Bajo un reciente titular del Diario “EL PAIS”, que rezaba “Boi Ruiz desvincula la muerte de un paciente del cierre de la hemodinámica del Joan XXIII”, se reflejan unas declaraciones del Conseller, en las cuales –y en relación con el lamentable fallecimiento de un paciente infartado que, ingresado en ese centro hospitalario, tuvo que ser trasladado a Barcelona por el cierre nocturno de la unidad de hemodinámica tarraconense-, manifiesta que “No se puede establecer una relación causa efecto en esto”. Se entiende entre el fallecimiento y el cierre de la unidad que motivó el traslado a Barcelona del paciente.
La carencia de lógica o el atentado a las reglas que la rigen constituyen los mayores enemigos para la solvencia de cualquier argumentación, incluidos los fallos judiciales. Las proposiciones aparentemente lógicas, sin sus opuestas, también.
Sirva de ejemplo el conocido dicho “el saber no ocupa lugar” evidenciando –con ese ejemplo volumétrico- que el conocimiento, al no ocupar espacio (más allá del que utilice en el cerebro), nunca está de más ni molesta. Tiene su lógica.
Pero esa manifestación lógica se viene abajo, ante la contraria, esto es: “el no saber ocupa aún menos” (absolutamente cierta y que dinamita el ejemplo volumétrico antes citado).
Volviendo al Conseller, ciertamente su comentario es, de entrada, correcto y no carente de lógica.
Y ello es así, pues sin mayores investigaciones no cabe afirmar con rotundidad que, de haber permanecido en la unidad de hemodinámica de Tarragona prestando ésta servicio nocturno y no únicamente diurno, el paciente no hubiese fallecido también, en cuyo caso el traslado –debido al cierre nocturno- no hubiese sido la causa.
Pero, obviamente, si el paciente precisaba imperativamente del servicio prestado por la unidad de hemodinámica, el hecho de tener que trasladarlo a Barcelona para darle lo que necesitaba, ante la imposibilidad de seguir ofreciéndoselo en Tarragona –por el cierre-, no ayudó al paciente sino todo lo contrario.
No obstante, y aún así, la respuesta del Conseller tampoco resulta -de momento- incierta, pues hasta que posteriores estudios del evento –que no dudo acontecerán- no aclaren la cuestión, cabe la posibilidad de que también en ese supuesto hubiese sido inútil seguir el tratamiento en la capital tarraconense. De todas formas , así la manifestación del Conseller se debilita.
Pero es que, en todo caso, la respuesta del Sr. Boi Ruiz es muy arriesgada. Además suena a muy de político, muy de no aceptar lo que parece evidente, muy de querer salvar la situación (apoyándose en que mientras no se determine –esperamos que honestamente, claro está- que el resultado hubiese sido distinto de no haber actuado como se hizo, su proposición tiene alguna posibilidad de ser mantenida). En resumen, el consabido “echar pelotas fuera”.
En definitiva ante algo que, aún no absolutamente cierto parece lo más obvio, cual es que quien es trasladado (para proseguir en otro centro con un tratamiento vital que ya estaba recibiendo y que, por razón de horarios, cesa), y entonces fallece, lo hace a causa precisamente a causa de esa interrupción en el tratamiento y consiguiente traslado, el Conseller responde, con no poca prepotencia, que no se puede establecer una relación causa efecto, pasando la carga de la prueba al contrario.
Con todo lo anterior, el Conseller mantiene la “bondad” de los cierres nocturnos de la unidad de hemodinámica del Juan XXIII, aún cuando todos los indicios del caso le son contrarios, trasladando –como se dijo- la carga de la prueba a quien pretenda confirmar lo que parece más probable. Maniobra notable para eludir responsabilidades.
Y ello con un pretendido apoyo en la lógica; así mientras no se demuestre que el paciente hubiese sobrevivido de haber continuado el tratamiento en Tarragona (lo que no resulta simple de demostrar), no cabe culpar del fatal desenlace a la interrupción de aquel tratamiento y al posterior traslado.
Y como, de momento, no es del todo descartable que también hubiese fallecido en el centro hospitalario inicial, el posicionamiento del Conseller “resiste”, como se ha dicho. Pero sólo de momento, hasta que se demuestre otra cosa. Algo es algo.
Sin embargo, y como en el ejemplo del “saber no ocupa lugar” versus “el no saber ocupa aún menos”, la extraña lógica del Conseller nos lleva a mantener que (al margen ya del lamentable caso de infarto que nos ocupa y a nivel macro), podríamos cerrar esa unidad de tratamiento todo el día e ir trasladando a todos los enfermos en ambulancia a otros centros sin que nunca, y de entrada, pudiese establecerse una relación causa efecto con los previsibles fallecimientos; ello es así pues restaría por probar que esos óbitos no se hubiesen producido de hallarse abierto el tal servicio; y hasta ese momento, según la peculiar lógica del Sr. Boi, la “bondad” de la medida restaría incólume.
Incluso –permítaseme la ironía- pudiera ser que a alguien le resultase más atractivo morir en una ambulancia con sirena, lucecitas de colores y demás parafernalia, que en un hospital.
… Y ya de paso cerremos todos los hospitales pues quizás la gente se hubiese muerto igual, de ser ingresados en ellos. Por favor!!
Resulta absurdo cerrar unidades en hospitales como el que nos ocupa y pensar que nadie sufrirá un infarto durante la noche que las precise o que, si alguien se empecina en sufrirlo, entonces trasladándolo a cien quilómetros se resuelve el tema, sin que ello comporte un coste en vidas humanas o en la calidad de vida de los supervivientes.
Ese es el absurdo que nos están vendiendo. Se cierran quirófanos en aras a los recortes pero dicen que eso no afecta a la calidad de la asistencia ni aumenta las listas de espera… Y es de ver que sí afecta y sí las aumenta. Eso es de “cajón”. Lo contrario sería admitir que los quirófanos que ahora se cierran se destinaban a impartir clases de canto, por decir algo y siguiendo con la ironía.
Pero, atención, no sólo nos están vendiendo un absurdo, sino un crimen. Y eso ya es más grave.
Así, la actual implementación de prácticas y políticas neoliberales de ajustes fiscales que sufrimos, los recortes en gasto público y el adelgazamiento de derechos personales y sociales (la salud lo es), con la consiguiente privatización de algunos servicios públicos del Estado de bienestar exigidos por instituciones financieras de ámbito internacional como reacción a la crisis imperante y fabricada, causan serios perjuicios a la vida, salud y bienestar de los ciudadanos que las padecen, debiéndose calificar -por tanto- tales acciones de criminales.
Nos hallamos, en palabras de Ferrajoli frente a “delitos del sistema”. En definitiva: de los estados y de los mercados.
Luigi Ferrajoli afirma que una criminología progresista y consecuente con la actual globalización, debe asumir como objeto privilegiado de investigación la criminalidad del poder, esté o no contemplada por el derecho penal vigente (y sobre todo si no lo está, con el objetivo de que lo esté). Esos daños sociales no deben quedar impunes. En ese sentido se pronuncian asimismo figuras tan relevantes en el ámbito penal como Morrison, Ruggiero o Zaffaroni.
Téngalo Vd. bien presente Sr. Conseller.
Fuente Foto: educursos