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A vuelta con los “manteros”

Recientemente ha vuelto a ser noticia la acción policial sobre los “manteros” o vendedores ambulantes y, en esta ocasión, la reacción violenta de algunos de éstos. 

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Repasando  las noticias al respecto, me gustaría recoger y comentar sucintamente algunas de las expresiones vertidas por nuestros representantes en el Consistorio. 

Así, según EUROPA PRESS (29/8/2014), El primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn, ha asegurado este viernes que el incremento de la presión policial para impedir la venta ambulante “puede provocar que algunas personas tengan actitudes más agresivas”.

El comentario del Sr. Forn es del todo lógico. Normalmente todo aquel que deseando llevar a cabo una conducta es contrariado por otro, el cual –lícitamente o no- se la impide, resulta molesto por ello. Pero si, además, la conducta impedida es la única a su alcance para lograr la subsistencia en ese momento y circunstancias, entonces el tal estado de necesidad –que podría constituir, en su caso, incluso una causa de justificación, de hallarse esa conducta tipificada en el Código Penal como delito o falta- generará necesariamente una reacción.

Reacción que aumentará en magnitud, de forma directamente proporcional a la dureza del impedimento, y que podrá desembocar en agresividad.

Por ello nos sigue pareciendo absolutamente lógica la siguiente afirmación del Teniente de Alcalde (reproducida en la misma fecha por la antes mencionada Agencia Informativa): “Cuando aumentan las dificultades para vender, aumenta la agresividad”.

Debe aclararse que, aquí, vender equivale a comer. Y mientras los agentes realicen actuaciones blandas/disuasorias los manteros se trasladan a otro lugar e intentan continuar con su actividad, pero cuando se les bloquea sin más alternativas, se tornaran probablemente agresivos, porque les va el  sustento en ello.

Me viene ahora a la memoria la frase pronunciada en las sesiones  para la elaboración de la “Carta de Olimpia” en 2001: “Una voz que no es escuchada se convierte en grito”.

Sigue comentando el  Regidor  que “combatir la venta ambulante es prioritario para el Consistorio, ya que provoca pérdidas a los comercios y porque diversas redes explotan a algunos vendedores”.

El argumento nos podría llegar a parecer correcto siempre y cuando a esos manteros explotados se les garantizase su subsistencia al margen de esa venta aparentemente tan lesiva  para los comerciantes, y se persiguiese a esas redes de explotación. En caso contrario ninguna solución que les deje en la indigencia es aceptable. Es una cuestión de simple prioridad, de simple humanidad.

La misma Agencia y con idéntica fecha recoge ahora algunas manifestaciones al respecto del Alcalde Sr. Trias, tales como considerar “muy grave e “inadmisible” que vendedores ambulantes agredieran en dos ocasiones este jueves a agentes de la Guardia Urbana cuando intentaban desalojarlos, y les ha advertido de que comportará consecuencias legales”.

Ciertamente los comportamientos violentos  no son el mejor método para resolver los conflictos y cierto es que los Agentes de la Autoridad siempre y cuando no se extralimiten en sus funciones –dentro del marco legal- merecen  el respeto del ciudadano. Pero no debemos olvidar que la violencia adquiere muchas formas y, en ocasiones, la propia legalidad imperante también la representa, al estar diseñada a la medida del sector dominante, como he tenido ocasión de justificar en anteriores artículos.

Convendrá, por tanto, añadir al comentario del  Sr. Trias que también es muy grave e “inadmisible” que se prive a personas de su único medio de subsistencia –alegal si se quiere- sin darles al mismo tiempo una alternativa correcta y adecuada. Además el no ofrecer tales alternativas, también debiera comportar consecuencias legales (lo que ni se plantea). De lo contrario la posición es incompleta, partidista e hipócrita.

El Alcalde continúa diciendo que “No puede ser que gente que opera en la alegalidad se dedique a pegar pedradas cuando se le llama la atención”. 

Al margen de lo anteriormente dicho respecto a la violencia, convendrá también ahora incidir en la sutil y delicada forma de decir “se les impide comer” cual es “llamarles la atención”. No se les llamó únicamente la atención,  a modo disuasorio, sino que se les fue cercando y bloqueando. Por eso la voz se convirtió en grito.

