En el Perú no existe una política definida contra el feminicidio. Las cifras son alarmantes. Durante el año 2020, se registraron 138 casos de mujeres asesinadas por sus propios esposos, convivientes o parejas.
En lo que va del 2021, se han registrado 47 casos de feminicidios: 15 en enero, 9 en febrero, 10 en marzo y 13 en lo que va de abril. Si bien del primer al segundo mes se produjo una reducción de casos, luego de ello el incremento de esta problemática ha sido sucesivo.
El año 1993 el Estado peruano promulgó la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. Producto de la suscripción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta ley ha tenido múltiples modificaciones con la finalidad de proteger a las mujeres afectadas por la violencia familiar. Sin embargo, en la práctica al parecer no ha tenido el efecto esperado.
Cada vez los crímenes son más sanguinarios: descuartizamientos, quemaduras mortales y hasta la desaparición de los cuerpos bajo tierra o dentro de cilindros con cemento. Esto es síntoma de una sociedad enferma, donde la violencia familiar es el pan de cada día.
Las iniciativas legislativas para controlar y erradicar este delito no son suficientes. Desde junio del 2016 hasta la fecha, el Congreso de la República del Perú ha aprobado tres de veintinueve leyes relacionadas con la violencia contra la mujer. Una de ellas elimina beneficios penitenciarios para aquellas personas sentenciadas por delitos como homicidio o lesiones graves con el agravante de haber tenido como víctimas a mujeres por su condición como tales.
De otro lado, entre los veinticinco países del mundo con mayores tasas de feminicidio, catorce están en Latinoamérica, según un informe del Small Arms Survey de 2016 citado por ONU Mujeres. Pero advierten “que en todo el mundo muchas muertes de mujeres todavía no se contabilizan”.
En México se cometen 10 feminicidios al día. En el año 2020, en Argentina se cometieron un total de 295 feminicidios: una cifra superior a cinco asesinatos a mujeres cada semana y uno cada 29 horas, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN). Un total de 74 mujeres fueron asesinadas en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2021.
Otro estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que en 2019 al menos 4,640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina. Y ONU Mujeres alerta: “no disponemos de datos comparables sobre feminicidio a nivel global”.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará solicita a los Estados parte adoptar medidas legislativas de índole penal (entre otras) que “sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” (art. 7.c de la Convención).
En el estudio “Análisis de Legislación sobre Femicidio/Feminicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo” (2018) (https://tinyurl.com/yfkackv7), tanto el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia (MESECVI) como ONU Mujeres brinda a nuestra región un modelo de ley para abordar la más grave violación de Derechos Humanos de las Mujeres, no sin antes analizar las ya existentes, provocando su debate y mejoría en los casos que se requieran.
En abril, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, María del Carmen Sacasa alertó que los impactos de la pandemia no han sido neutrales frente al género. Una medición que hizo el PNUD con ONU Mujeres, en América Latina, indicó que 50% de las medidas adoptadas por los gobiernos para abordar los impactos sociales y económicos de la covid-19 fueron sensibles al género, y es la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres la problemática que concentra la mayor proporción de medidas.