¿Cuál es su realidad?, fue la pregunta que me hice al ver el vídeo donde diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicado en su cuenta oficial el pasado 15 de diciembre del 2017, celebran gritando: “¡México! ¡México!” tras aprobar la Ley de Seguridad Interior (LSI) y pasarla al Ejecutivo para su promulgación.
Lo preocupante de la LSI es que proporciona a las Fuerzas Armadas un marco jurídico para que puedan desempeñar su labor en las tareas de seguridad pública. Sin embargo, 11 años de guerra y de militares en las calles han dado como resultado: miles de personas asesinadas; desaparecidos; desplazados por violencia; evolución del crimen organizado; y, sobre todo, las quejas y recomendaciones dirigidas al Ejército de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se incrementaron. Ante estos sucesos, nuestros diputados y senadores creen que darles más poder a los militares resolverá el problema de inseguridad; no obstante, los estudios respecto al tema dicen lo contrario. Lo que se busca con la LSI es, en palabras sencillas, extender el cheque en blanco del Ejército para que todas sus atrocidades sean justificadas con sus funciones de seguridad interior.
Entonces, ¿qué están pensando nuestros diputados? Cuentan con suficientes estudios y evidencia para poder legislar a favor de la ciudadanía. El Instituto Belisario Domínguez (IBD), órgano encargado de realizar investigaciones sobre el desarrollo nacional, cuenta con el reporte titulado “Seguridad Interior: elementos para el debate” y al parecer no fue tomado en cuenta – como tampoco los académicos que hablaron con miembros del Congreso de manera pública para oponerse a la Ley ni la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron escuchados. ¿Los ciudadanos fuimos escuchados? No, ya que la Comisión de Gobernación sesionó la aprobación de la LSI a puerta cerrada. Me da la impresión, que los políticos mexicanos no velan por los derechos de los ciudadanos y, por ende, no buscan fortalecer un Estado democrático, sino un retroceso en las leyes. Nuestros diputados y senadores – principalmente del PRI, del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) – viven en otra dimensión, otro mundo, en otro México; estos funcionarios son inquitas y torticeros con nosotros los ciudadanos.
Lamentablemente, esa otra realidad no es propia de los diputados señalados: también otros funcionarios padecen la misma situación. Por ejemplo, entre los casos recientes de Enrique Peña Nieto se encuentra el de cuando mencionó que su gobierno ha combatido la corrupción. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, México es el país más corrupto de América Latina. Otro momento para preguntarnos “¿Cuál es su realidad?”, fue cuando al mandatario se le preguntó, en una entrevista del Reforma, su visión respecto al cierre del año 2017 y respondió: “este año lo cierro contento y mantuve el barco a flote”. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló un total de 29,158 víctimas de homicidio doloso para ese mismo año; es decir, el año más violento en los últimos 20 años de la historia de nuestro país.
Pero no todo es del PRI: también el senador panista Roberto Gil Zuarth, cuando dijo que la agenda de riesgos es pública mientras que no lo es, o el jefe capitalino del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Miguel Ángel Mancera, cuando dijo que no había presencia de grupos del narcotráfico en Ciudad de México (CDMX) mientras que el Cartel de Tláhuac está en siete delegaciones. Sobran los ejemplos de las otras realidades de otros funcionarios públicos; no obstante, es lamentable que tengamos representantes tan estólidos con la situación del país. Existen suficientes gastos federales que se designan a la investigación para poder generar mejores políticas públicas. También hay distintos programas para la participación política, contamos con la CNDH, pero todo esto es –me parece- un holograma que únicamente se tiene como adornos. En otras palabras, estas instituciones no forman parte de la realidad de nuestros tomadores de decisiones y, por ende, no las toman en cuenta.
Definitivamente el México que vivimos no es el mismo al que viven los políticos a favor de la Ley de Seguridad de Interior.