En un anterior artículo y bajo el título “La extraña lógica del Conseller Boi Ruiz” evidenciábamos lo poco aceptable, por contrario a la más elemental lógica, de mantener que es del todo correcto cerrar en horario nocturno unidades hemodinámicas en hospitales provinciales como el de Tarragona y pensar que nadie sufrirá un infarto durante la noche que las precise o que, si alguien se empecina en sufrirlo, entonces trasladándolo a cien quilómetros (Barcelona) se resuelve el tema, sin que ello comporte un coste en vidas humanas o en la calidad de vida de los supervivientes o, como muy mínimo, un riesgo del todo innecesario.
Es absurdo mantener esa opinión, que nadie con un mínimo de sentido común puede llegar a compartir salvo que, regido por una cruel lógica económica, haga que prime el dinero por encima de la vida humana. Quien así piense, no asume que la vida no tiene precio.
Y aún más absurdo resulta mantenerla tras el fallecimiento de un infartado durante uno de esos traslados, “incidente” que el ya citado Conseller ventiló con la frase “No se puede establecer una relación causa efecto en esto” (1)(Se entiende, como es lógico, entre el fallecimiento y el cierre de la unidad que motivó el traslado a Barcelona del paciente -Don Enrique Gherón-).
Sin embargo, y a pesar de los pesares, esa era la opinión de Boi Ruiz en aquel momento. Para el Conseller, por tanto, el sistema de cierre nocturno era el adecuado y el “incidente” del fallecimiento (2) en absoluto desvirtuaba la bondad de aquél.
Pues bien, transcurridas unas pocas semanas aparece publicada en el rotativo “El País” del viernes 30 de Enero pasado la siguiente noticia:”Lleida, Girona y Tarragona tendrán servicios de hemodinámica 24 horas a partir del 16 de Febrero”. Ni que decir tiene que celebramos este anuncio.
En el texto de tal noticia se explica que los hospitales “Joan XXIII “de Tarragona (¿les suena de algo?), “Trueta” de Girona y “Arnau de Vilanova” de Lleida abrirán nuevamente a partir de la fecha mencionada, las 24 horas y no solo las 12 diurnas en que venían prestando servicios, y fuera de las cuales quienes los precisasen debían ser trasladados en ambulancia a Barcelona.
La noticia cifra en un 25% de los infartados en esas zonas, el porcentaje de aquellos que debieron “peregrinar” en ambulancia hasta Barcelona.
Nuestro querido Conseller, según la noticia “volvió a desvincular la ampliación horaria de las unidades cardíacas con la muerte de Gherón”, “No hay ninguna causa–efecto”, insistió; y ello a pesar de que tras ese fallecimiento, y según la misma noticia, acontecieron convulsas semanas en las que pacientes, sanitarios y entidades políticas y sociales se manifestaron exigiendo esa ampliación horaria. Boi Ruiz persevera en ignorar las teorías de la causalidad.
Siguiendo con la noticia, el Conseller mantiene que la decisión de la ampliación de los horarios se debe “a los datos obtenidos durante 2014” ¿?; esperemos que no se refiera a un elevado número de defunciones y secuelas….
En definitiva, algunos días después de un fallecimiento que, según él, nada tenía que ver con los cierres nocturnos de las unidades de hemodinámica –cierres éstos que –en su absurda óptica- eran una manifestación de la bondad del sistema, y sin que tampoco le influyesen las reivindicaciones de amplios sectores, ahora el Conseller decide abandonar tan buena solución para implantar la apertura de las 24 horas que antes no consideraba la mejor.
El “buen” Conseller sigue también perseverando en su absurda lógica ya que, como hemos indicado, sin motivo/causa alguno -según dice- renuncia a lo que hasta el momento era –según él- la mejor solución. Parece pues que su cometido consiste en sustituir lo bueno por lo malo.
O sea el mundo al revés, si se me permite la ironía. Y eso que forma parte del autodenominado “govern dels millors”; no sé yo….
