A nadie se le escapa la gran importancia que, en una sociedad democrática, poseen los medios de comunicación y -como no- los profesionales del periodismo que los integran.
En democracia, es la ciudadanía quien debe tomar las decisiones que sus legítimos representantes deberán materializar.
Y, para esa toma de decisiones, la información es del todo imprescindible. De ahí que los mass media que la difunden resulten vitales en los Estados modernos, sin menoscabo de la existencia de otros canales informativos (redes sociales, etc.).
Obviamente, no es posible la toma de una buena decisión, si la información disponible para aquélla no resulta igualmente buena. La información correcta es pues una condición del todo necesaria aunque no suficiente para una acertada decisión. La tal suficiencia vendrá de la mano del buen criterio y libertad del informado.
La importancia y nobleza de la profesión periodística (en sus múltiples variantes) se justifican por su imprescindible aporte al correcto funcionamiento de una sociedad democrática, según se desprende de todo lo anterior.
Sucede, sin embargo y como es lógico, que ese aporte benéfico a la vida democrática antes citado, pasa a convertirse en maléfico cuando la información que recibe la ciudadanía por parte de los media no es “buena” sino que es “mala”.
Lógicamente, el control de los medios de información por parte de quienes detentan la posición socio económica dominante en la estructura social, constituye una tentación cuasi irresistible, a los efectos de utilizar ese potente y preciado bien (la información), al servicio de sus intereses y en contra, por tanto, de los del resto de la ciudadanía o de determinados sectores de ésta. Y ello, en su caso, manipulando adecuadamente la información a suministrar.
Los poderosos aspiran a controlar a la ciudadanía a través de la información, sesgándola y condicionando así las decisiones de la base social, evitando además que la ciudadanía les controle a ellos a través de esa misma información (si fuese correcta). Poderosa herramienta, pues, para bien o para mal. Mal utilizada desnaturaliza a la democracia.
No en vano a los media, por su importancia, se les viene denominando “el cuarto poder”.
Llegados aquí conviene recordar lo citado al respecto por Noam Chomsky –que ya he indicado en algún artículo anterior, en relación con el pensamiento crítico-: «la porra es a la dictadura lo que los media (propaganda) a la democracia».
Y –como también comenté- ciertamente los mass media cuando amplifican una verdad, omiten otra (que consecuentemente deja de existir), o informan de medias verdades o directamente mienten, crean estados de opinión, alarmas, etc, que no necesariamente se ajustan a la realidad, y que provocan demandas de la ciudadanía que oportunamente recogidas son satisfechas con medidas ya deseadas a priori por quienes controlan el poder y esos medios (y que obviamente favorecen sus intereses), generando la ilusión de que tales demandas han nacido de la iniciativa ciudadana, lo que resulta de una tremenda perversidad. El ciudadano cree elegir libremente su decisión y en realidad está decidiendo lo que otros interesadamente desean que decida, como ya manifestaba Fromm.
Dicho lo anterior, convendrá señalar que la Constitución Española en su artículo 20.1.d consagra el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (sin que quepa censura previa).
En definitiva, el ciudadano tiene el derecho constitucional a recibir información veraz a través de los medios de comunicación, lo que comporta que éstos y sus profesionales periodistas son los encargados de satisfacer ese derecho. Derecho que únicamente se colmará si los profesionales antes citados informan con veracidad.
De no hacerlo así, estarán atentando sin más a ese derecho de la ciudadanía.
En consecuencia están obligados a informar verazmente. A suministrar información “buena”.
Pero, desgraciadamente, la realidad cotidiana evidencia que la mayoría de los media son aliados en la ocultación de lo real manipulando en función de los grandes intereses. La “mala” información campa hoy a sus anchas. La “cachiporra” de la democracia se utiliza de forma desmedida.
Actualmente y en infinidad de ocasiones (no en todas, afortunadamente) se someten al poder, mienten, manipulan, enfatizan u omiten, sin pagar tributo alguno por ello (salvo, lógicamente, los supuestos previstos penalmente en relación a vulneraciones del honor e intimidad –calumnias e injurias- , revelación de secretos, apologías terroristas o proclamas al odio y discriminación, etc.).
Prueba mínima de eso, por ejemplo, son los numerosos escándalos descubiertos por sectores periodísticos de investigación que, según diversas manifestaciones, ya se conocían por otros medios pero “no se podía decir…” (en realidad, a algunos “no les convenía que se dijese”). Otros ejemplos podrían ser el sometimiento sumiso a ruedas de prensa sin admitir preguntas, o con preguntas pactadas, etc. etc.
