En este artículo se parte de una preocupación por la evolución del mercado de trabajo desde que se inició la crisis en 2008, indicando que procede fundamentalmente de la destrucción de puestos de trabajo y de tejido productivo, con las consecuentes elevadas tasas de desempleo; pero también de la cada vez mayor conciencia por parte de la ciudadanía de que la situación no mejorará a corto y medio plazo.
Además de realizar un breve diagnostico de las reformas y vías de ajuste impuestas por los poderes públicos y privados transnacionales, se apuntan algunas estrategias que podrían contribuir a abordar la problemática laboral (no solo el desempleo, sino también la precariedad del empleo) desde otra perspectiva y a establecer algunas bases para modos de organización sociolaboral que nos lleven hacia mercados de trabajo más inclusivos. Se señalan también algunas condiciones previas que deberían concurrir para poder implementar estas estrategias y que en el caso de Euskal Herria no se producen, pero nos indican en qué dirección se debería trabajar.
Este y otros análisis serán publicados a finales de abril en un extenso dossier sobre el Mercado Laboral de Euskal Herria (2013) realizado por Gaindegia.
¿Hay alternativas al desempleo distintas a la precariedad laboral?
La preocupación por la evolución del mercado de trabajo desde que se inició la crisis en 2008 procede fundamentalmente de la destrucción de puestos de trabajo y de tejido productivo con las consecuentes elevadas tasas de desempleo; pero también de la cada vez mayor conciencia por parte de la ciudadanía de que la situación no mejorará a corto y medio plazo.
Las razones son de diverso tipo. En primer lugar, porque los importantísimos cambios que se han dado en materia de legislación laboral mediante las reformas de 2011 y 2012 implican que la estructura y el funcionamiento del mercado laboral han podido quedar alterados para siempre (en estas páginas no analizaremos estos aspectos, ya que pertenecen fundamentalmente al área jurídica). En segundo lugar, porque el diseño de la política económica en general y de las políticas laborales en particular nos llevan a un modelo de crecimiento en el que hay poco margen para la mejora de las condiciones de trabajo y los niveles de vida.
La mejora de los niveles de empleo se vincula casi en exclusiva a las políticas de mercado de trabajo, dejando de lado las políticas monetarias y fiscales, las políticas cambiarias, las políticas industriales y tecnológicas o el papel del sistema financiero.
Y es que la mejora de los niveles de empleo se vincula casi en exclusiva con las políticas de mercado de trabajo. Se dejan de lado aspectos importantísimos que influyen en el nivel de empleo de una economía como son las políticas monetarias y fiscales, las políticas cambiarias, las políticas industriales y tecnológicas o el papel del sistema financiero. Pero es que además, y una vez centrados en las políticas de mercado de trabajo, se ha dado un exceso de protagonismo a las de regulación laboral (de ahí las reformas de la legislación laboral llevada a cabo desde mediados de los 80) fundamentalmente para favorecer el abaratamiento del coste laboral y a las políticas activas de empleo para impulsar la empleabilidad de los parados.
El abaratamiento del coste laboral se ha convertido en el principal factor sobre el que influir, actuándose para ello en varios frentes: la flexibilidad salarial, el impulso de las modalidades temporales y parciales en la contratación laboral y el abaratamiento del despido. La justificación es que esta es la única alternativa a la que se puede recurrir cuando se quiere ganar competitividad pero no se puede devaluar la moneda, que es el caso de las economías periféricas de la Eurozona.
