responsabilidades y la búsqueda de la verdad (en temas de corrupción, especulación urbanística o que afectan la acción de la policía, por ejemplo) deberían ir más allá de “falsas luchas identitarias”. Aunque todo sea dicho de paso, en esta ocasión la mayoría de formaciones políticas en España –salvo Izquierda Unida- contribuyen con sus argumentos inmovilistas a tensionar el conflicto y, en consecuencia, a generar entre los catalanes (por reacción) más seguidores de los postulados defendidos por Mas y otros partidos independentistas. En relación con esto, cabe recordar la expresión “mayoría silenciosa” acuñada por el gobierno central, compartida por el PPC y los C’s (Ciudadanos), quiénes organizaron bajo el lema “Rompe tu silencio” (12.10.2013) una concentración anti-independentista, coincidiendo con el día de la Fiesta Nacional. Tanto la expresión citada –sacada de contexto de la tesis d’E.Noelle-Neumann[9]– como el eslogan de ese acto cívico dejan entrever la demagogia y la tergiversación de la realidad. Una demagogia  sintomática propia de un momento político de agitación y frentismo, que ha dado pie a “salir del armario”. Es decir, la corriente soberanista ha hecho aflorar el denominado “nacionalismo inconsciente” –concepto aplicado por Javier Ortiz Estévez[10]-. Según este escritor y periodista, “(…) La mayoría de los que se sienten y se declaran como españoles no se considera nacionalista. Los nacionalistas de los supuestos estados nación no ven que sus sentimientos tengan nada de especial, y aún menos de excluyente: les parece lo más natural del mundo. Para ellos, la visión que tienen de las cosas no es una visión, sino la visión, la que se ajusta al verdadero ser de las cosas. Solo teniendo en cuenta esta subjetividad se puede entender que puedan ridiculizar los nacionalismos periféricos (…). El nacionalismo español inconsciente no es unitario, sino impositivo. Sería unitario si su concepto de lo que es español reuniera en plan de igualdad las diversas culturas que coexisten en España”. Desde esta óptica, el sentimiento nacionalista –inconsciente, pero poderoso- mantiene una cierta complicidad en el castigo de la diferencia y en la penalización de la negativa a dejarse asimilar. En este sentido, solo cabe analizar las palabras del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, en relación con la “españolización” en las aulas catalanas. “Españolizar” nos recuerda a “colonizar” o “naturalizar”. Si bien el movimiento soberanista ha favorecido una mayor politización, que supuestamente refleja la pluralidad ideológica de la sociedad catalana, se tiende a la polarización (Nosotros versus Ellos), silenciando los matices o las “terceras vías”.  En definitiva, la autocrítica al proceso abierto en Cataluña no debe confundirse, interesadamente, con el oportunismo del “unionismo-nacionalismo español” a la hora de censurar aquello que él mismo hace.

Mas pretende ofrecer una imagen de buen chico, de aquel estudiante que intenta aprobar con esfuerzo, perseverancia y voluntarismo, aunque a la hora de la verdad topa con un profesor malvado, con el que por cierto su formación política pactó durante años, obteniendo réditos económicos. Hace ya casi un mes que conocíamos la doble pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿Quiere que sea un Estado independiente?) y la fecha de la consulta (9 de Noviembre del 2014). Si bien la pregunta y la fecha son fruto de un acuerdo entre CiU, ERC, ICV-EUiA y las CUP; el president Mas no tardó en reivindicar su cuota de protagonismo, cuando fue entrevistado por TV3 (16.12.2013). En esa entrevista en prime time, explicó que las preguntas nacieron de la inspiración que le vino el mismo día de la Constitución. Muy novelesco. En términos generales, el entrevistado divagó a excepción de su  decisión personal de votar “Sí” y “Sí” en dicha consulta. Sin ser demasiado preciso, también dejó entrever algunos temas tales como:

1. La consulta se celebrará el 9 de Noviembre del 2014. En el supuesto que el Estado español lo impidiera, se convocarán elecciones plebiscitarias. A partir de entonces, la hoja de ruta la desconocemos.
2. A la pregunta ¿Qué aliados tiene Cataluña en Europa?, Mas no supo qué responder. Días más tarde, la opinión pública fue informada de las diferentes cartas enviadas por el propio President a distintos mandatarios europeos para dar a conocer el proceso abierto en Cataluña. A fecha de hoy desconocemos el contenido de las respuestas en el supuesto de que las haya.
3. Mas justificó en la televisión pública catalana la reforma laboral (que aprobó en el Congreso) utilizando los mismos argumentos esgrimidos por el gobierno “enemigo a ratos” del Partido Popular. Al margen de la escenificación de las disputas en clave nacional entre los gobiernos español y catalán, el consenso entre las derechas de ambos territorios está asegurada en materias económicas y de seguridad ciudadana.
4. Mas reconoció que no quiere seguir recortando, pero que se ve obligado por el ahogo económico del Estado y las circunstancias actuales derivadas de la Crisis. Ante ello, contempla “con buenos ojos” vender patrimonio de la Generalitat, estudiar la privatización de las viviendas de protección oficial del “Incasòl” (modificando, por tanto, las condiciones del alquiler y subiendo los precios en caso de opción de compra) y alquilar espacios públicos, como el MNAC para celebraciones privadas. Insistió en que prefiere estas opciones que cerrar TV3, a diferencia de la decisión de la Generalitat Valenciana con Canal 9. No obstante, Mas eludió de su discurso las externalizaciones a empresas privadas de algunos de los servicios de la televisión pública catalana.

            Cataluña es una nación sin Estado. Y es aquí donde debemos decidir sobre si queremos la independencia de España o queremos pactar un nuevo encaje mediante otras fórmulas, como el federalismo. Pero, desde mi punto de vista, el derecho a decidir va mucho más allá: quiero decidir qué modelo de sociedad independiente  perseguimos y no me resigno a copiar estructuras de Estado dentro del actual marco del neoliberalismo salvaje impuesto por la Troika. Un marco, en el que por cierto CiU y nuestro President se encuentran muy a gusto. Si la mayoría de los catalanes optamos por independizarnos de España (meta legítima en ella misma) debería ser, precisamente, a mi juicio, para cambiar radicalmente los sistemas económico y político vigentes. Urge, por tanto, abrir un proceso constituyente, tal y como plantea Julio Anguita en Frente Cívico[11] o Arcadi Oliveres y Teresa Forcades en su Manifiesto del PC[12].

Columnista del Blog de Silvia Cabezas. 

Barcelona, 17 de Enero del 2014

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