El panorama resultante es penoso y vergonzante. Se evidencia una cierta cobardía, y falta de integridad y dignidad profesional en demasiadas ocasiones, que no excluyen comportamientos honrosos, como es natural. Dicho sea respetuosamente.
Y todo ello va en contra, no sólo del derecho a la libertad de expresión de los periodistas –propio también de todo ciudadano- y de su imagen profesional, sino -más grave aún- contra su deber de informar correctamente para colmar el derecho a la información completa y veraz del ciudadano (sea éste lector, vidente, oyente etc.).
En realidad con esas actitudes, técnicamente hablando, se vulnera el ejercicio de un derecho constitucional fundamental y básico en democracia para la ciudadanía cual es el derecho a recibir información veraz, como hemos dicho ya. Lo que resulta gravísimo y debe ser combatido con eficacia y rigor.
Aunque no es de mi agrado el “engorde” de nuestro Código Penal con la tipificación de cualquier conducta que parezca mínimamente reprochable, no llego a comprender la falta de previsión respecto a la carencia consciente de veracidad –en sentido amplio- por parte de los profesionales del periodismo en su labor. Si ya hemos acordado que esa carencia impide el ejercicio legítimo de un derecho constitucional importantísimo al público informado, es criticable la inacción penal que sí prevé la figura delictiva en conductas contra el ejercicio de otros derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la misma Constitución (tales como libertad de reunión o manifestación, etc. que entiendo no tienen necesariamente un mayor calado).
De existir esa previsión penal no resultaría impune su conducta a cuantos voceros, cómplices a sueldo o con estómago agradecido puedan pulular en la digna y noble profesión periodística, pervirtiendo su correcta función y dañando la democracia.
También la citada previsión ayudaría a aquellos profesionales que desvirtúan el sentido de su labor movidos por el temor a injustas presiones/ilícitas amenazas de pérdida de empleo, etc.
Les ayudaría, pues si bien cabe indicar de entrada que es exigible a todo profesional –sea cual sea su especialidad- el valor e integridad necesarios para desempeñar su tarea libremente elegida y para denunciar -en su caso- las amenazas recibidas, no es menos cierto que la existencia de ese nuevo tipo penal, junto a la pertenencia obligada al oportuno Colegio Profesional (con veto a intrusismos) y con promesa de fidelidad al código ético propio, constituiría una cierta coraza que reforzaría su posición.
Esa denominada coraza no perjudicaría en absoluto a los profesionales honestos, sino que les ofrecería un importante argumento adicional frente a las presiones. Así el sometido a presión, además de poder denunciar esas coacciones o amenazas padecidas, podría contestar algo así como “…Sr. Director, no puedo acceder a eso –incluso aunque quisiera- pues cometería un delito (contra el ejercicio de un derecho constitucional) –que, por cierto, también le afectaría a Vd.–, me expulsarían del Colegio Profesional -como harían con cualquier otro– y no podría ejercer, ni Vd. contratar a intrusos.
Y en el límite si, a pesar de esa coraza protectora, el miedo –gran enemigo del ejercicio de las libertades- le puede a ese profesional, el incurrir en el nuevo tipo delictivo tampoco perjudicaría definitivamente al honrado/miedoso, pues si la entidad del tal miedo lo justificase, siempre podría alegar la oportuna circunstancia eximente y evitar la antijuricidad de su conducta.
Probablemente la incorporación al Código del tipo penal que vengo proponiendo no se realiza al no interesar a quienes ostentan el poder –ya se dijo que “la ley es lo que quiere el que puede”-.
Perderían la posibilidad de controlar los medios con idea de utilizarlos a su favor, sin respetar necesariamente –de forma impune- la veracidad citada.
Pero, a sensu contrario, creo firmemente que debieran exigirlo los honrados profesionales de los medios de comunicación, pues como se dijo, a ellos finalmente les beneficia.
El corolario sería pues que, al igual que en otras profesiones dignas y trascendentes no hay impunidad (medicina, abogacía, etc.), tampoco debe existir en el periodismo -como hasta ahora- la impunidad penal en el desvío de lo correcto. La exigencia de veracidad a los profesionales de la comunicación debe ser firme y su quiebra debe acarrear serias consecuencias. Ello, como hemos indicado, en beneficio de esa espléndida y compleja profesión y en el de la sociedad democrática a la que tanto dañan las informaciones interesadas, sesgadas, ignoradas, etc.