Se oculta así el hecho de que la competitividad de los países o regiones puede proceder de varias fuentes. Una es, por supuesto, el bajo precio de sus productos por ventajas en recursos naturales o por bajos costes laborales; esta estrategia correspondería a estadios de bajo nivel de desarrollo, según la clasificación de Porter. Otras posibles vías se refieren al incremento de la eficiencia de los procesos productivos y de la calidad de los productos así como a la innovación o fabricación de productos nuevos y únicos; estas estrategias corresponden a países o regiones con niveles de desarrollorespectivamente medios y altos. Suponen procesos de alta productividad, llevados a cabo por mano de obra cualificada, en entornos macroeconómicos estables, con altos niveles de confianza en las instituciones públicas, un mercado financiero que cumple adecuadamente su papel, etc. Todos estos aspectos se recogen en el Índice Global de Competitividad que elabora anualmente el World Economic Forum y que constituye una de las definiciones de competitividad más completas y ambiciosas. Queremos decir con esto, que la única forma de mejorar la competitividad no es la reducción de los costes laborales; es más, los costes laborales pueden ser verdaderamente elevados si la productividad también lo es, y ésta es precisamente la estrategia de países con mercados de trabajo más eficientes que los nuestros. Así que la competitividad y unas tasas de paro moderadas pueden convivir con altos niveles de vida. Ahora bien, será necesario dedicar recursos a la educación, la política tecnológica, la industrial, etc. para ir hacia un tejido productivo más diversificado y que produzca más valor añadido.
Las políticas activas de empleo necesitan el acompañamiento de políticas macroeconómicas, políticas industriales y tecnológicas que impulsen procesos productivos innovadores, y también servicios públicos que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, etc.
En cuanto a las políticas activas de empleo, no cabe duda de que tienen un papel importante para favorecer el ajuste entre la demanda y la oferta de trabajo y también para apoyar a los colectivos con más dificultades de inserción laboral, pero no pueden ser el único ingrediente para la mejora de la empleabilidad. Esta mejora exige, por supuesto, incidir sobre las características personales de los desempleados (formación, actitudes, aptitudes), pero también medidas para que las empresas efectivamente demanden mano de obra y también mejoras de los servicios públicos que posibiliten, por ejemplo, la empleabilidad de trabajadoras que tienen personas dependientes a las que cuidar. Queremos decir con ello que las políticas activas de empleo necesitan el acompañamiento de políticas macroeconómicas, políticas industriales y tecnológicas que impulsen procesos productivos innovadores, y también servicios públicos que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, etc. Ahora bien, un enfoque que fija en exceso la atención en las características de los desempleados sirve para situar la responsabilidad del desempleo en exclusiva en las personas que lo sufren, en sus características o en su actitud “poco activa” hacia el empleo.
En esta línea, la visión que se ha ido imponiendo pasa también por enfatizar los efectos desincentivadores que pueden tener las políticas pasivas de empleo para favorecer un clima de aceptación de los recortes en prestaciones y subsidios. Al mismo tiempo, se descuida el importante papel que cumplen estas prestaciones en el mantenimiento de los niveles de vida de las familias y, por consiguiente, en la demanda agregada, así como su función de proporcionar al parado un tiempo para renovar sus competencias profesionales y acceder a posiciones más estables en el mercado laboral.
Sirva todo esto para señalar que la creación de empleo no se producirá a medio plazo y que cuando llegue, vendrá probablemente de la mano del empleo de baja calidad. La razón es que se está implementando una estrategia que, sobre todo, favorece la reducción del coste laboral y no establece caminos para que mejore la eficiencia de los procesos productivos.
