Cada vez más participamos en internet como sujetos activos, compartiendo nuestros datos cuando nos registramos en una web o creamos un perfil en redes sociales. Porque los datos personales no son solo nombre y apellidos, también imágenes, grabaciones o números de teléfonos. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), establece unas medidas para que los usuarios sepan la finalidad que tiene la recopilación de sus datos y puedan ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en cualquier momento.
¿Pero qué ocurre cuando los datos personales se ceden a terceros?
Es muy común que los usuarios acepten automáticamente la política de privacidad de las empresas cuando envían información sin ver realmente a qué se exponen. Los expertos en privacidad recomiendan realizar una serie de acciones para que la recogida de datos por parte de las webs se haga respetando en todo momento los derechos de los interesados o afectados y manteniendo el nivel de seguridad y protección que deben tener los datos hasta su definitiva destrucción cuando corresponda.
La primera medida que podemos destacar es la obligación de informar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de que existe un fichero (base de datos), qué datos se van a incorporar al mismo y quién es el encargado del tratamiento. Además, en el momento de la recopilación se debe informar al usuario sobre qué uso se va a dar a sus datos y si van a ser cedidos o no a terceros, así como la dirección en la que pueden ejercitar sus derechos ARCO. La empresa debe tener un documento de seguridad en el que se reflejen las medidas que deben cumplirse, las auditorías realizadas y las modificaciones que se vayan realizando durante la vida de la empresa. Las medidas adoptadas dependerán del nivel de seguridad al que deban someterse los datos. Podemos estar ante un nivel básico (para los datos normales, como nombre, apellidos o teléfono), medio (para los bancos o datos de la Agencia Tributaria) o un nivel alto (en el caso de datos especialmente protegidos, como ideología o salud).
Y aunque todavía las empresas no estén demasiado concienciadas sobre la importancia que tiene la adopción de medidas de seguridad, las sanciones contempladas en la LOPD, que pueden ir desde los 601,01 euros a los 601.012,10 euros, según sean leves, graves o muy graves, obligan a tomar en consideración el cumplimiento de la normativa, a fin de evitar vulneraciones que pongan en peligro la conservación y protección de los datos personales. Por ello, también damos algunos consejos a los usuarios para que puedan restringir el uso que se hace de sus datos por parte de terceros. Por ejemplo, pueden configurar las opciones de privacidad de sus navegadores para bloquear las cookies y que las webs no puedan rastrear sus movimientos o su historial de navegación. También es conveniente no subir demasiada información o imágenes a las redes sociales, supervisando los comentarios y lo que se publica de nosotros. Y, sobre todo, recomendamos conocer las políticas de privacidad de los sitios web a los que dejamos nuestros datos. Es muy común, sobre todo en adolescentes, compartir una gran cantidad de información personal y dejarla a disposición de otros. Cuando esto ocurre, además de controlar con “alertas de Google” aquello que aparece indexado en la red, hay que ejercer los derechos de cancelación y tomar las medidas oportunas cuando alguien crea que se están vulnerando sus derechos. No queremos decir que no se pueda compartir, sino que hay que ejercer un control objetivo sobre los datos que proporcionamos a terceros para saber en todo momento cómo se están protegiendo y si terceras empresas están haciendo uso de ellos, como campañas de email marketing, marketing telefónico o spam, para poder eliminar el nombre o teléfono de la lista cuando no se haya autorizado el uso de estos datos o se esté perjudicando de algún modo al usuario.