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Cuando no es aquello que proclamamos ser

Nuestro Texto Constitucional consagra a España como un Estado Social  Democrático de Derecho y, sin embargo –a la vista está-, nos conducimos como si fuésemos un Estado liberal. Mejor neoliberal (y lo de mejor, es un decir).

En lo relativo al sistema penal también se está más por el populismo punitivo, propio del sistema liberal (castigo e incluso venganza), que por la resocialización propia del sistema social y que también se halla consagrada en nuestra Constitución.

Se proclama una cosa y se hace la contraria.

Fuente: propria

Es conocida la senda –que seguidamente se citará sucintamente- por la que se han ido perdiendo y variando valores, y duele que ese camino se haya recorrido, pero lo verdaderamente insultante es que se mantengan los enunciados y proclamas constitucionales como si tal recorrido no se hubiese efectuado. Ello comporta una burla, además de un fraude.

Así, debido a las transformaciones a nivel económico y político se ha ido variando el modelo Social del Estado por otro de perfil neoliberal, lo que ha significado el pase desde un Derecho penal garantista enfocado a la resocialización del transgresor a un populismo punitivo, como modelo de Derecho vindicativo.

Tras la segunda guerra mundial y la formación de los bloques capitalista y comunista, el Estado Social resultó el modelo económico y social para el primero de ellos como logro de las luchas y movimientos sociales, en sus reivindicaciones de coberturas (educativas, sanitarias, laborales y de jubilación, etc.). Además ese Estado Social resultaba útil en la medida en que  neutralizaba las posibles ansias ciudadanas de un modelo comunista, lo que no dejaba de ser una variante inteligente del capitalismo frente al liberalismo más clásico.

Ese Estado Social ha permitido mediante consensos sociales (entre patronal y trabajadores sindicados) ir integrando determinadas reivindicaciones a la par que desactivando los movimientos que las vehiculizaban. A través de burocracias se adormecían tales movimientos y se adulteraban aquéllas demandas.

En resumen, se trataba -por parte del capital- de abrir la mano lo estrictamente necesario para evitar revueltas o cambios de modelo. Lo que tampoco merece excesiva alabanza.

Tras la crisis petrolera y la caída del comunismo, ya no había motivo para las costosas concesiones sociales (desde el punto de vista de los capitalistas mejor ubicados) para contener tentaciones en la búsqueda de modelos alternativos por parte de la ciudadanía (adormecida en el consumo de bienes), al no existir aquéllos. El comunismo dejaba de existir y el capitalismo seguía vivo, triunfante a pesar de algunos achaques. Así se vendía la idea que abría paso al neoliberalismo. La mano se cerraba aún más.

Con el proceso de globalización económica generadora, a su vez, de enormes desigualdades y, en previsión de posibles conflictos sociales, el derecho penal y otros elementos de control social aumentan su dureza, mermando el garantismo anterior y sustituyendo el objetivo resocializador por el de castigo/venganza.

Para los neoliberales la delincuencia (mayoritaria) no es un fruto nacido de las condiciones socioeconómicas de pobreza. Para ellos, debe dejarse de trasladar la responsabilidad por la infracción del sujeto a la sociedad (como se hacía parcialmente en el Estado del bienestar, en que se intentaban atacar las causas con políticas sociales y no sólo los efectos del delito). En definitiva, para el neoliberalismo, el sistema económico no es culpable de nada (y por ende, no es cuestionable), toda la culpa es del individuo desviado, que merece consecuentemente una dura respuesta erradicadora (ya no resocializadora) mediante aislamiento y control. Vamos, pues, a peor.

En esta etapa, se vienen utilizando supuestos que causan gran alarma ciudadana para, aprovechando tal alarma y el dolor de las víctimas propagado por los media, introducir reformas de mayor calado punitivo y/o menos garantistas (populismo punitivo).

En definitiva se ha pasado de considerar al delito como un fenómeno social a uno individual, sustituyendo políticas sociales, fiscalidad progresiva real, distribución justa de la riqueza, etc. (encaminadas a remover sus causas), por prisiones y psicólogos (para neutralizar, únicamente, sus efectos; lo que no resolverá la cuestión al seguir indemnes las causas, habida cuenta de que la disuasión por la pena es relativa).

Ahí estamos: en un neoliberalismo salvaje y criminal, mientras declaramos ser un Estado Social y en un contexto de populismo penal que reniega de un proceso resocializador, también proclamado. Quien nos entienda que tenga a bien comprarnos…!!

Jordi Cabezas Salmerón

Jordi Cabezas Salmerón, nacido en Barcelona el 21/12/49, Abogado penalista, es Diplomado Superior en Criminología y Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB, es también profesor del “Master Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal” de esa Universidad y de la Mar del Plata (Argentina) y de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Policía de Cataluña. Asimismo es profesor penalista en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB autor de diferentes ponencias/artículos y del libro “La culpabilidad dolosa como resultante de condicionamientos socioculturales”.

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