Nos queda por apuntar algunas estrategias que, a nuestro juicio, sí que podrían contribuir a abordar la problemática laboral (no solo el desempleo, sino también la precariedad del empleo) desde otra perspectiva y a establecer algunas bases para modos de organización sociolaboral que nos lleven hacia mercados de trabajo más inclusivos. Señalaremos también algunas condiciones previas que deberían concurrir para poder implementar estas estrategias y que en el caso de Euskal Herria no se producen, pero nos indican en qué dirección se debería trabajar:
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Flexiseguridad
La primera de ellas es la de la flexiseguridad, que durante los años 90 permitió una importante reducción de las tasas de paro en algunos países del norte como Austria, Holanda y Dinamarca. Se trata de favorecer la flexibilidad de los mercados de trabajo mediante legislaciones laborales más laxas, pero garantizando a la vez unos niveles de seguridad aceptables para la mano de obra. Esta seguridad se consigue mediante unos sistemas de protección social bien adaptados a esa nueva realidad laboral más flexible y mediante las políticas activas de empleo. De esta manera, la movilidad laboral es mayor, pero las transiciones entre empleos o entre empleo, desempleo e inactividad se hacen con una red de seguridad para los trabajadores, red que les garantiza un ingreso y también unos programas de recapacitación profesional bien financiados. En este contexto, las empresas tienen más libertad para adaptar de manera continua sus procesos productivos y, en definitiva, pueden ser competitivas.
Es necesario señalar que una estrategia de flexiguridad en el sentido apuntado tiene implicaciones presupuestarias para los gobiernos, para la seguridad social, para las empresas y para las y los trabajadores, debido a que se tienen que financiar las prestaciones sociales y las políticas activas de empleo. No es casualidad que los países en los que ha habido experiencias exitosas de la mano de la flexiguridad, sean los que tienen sistemas de protección social más desarrollados y sean también los que más recursos dedican a las políticas activas de empleo. Desafortunadamente, los años de bonanza económica no se han aprovechado para desarrollar los sistemas de protección social en las economías del sur de Europa, así que seguimos con sistemas que descansan en el importante papel que juegan las estructuras familiares en la provisión de bienestar. Hay que decir también que esto ha venido favorecido por el hecho de que la UE ha optado por minimizar su influencia en los sistemas nacionales de bienestar en base al principio de subsidiariedad, limitándose a hacer recomendaciones a los Estados sin establecer metas a alcanzar en indicadores concretos, como sí que se hace por ejemplo en materia monetaria y fiscal.
Por otra parte, los acuerdos de flexiguridad tienen como precondición que haya tradiciones bien establecidas de diálogo social, ya que la implicación de los agentes sociales es clave para que la flexiguridad reparta beneficios para todos. Si no hay confianza mutua entre los agentes sociales o hacia el gobierno, las reformas originarán gran oposición. Además, lanegociación colectiva tiene que ser amplia en cuanto a las materias que se pactan. Si se refiere sólo a los salarios y la jornada, va a resultar complicado buscar diferentes opciones de combinación entre flexibilidad y seguridad, ya que la seguridad únicamente reside en la renta generada por el trabajo y en el mantenimiento del puesto. Pero si la agenda de negociación abarca la formación, la empleabilidad, la organización flexible del trabajo y la conciliación de la vida laboral y la personal, es más probable que se pueda llegar a acuerdos con ganancias para todas las partes.
El desempleo, un problema colectivo
La segunda estrategia tiene que ver con la consideración del desempleo, no como un problema individual de las personas que no encuentran un empleo, sino como un problema colectivo que tiene que ver con nuestro modelo de organización socialy con la consideración que damos a las diversas actividades. En esta línea, creemos que merece la pena explorar las posibilidades que da el reparto del trabajo, de todo el trabajo que es necesario en nuestras sociedades para el mantenimiento de la vida. Tanto el trabajo remunerado que se realiza en empresas y organizaciones que producen los bienes y servicios que se contabilizan en el PIB, como el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en los hogares, en gran parte por mujeres, y que no es remunerado.
Pues bien, repartir el trabajo no remunerado de forma más equilibrada entre mujeres y hombres sería un paso hacia su reconocimiento, valoración e internalización como coste en el proceso productivo. Además, conduciría también al reparto del trabajo remunerado, es decir, del empleo, y propiciaría un modelo favorecedor de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. En esta línea, la propuesta de 21 horas de trabajo semanales de la New Economic Foundation resulta muy sugerente.
Artículo de Mª Luz de la Cal, profesora de Economía Laboral, visto en basqueinfo.net
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