Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.
Fuente: Sopitas
Lamentablemente el drama de la corrupción en el Estado no solamente es visible en los titulares de los diarios y en los reportajes de los noticieros televisivos, donde incluso se transmiten en vivo las audiencias y las acusaciones fiscales.
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. Las cifras de la corrupción son espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción.
El documento precisa que esto es equivalente a perder 10 millones de dólares diarios y señala que “el precio de la corrupción asciende al 10% del presupuesto nacional por año”.
Obviamente este es dinero que se le está robando al bolsillo de los propios peruanos. Según estadísticas del Banco Mundial, el dinero expoliado por los funcionarios delincuenciales representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.
Todo este dinero, que termina en las alforjas de las organizaciones criminales, debería destinarse a inversiones en materia de salud pública, educación, infraestructura vial y eléctrica, saneamiento, becas para estudiantes, desarrollo del deporte y demás aspectos que beneficien a la sociedad.
Pero todavía hay más. La Defensoría del Pueblo ha hecho un minucioso análisis y ha llegado a la conclusión de que en los últimos cuatro gobiernos, desde el de Alejandro Toledo hasta el mandato inconcluso de Pedro Pablo Kuczynski, la corrupción le costó al Estado 136,147 millones de soles, cifra muy semejante al presupuesto fiscal de 2016.
Este es un panorama desolador. Y ni los procesos que se ventilan en el Poder Judicial ni las famosas “comisiones investigadoras” del Congreso van a devolver a los peruanos el capital que les ha sido arrebatado por estas mafias de cuello y corbata.
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