México está convulsionado en eventos sumamente desagradables, por ejemplo, la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa que a un mes de acontecer los trágicos hechos de la masacre de los 6 estudiantes asesinados y de los demás normalistas no se ha tenido más noticias sobre su paradero.
Estos hechos han molestado a la clase estudiantil, académica, intelectual, entre otros personajes y asociaciones en pro de los derechos humanos, por la lenta respuesta, poca sensibilidad y escasos resultados en las investigaciones que den con la localización de los estudiantes desaparecidos y a los responsables ponerlos a la pronta efectividad de la justicia.
Hay que resaltar el hecho de que en el país en cuestión de seguridad pública y nacional ha tenido fallas tras fallas, desde el 2006 con el inicio del combate frontal contra los cárteles de la droga, los fenómenos de violencia se han dispersado en varios estados de la república. Eduardo Guerrero en su artículo “Epidemias de violencia”, publicado en la revista Nexos, expresa que desde 2008 hasta 2012 los niveles de violencia en los municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Cualiacán, Mazatlán, Tijuana, Zona Metropolitana de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Acapulco y Torreón-Gómez Palacio ocurrieron los eventos de violencia más álgidos específicamente las ejecuciones mensuales, asimismo en cada zona en las cuales ocurrieron los eventos son terrenos de dominación de varios cárteles y grupos de sicarios adscritos a los líderes del hampa.
Por otra parte el mismo Eduardo Guerrero ha expuesto que la estrategia de seguridad del gobierno federal fue descabezar a los grades capos y fragmentar dichos grupos, en consecuencia de la puesta en marcha del combate, fue una fragmentación de los cárteles en células del crimen, al grado que ante los embates del ejército, la marina y la policía federal, dichos grupos delincuenciales en defensa se tornaron más violentos a diferencia de sus antecesores y por ende el gobierno federal, estatal y municipal tiene que lidiar con dichas células y que en este caso una de esas células está inmiscuido con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ante este evento desgarrador queda registrado para los anales de la historia de México así como otras masacres acontecidas, el narcotráfico ha tenido una herramienta que hay que sumarle –considero- a la teoría de Max Weber en su libro “Economía y sociedad” especialmente en los tipos de dominación, el otro tipo de dominación para agregar es: “plata o plomo”. Ya que este tipo de dominación ha resultado más efectivo y contundente para los objetivos trazados por los delincuentes ante sus posibles obstáculos y su herramienta de cooptación para sus diferentes personajes de los que se rodea.
Sin embargo, los hechos han producido un sinfín de versiones sobre el caso que desgraciadamente comienza a producir una confusión informativa, que se ha vuelto complicado poder discernir qué información es verídica y cual es incorrecta, por consecuencia se produce un descredito a las labores de activismo de las personas que buscan la verdad y lo más importante dar con los estudiantes.
El otro actor dentro del tema de los normalistas, es el papel que ha venido desempeñando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que básicamente ha sido poco asertivo y exigente en la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes y de su lucha social; la respuesta de la propia comisión es lenta en sus posturas ante el caso emitida en su comunicado de prensa publicado el 22 de octubre, por ejemplo, en el comunicado expone que las autoridades tomen las medidas cautelares a fin de prevenir daños que perjudiquen los derechos humanos y que en un futuro agraven la situación.
En el interior del informe, agrega que se debe llevar a cabo una debida preservación de las fosas que en los últimos días las autoridades han encontrado, también incluye la protección de los testigos y que los restos humanos ubicados en las fosas sean reconocidos y que procedan con apego a las leyes.
El comunicado es poco enérgico, porque, fue emitido a casi un mes de lo ocurrido el 26 y parte del 27 de septiembre y los hechos acontecidos son bastante delicados, mi consideración es que, el comunicado de prensa por sensibilización debió haberse hecho público a la semana de lo sucedido. Pese a ello, el tema de los normalistas no ha sido nuevo, ya que el 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de dicha normal fueron agredidos por policías, usando armas letales y que esta constatado en la recomendación por agresiones graves de la entidad protectora de los derechos humanos (CNDH) con número de expediente: RECOMENDACIÓN NO 1. VG/2012.
