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Recogidas de alimentos ¿solución o espejismo?

Sabido es que la Constitución Española establece en el primer apartado de su artículo primero que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

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Un Estado social (en contraposición al liberal) es aquel que debe remover los obstáculos que impidan la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. De esta forma deben quedar garantizados todos los derechos esenciales (salud, educación, vivienda, trabajo y desempleo, pensiones, etc.) de los individuos, a los efectos de que mantengan un nivel de vida que les permita ser  miembros plenos de la sociedad.

Así las cosas, si el Estado social no logra asegurar el disfrute de aquellos derechos, simple y llanamente incumple su contrato con la ciudadanía. Y debe cumplirlo.

Corresponde a los poderes del Estado social y democrático de Derecho (emanados del conjunto de su ciudadanía), y no a sus ciudadanos individualmente, el evitar o subsanar -en su caso- las situaciones de necesidad en que, eventualmente, pudiesen hallarse determinados miembros de su sociedad. Y debe hacerse con los recursos aportados por la propia ciudadanía a través de un adecuado y justo sistema tributario para el cumplimiento de un presupuesto con enfoque eminentemente social.

Por ello, y salvo en situaciones extremas, tales como catástrofes naturales, etc, los derechos de los ciudadanos, deben ser satisfechos obligatoriamente por el Estado (por eso son derechos) y no depender de la caridad/filantropía/solidaridad de otros individuos de la sociedad, siempre graciable y aleatoria así como tributaria de agradecimiento.

Si un ciudadano que cumple con sus obligaciones para con el Estado y conciudadanos no ve satisfechos sus derechos, está siendo víctima de un incumplimiento del contrato social y, por ende, debe exigir ese cumplimiento salvo que  pueda, asimismo, desvincularse ya de sus deberes.

Resumiendo, los derechos no se deben permutar por caridad/filantropía, etc., aún siendo loables tales sentimientos así como útiles ante los incumplimientos del Estado.

Lo contrario sería renunciar a nuestro  Estado social/ de bienestar social  que pretendía una cierta redistribución de la riqueza así como el apuntalamiento de derechos sociales, y regresar al antiguo punto de partida de la caridad y filantropía.

Al respecto convendrá diferenciar entre caridad, filantropía y solidaridad para evitar las confusiones generadas al respecto por algunos medios de comunicación. Así  la caridad nace  de la obligación moral o religiosa de aquellos sujetos que, poseyendo recursos, han de ayudar a quienes no los poseen. Con ello, quien obra caritativamente alcanzará premio en la otra vida, mientras que los receptores de tal obra mejoran su situación y cumplen -de forma implícita – su rol y función social en esa asimetría. Puede decirse que “todos ganan algo”.

Por su parte y como una variante de la caridad, la filantropía se materializa en todo acto desinteresado y fraternal sustentado en un sentimiento de buena voluntad hacia los otros. Hacer el bien por el bien, como imperativo ético, sin más.

La solidaridad se explicita de forma más simétrica pues implica que aunque no sobren los recursos, hay que hacerse cargo de los problemas.

Por todo ello y cuando en estas fechas observo las campañas de recogidas de alimentos para aquellos conciudadanos más desposeídos -tipo “Gran recapte d’aliments” y similares-, indefectiblemente acude a mi mente la conocida parábola del organizador comunitario americano Saul Alinsky  que reza algo así como lo siguiente:

Un hombre está paseando por la ribera cuando se da cuenta de que hay un cuerpo flotando río abajo. En aquel momento un pescador se lanza al río, arrastra el cuerpo hacia la orilla, le hace la respiración boca a boca y salva de este modo la vida del hombre. Unos minutos después sucede lo mismo y así una y otra vez.

Posteriormente,  flota de nuevo otro cuerpo río abajo. Esta vez el pescador ignora totalmente al hombre que se está ahogando y empieza a correr por la orilla río arriba. El observador pregunta al pescador: ¿qué está haciendo? ¿Por qué no intenta rescatar a este hombre que se está ahogando? Esta vez, replica el pescador, me voy río arriba a ver quién demonios está tirando a esta pobre gente al agua.

La parábola ofrece un valioso mensaje para sociólogos, juristas, criminólogos, etc. ya que, en la medida en que no se haga nada respecto de las causas originales, se estará siempre “rescatando cuerpos”/poniendo “parches” a la situación, sea ésta cual fuere –delincuencia, pobreza, desigualdad, injusticia, etc.-, y “perdiendo el tiempo” en resolver la verdadera causa del mal.