Con todo esto, lo que resulta patente es el cinismo, prepotencia, sentimiento de impunidad e interés económico por encima de todo y de todos, al no reconocer lo evidente (típica forma de hacer de nuestros políticos, esquivando el golpe cobarde y estúpidamente –al creer que nosotros somos los estúpidos y no la detectamos-, que nos tiene tan hastiados)
Y lo evidente es que ha tenido que producirse una muerte que, difundida por los media, generase aún más descontento y movilización contra una medida que al más lerdo ya le parecía generadora de grave riesgo y que jugaba con las vidas de las personas; y lo hacía por razones de economía, debido a esos criminales recortes en servicios esenciales que, “per se”, no son recortables. Y menos cuando tales recortes obedecen a una crisis falsa (en realidad una impune estafa), causada por quienes se han beneficiado de aquella a costa de la ciudadanía con el beneplácito -cuando no complicidad- de los representantes electos de aquella, los cuales han ultrajado su mandato sirviéndose a sí mismos y a los intereses de algunas élites y no a los de aquellos a quienes se debían.
Y aún menos aceptables resultan tales recortes (ajustes, en lenguaje oficial) cuando no se recorta de donde debiera recortarse.
Y aún menos cuando en realidad no se recorta/ajusta el presupuesto de los hospitales públicos del sistema catalán de salud para lograr un ahorro en el gasto público sino que se hace para financiar, con ese dinero presuntamente ahorrado, a los hospitales de las corporaciones privadas, de forma que si bien en un principio los ciudadanos serían atendidos –por derivación- en esos hospitales privados (como si estuviesen parcialmente concertados con la red pública), a la larga éstos dejarían de atender las grandes patologías –poco rentables- que deberían ser tratadas de nuevo por la red pública, la cual ya precarizada por los recortes, las atendería en peores condiciones.
Por ello, a la larga únicamente los ciudadanos pudientes podrían recibir atención adecuada en la esfera privada, mediante pago.
He ahí la cruda verdad, desmantelar la sanidad pública en beneficio de las entidades privadas del área y su negocio. Despojar a los ciudadanos menos privilegiados socio-económicamente de su derecho a una sanidad pública de nivel y gratuita para todas las patologías -incluidas las más graves- en aras al negocio de la sanidad privada, de forma que –como se ha dicho- tan sólo los más potentes económicamente puedan acceder, mediante pago, a una sanidad rápida y de nivel, atributos éstos que, como también dijimos, dejará de poseer la pública gratuita.
Nuestro Conseller –experto justamente en sanidad privada- es el ejecutor convencido de ese despojo (a “los más”) de sus derechos a la salud -constitucionalmente consagrados- para beneficio de corporaciones privadas de “venta de salud” (la élite empresarial del sector –“los menos”-), a las que –para mayor desfachatez- se las ayuda con dinero público (3). Se sustituye así un derecho básico por un negocio. Repugnante.
Impresentable tarea de un político en un Estado que, por imperativo Constitucional (artículo 1.1), se autoproclama como “Social Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
El texto constitucional en su artículo 9.2 especifica las características del estado social (frente al liberal) al expresar que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Por su parte, el artículo 14 del mismo texto proclama así el principio de igualdad: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Y son los artículos 41 y 43 los que tratan del sistema de salud y del derecho a la misma: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres” y “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
Pues bien, como es de ver, las medidas que está implantando el Gobierno Catalán a través del Conseller Boi en absoluto se ajustan al mandato constitucional expresado que, al contrario, violan flagrantemente (por mucho que intenten enmascararlo). Repugnante de nuevo..
Finalmente, me comprometo a no insistir más en el tema del Conseller Boi Ruiz y sus argumentos para no causarles más hartazgo con tanta falsedad, hipocresía y cinismo, convencido, además, de que el buen hombre no tiene arreglo como tampoco lo tiene el Gobierno del que forma parte (paladín de las políticas neoliberales que, además, ha intentado desactivar las justas protestas a las mismas, bajo el falso, interesado y sobrevenido fervor independentista de su partido).
Pero, eso sí, todo ello en el convencimiento de que, a través de las urnas, se descabalgue a esos personajes y sus políticas inhumanas -y en su caso verdaderamente criminales-, del poder.
Fuente foto: eldiario.es
Bibliografía
1. Sin citar que, obviamente, tampoco podía establecerse en aquel momento, que la tal -más que posible relación- no existiese.
2. Debe añadirse que de ese fallecimiento tenemos noticia pública, lo que no asegura que haya sido el único si otros no han resultado aireados.
3. Dinero, por tanto, hay.