El panorama relativo a este tema, se regresa una vez más a recodar lo establecido en las normas, que en este caso es a la Carta Magna, en su artículo primero, párrafo tercero, en el cual expresa:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Lo que menciona el artículo constitucional es que el gobierno federal y los demás niveles de gobierno tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas, en este caso investigar a fondo y con sensibilidad la masacre y desaparición de los estudiantes, dar un juicio justo y enérgico a los responsables y reparar los daños ocasionados.
A lo anterior, se respalda con el artículo del Dr. Jorge Carpizo en su artículo, “Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características”; ahí manifiesta que los derechos humanos por el solo hecho de la naturaleza humana, la persona tiene derechos y obligaciones y por ende las autoridades no pueden omitir dichas atribuciones y por ello el Estado debe proteger las prerrogativas, agregando que estos últimos se fundamentan bajo la condición de la dignidad humana y con ello las personas pueden vivir con plena libertad el uso y disfrute de su vida, por ser un individuo racional.
“9. La concepción de la dignidad humana no conduce a un individualismo; al contrario, reconoce el valor de la comunidad: yo exijo respeto a mi dignidad frente al Estado, grupos y otras personas que poseen igual dignidad. (…)
Los derechos basados en la dignidad humana no convierten al hombre en una “mónada”, según expresión de Marx, sino destacan su calidad de persona, impulsan al hombre a superarse y a lograr, dentro del marco social, su realización como ser humano. Esta realización no la consigue en forma aislada y egoísta, sino en la sociedad y persiguiendo finalidades no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino con una perspectiva más amplia: la realización propia, entre la de millones de destinos, como hombre y ciudadano de un mundo” (Carpizo, 2011: 7).
Con el sustento de lo anterior por ello se refuerza que las prerrogativas son pate esencial de la democracia, en consecuencia es necesaria e importante la protección de los derechos para que en un futuro se prevengan las desgracias acontecidas el 26 y parte del 27 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero.
El otro fenómeno que se da en el contexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, son las movilizaciones sociales especialmente de los estudiantes preparatorianos y universitarios, por medio de la manifestación, paros o suspensión de clases temporales, en forma de presión y reclamo al Estado para cumplir con la exigencia de que el gobierno encuentre con vida a los estudiantes desaparecidos o mejor dicho forzados a desaparecer. Ciertos actores informativos han comenzado a fijar una postura de rechazo y condena por las movilizaciones a las que han convocado los estudiantes; esos actores informativos, comenzaron a dar una desacreditación a los métodos usados, a mencionar el desconocimiento o ignorancia de los universitarios por lo sucedido en Iguala, acusar de infiltración de grupos políticos en las manifestaciones, entre otros descalificativos.
Este tipo de actos no son nuevos, recordemos que en cada movimiento social y a su vez en las movilizaciones sociales se da el fenómeno de la descalificación y criminalización de la protesta social por medio de los medios de comunicación y sus variadas plataformas comunicativas.
Lo que está ocurriendo en México es una verdadera crisis social y gubernamental, en el cual el sistema político ya no responde a la demandas de la población y la sociedad ya no legitima al gobierno al no cumplirse con las facultades o mejor dicho con las obligaciones del Estado y una de ellas primordialmente es la de proveer seguridad a sus ciudadanos, una aplicación de la justicia sin parcialidades y con este desagradable acontecimiento en el estado de Guerrero, se observa que los avances del gobierno mexicano por varios años en materia de derechos humanos está siendo ensombrecido por un crimen que el gobierno permitió.
Bibliografía.
Carpizo, Jorge, “Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características”, en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm, 25, julio-diciembre 2011.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014, México: Cámara de Diputados.
Guerrero Gutiérrez, Eduardo. “Epidemias de violencia”, Revista Nexos, julio 2012.