En definitiva estaremos “entretenidos” en una tarea que, aún incluso loable (y que resuelve un problema de inmediato), perpetúa el injusto estatus quo imperante. Y en ese sentido resulta -en última instancia- nociva al dejar incólume al generador continuo de otros sucesivos problemas.

Las energías, por tanto, deben consumirse fundamental y prioritariamente en otra tarea cual es  la de romper el tal estatus quo. Ello no impide, de ser posible,  simultanear transitoriamente ambos objetivos (rescatar al ahogado y evitar que se tiren más cuerpos al agua), pero siempre sin olvidar que lo realmente crucial es combatir la causa y no el resultado. Justo lo opuesto a lo que, parece,  se está llevando a cabo en nuestros entornos.

¿Y por qué está ocurriendo eso?: probablemente porque los favorecidos en el injusto sistema vigente desean entretenernos con el resultado para evitar, así, que actuemos sobre sus causas.

Y más adelante se comentará cómo, en la actualidad –y haciendo dejación de sus obligaciones- el Estado, con la inestimable colaboración de los mass media, nos incita –como única solución- a lanzarnos al agua a salvar a quienes se ahogan.

Ante la actual denominada “crisis”, que en realidad es una enorme estafa en toda regla, parece que se tiene otra coartada para seguir dejando-fraudulentamente-  tan sólo en palabras las consignas del Estado social, cuyo desmantelamiento desea frenética y entusiastamente el liberalismo imperante, “pasándose por el arco del triunfo” –si se me permite la licencia- la antes citada proclama constitucional.

En esa línea algunas iniciativas del tercer sector, muchas vinculadas a la  Iglesia, retoman su protagonismo en la  atención a las necesidades de los más desprotegidos, lo que resulta loable, como es natural, aunque -y como dijimos- no atacan y pueden enmascarar a la verdadera causa del mal. Tampoco deben olvidarse los posibles engaños que, aunque excepcionales,  existen al respecto.

Y, tal como se anunció, el Estado, así como los medios de comunicación, están intentando convencer a la ciudadanía de que tales acciones son  la única forma posible de responder al actual incremento de las situaciones de pobreza generadas, básicamente, por las recientes e interesadas políticas austericidas. Elegante forma de incumplir la Constitución desatendiendo obligaciones que le son propias, adjudicándoselas -además- a otros.

De esta forma se da al traste con la filosofía de la redistribución que presidía las políticas sociales públicas, a favor de unas soluciones que “se asemejan más a las dádivas graciables y no regulares, y que retrotraen al pensamiento y la acción de tantos siglos de caridad” tal y como expresan Anna Mata y Joan Pallarés, en su interesante  texto “De los derechos sociales a la caridad: Crónica de un retroceso anunciado”.

Es por ello que, ante eventos como el “Gran recapte d’aliments” encuentro a faltar otro “gran recapte de exigencias al Gobierno para que cumpla con las obligaciones que le corresponden”. Y entonces ya no harán tanta falta los otros “Gran recaptes”. Ello será una magnífica  señal.

Mientras tanto, una buena fórmula sería que todo lo que los ciudadanos aportan en sus “recaptes y similares” por cara del Estado, se lo desgravasen  de sus impuestos.

Al menos así habría coherencia; si los ciudadanos -a título individual- hemos de suplir al Estado, éste no precisa recaudar algunos impuestos al no tener que afrontar esos gastos. Y en el límite, si el Estado no hace frente a su labor, ¿para qué precisamos Estado?

Y que conste, para aclarar malos entendidos, que creo en el Estado y creo en la solidaridad. Pero también creo en los compromisos. Los contratos se cumplen o se rompen. Que solo los cumpla una parte no es de recibo; y en eso no creo!!.

Jordi Cabezas Salmerón

Jordi Cabezas Salmerón, nacido en Barcelona el 21/12/49, Abogado penalista, es Diplomado Superior en Criminología y Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB, es también profesor del “Master Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal” de esa Universidad y de la Mar del Plata (Argentina) y de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Policía de Cataluña. Asimismo es profesor penalista en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB autor de diferentes ponencias/artículos y del libro “La culpabilidad dolosa como resultante de condicionamientos socioculturales”.

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Comentarios 1

  1. Antonio León

    La caridad en momentos puntuales es tan necesaria como benéfica. Pero si la caridad se convierte en un sistema que sustituye las obligaciones de un estado democrático y social, como dicen que es el nuestro, se convierte en una estafa a añadir a las otras. Si el estado no tiene obligaciones con sus ciudadanos, ¿qué obligaciones deberíamos tener entonces los ciudadanos hacia un estado autista o directamente hostil?

    Totalmente de acuerdo con el artículo; y muchas gracias por la parábola de los cuerpos en el río.

    Saludos,

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