La economía de España, al igual que toda circunscripción territorial que en un momento determinado se considere apropiado retratar, puede ser analizada desde ángulos y enfoques tan diversos como la evolución del sector exterior o de la solvencia bancaria por poner dos ejemplos, aunque si lo que realmente deseamos es detectar el nivel aproximado de precariedad que existe en la sociedad, entonces nos hemos de centrar obligatoriamente en lo que acaece en el terreno estrictamente laboral.
Deberíamos comenzar definiendo, por ello, lo que en realidad consideramos conceptualmente por “precariedad”, no entendiendo otra cosa sino la cualidad que caracteriza a todo aquello que por condición de una naturaleza inestable no puede durar en el tiempo. Y es en la estadística laboral de la economía de España donde podemos identificar un reducido abanico de tipologías contractuales que, en la medida en que nos ofrecen información exacta y concreta sobre la perdurabilidad futura de una determinada relación de trabajo, nos permiten aproximar, por consiguiente, los niveles reales de precariedad.
Las tipologías más conocidas y relevantes de modalidades contractuales en la economía de España se refieren a relaciones laborales indefinidas, temporales y de formación y en prácticas, encontrándose clasificadas dentro de las indefinidas dos subcategorías que sin ser modalidades arquetípicas al 100% de precariedad – dado que su vínculo es indefinido y ello presupone una sostenibilidad de la relación contractual en el tiempo-, adolecen sin embargo de las condiciones necesarias para garantizar una seguridad y estabilidad suficientes; hablamos de los contratos de trabajo indefinidos fijos discontinuos y también de aquellos que no proveen un contrato indefinido de jornada completa, sino parcial.
De este modo, si excluimos del total de trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social de la economía española a todos aquellos que sólo poseen contratos que no se corresponden con una relación indefinida a jornada completa, entonces resulta una composición social en la que tan solo uno de cada dos trabajadores presenta un contrato no caracterizado por la precariedad, según datos de finales del ejercicio 2014. Debería extrañarnos, en consecuencia, la abismal desconexión que podemos observar entre lo que el ordenamiento jurídico de España expresa y determina a lo largo y ancho de los preámbulos y articulados de las sucesivas reformas de carácter laboral – estabilidad, principio de causalidad para la contratación temporal, etc…- y lo que posteriormente se concreta en nuestra cruda y precaria realidad.