Por su parte, el líder municipal del PP Alberto Fernandez   ha manifestado también  según Europa Press que “El incivismo sigue con un desmadre imparable: ‘manteros’ y ‘lateros’ campan a sus anchas”. Curioso de nuevo ese circunscribir lo incívico a los desfavorecidos que intentan ganarse el pan, de la única forma que les resta, sin recurrir a conductas claramente delictivas, aunque resulten sancionables administrativamente, y para alguien poco estéticas. Existen otros incivismos mucho más graves parapetados tras la legalidad a medida. ¿Qué decir de las presiones a  ciudadanos para que abandonen su barrio en aras al negocio turístico, a la tala de árboles  para permitir un urbanismo salvaje, etc. etc.?. Pero de esos no se habla. De nuevo la hipocresía se instala. Siempre atacar al débil. El tema ya causa fatiga.

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Así el propio Código Penal es una muestra de castigo a la pobreza en su tratamiento límite a los manteros, etc. Estas respuestas penales dimanan del autoritarismo vigente que lanza mensajes a la ciudadanía insistiendo en la peligrosidad de la pequeña delincuencia mientras defienden el incremento del mercado libre y una menor protección social. Así, la actual  sociedad se centra en la capacidad de consumo y utiliza al derecho penal como un instrumento que limpia la suciedad generada por las capas inferiores de población excluidas de la riqueza

Consecuentemente el Código Penal actual ha ido incorporando algunos tipos penales  que caracterizan esa criminalización de la pobreza y el castigo penal de la exclusión. Así conviene destacar aquí aquellos denominados eufemísticamente contra la propiedad intelectual e industrial, que llegan a castigan la venta ambulante de películas  y otras mercaderías piratas (Art. 270). En estos tipos se observa la sustitución de la gestión de lo social por las leyes penales. Y de nuevo convendrá invocar más política social y menos política penal.

En este tema me complace reproducir una parte del texto de la ponencia que mi amiga y Jueza    Amaya Olivas Díaz  expuso en su día en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona: “Quizás la alternativa pase por insistir en un discurso que cuestione el modelo de una falsa seguridad ciudadana que actúa en detrimento de los derechos y apueste, en cambio, por un modelo de auténtica defensa en la seguridad de los derechos de todos los ciudadanos. Resulta imprescindible decir, como explica A. Baratta, que este último es el único modelo legítimo, en la medida en que corresponde con la validez real de las normas contenidas en la constitución del Estado Social de Derecho y que abarca por tanto mucho más que la restringida “lucha contra la delincuencia” (que se reduce progresivamente al control de los excluidos) y genera la posibilidad de luchar contra la exclusión social y los mecanismos propios generadores de esta en la globalización neoliberal de la economía”.  

Concluyendo con las noticias de la Agencia de Información sobre el tema que nos ocupa, ésta también comentaba en esa fecha que “Los incidentes han generado mucha expectación en esta avenida comercial de la ciudad (Paseo de Gracia), llena de turistas y compradores a esta hora del día, donde se concentran algunas de las tiendas más lujosas de la ciudad, que han observado los enfrentamientos. ¡Qué lástima que los turistas y los clientes de las lujosas tiendas observen eso! ¡Qué lástima que observen la pobreza real, su persecución y la rebeldía desencadenada por ésta! Qué lástima que se destruya el decorado! Porque de eso se trata, del bonito decorado y no de la realidad humana. Otra vez esa hipocresía. 

Mas de lo mismo, tapar y disimular las miserias, para que no ofendan a la vista, pero sin ninguna intención  de resolverlas (con lo que tampoco se verían, aunque entonces por no existir). Y es que la miseria resulta del todo necesaria  ya que sin ella no sería posible la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.

Jordi Cabezas Salmerón

Jordi Cabezas Salmerón, nacido en Barcelona el 21/12/49, Abogado penalista, es Diplomado Superior en Criminología y Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB, es también profesor del “Master Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal” de esa Universidad y de la Mar del Plata (Argentina) y de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Policía de Cataluña. Asimismo es profesor penalista en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB autor de diferentes ponencias/artículos y del libro “La culpabilidad dolosa como resultante de condicionamientos socioculturales”.

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