La transparencia, la participación y la colaboración han suponer los pilares fundamentales en la gestión de una institución de gobierno. El gobierno abierto va mucho más allá de la incorporación de las TIC en la administración pública. Supone un salto cualitativo respecto al gobierno electrónico colaborando continua y directamente con los ciudadanos, no solo desde el ámbito de la información sino desde la comunicación en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.
¿Están incorporando buenas prácticas de gobierno abierto las administraciones públicas en España? La respuesta es muy desigual dependiendo del ámbito territorial y el color político en cada una de las instituciones de gobierno.
Echando la vista atrás cabe señalar que ya ha pasado un lustro desde la aprobación de la Directiva de Gobierno Abierto en EE.UU. basada en el memorando que el presidente norteamericano Barack Obama presentó en enero de 2009, en su primer día en el cargo. Esta norma de aplicación en toda su Administración, supuso el primer paso dado por un gobierno en los EE.UU. hacia la reutilización de los datos públicos por empresas, entidades sociales y ciudadanos y uno de los principales referentes internacionales en la incorporación de políticas de Open Data.
Patrice McDermott, actualmente directora ejecutiva de Openvernment.com (uno de los principales portales de datos abiertos en EE.UU.) anunció por entonces en relación a la aprobación de la directiva del presidente Obama “Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La apertura va a fortalecer nuestra democracia y promover la eficiencia y eficacia en el Gobierno” .
Tal como señalan Ana Corajan y Eva Campos en La Promesa del Gobierno Abierto (2012), los mensajes y propuestas de Obama de cambiar el sistema de Gobierno, la forma de gobernar y de hacer política ya se venían observando desde la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca, caracterizada por un activismo político on-line desconocido hasta el momento.
Una vez al frente del gobierno Obama y su administración transformaron la manera de entender la relación entre administración y administrados. Una relación basada en la accesibilidad de la información y en su aprovechamiento por parte de los ciudadanos, proporcionando una nueva cultura de reutilización de la información pública.
Ese mismo año, el 7 de diciembre de 2009, el gobierno laborista de Gordon Brown aprueba un plan dirigido a incorporar la política de gobierno abierto en la agenda política de Dwoning Street. Del mismo modo el gobierno socialista de José Luis R. Zapatero lanzó en España el Proyecto Aporta con el objetivo es poner en disposición de los ciudadanos los datos elaborados por las instituciones españolas.
No obstante no cabe duda que uno de los proyectos pioneros más relevantes entre las instituciones españolas sobre Open Data es el desarrollado por el gobierno vasco durante la lehendakaritza de Patxi López. El socialista vasco lideró la mayor apuesta sobre la apertura de información institucional conocida hasta la fecha en España. Otras comunidades autónomas como Cataluña y Asturias también incorporaron distintas actuaciones de apertura de datos igual que algunos ayuntamientos pioneros como el de Gijón, Zaragoza o Barcelona.
Pero cinco años después ¿Están nuestras instituciones dispuestas a ser transparentes y facilitar la información que demandan los ciudadanos? ¿Cuál es el mapa actual de iniciativas de Open Data en España?
Hoy en día algo más de la mitad de las comunidades autónomas presentan canales institucionales de apertura de datos públicos, en concreto 10: Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla – La Mancha, Andalucía, Cataluña y Baleares.
No ocurre lo mismo en la administración local. De los 250 municipios más poblados de España, solo 26 ayuntamientos cuentan con portales de información pública accesibles para su reutilización y de las 44 diputaciones provinciales y cabildos insulares, solo 3.
Ante estos datos podemos evidenciar un déficit en la incorporación de actuaciones de gobierno abierto en nuestro país, casualmente entre las administraciones más próximas al ciudadano.
No se trata solo de exigir mayor accesibilidad a la información, sino de hacer ver las posibilidades que se abren respecto a la reutilización de los datos públicos por parte de ciudadanos y empresas. El potencial de la información pública es enorme y la complicidad entre la administración, las empresas y los ciudadanos puede producir sinergias tanto en el ámbito social como el económico.
El gobierno abierto supone un elemento transformador en sí mismo y un reto que algunas instituciones nacionales e internacionales ya han alcanzado, sin embargo parece que es una meta inalcanzable para muchas otras. No obstante debe seguir siendo una apuesta decidida de presente y de futuro para todas ellas.