El presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, asumió el cargo el pasado 28 de julio luego de superar en segunda vuelta electoral a la candidata de la organización Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una elección que se definió por menos del uno por ciento de los votos. Desde entonces, el Presidente del Perú viene afrontando una serie de escándalos causados por miembros de su organización o sus polémicas decisiones, además de investigaciones judiciales en su entorno y las presuntas “reuniones secretas” fuera de agenda oficial en Breña.
Algo grave está sucediendo. Al respecto, la Procuraduría General del Perú denunció el pasado 17 de diciembre ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de obra vial en la Amazonía.
“El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó ante la Fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias”, indica un comunicado de la institución.
Los medios internacionales siguen paso a paso estas denuncias. El portal alemán DW (https://tinyurl.com/2cyh9wk3) informó que la denuncia se sustenta en las presuntas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López y el mandatario. Según Soria, estas se realizaron con el fin de que Castillo intercediera para que el consorcio Puente Tarata III ganase un concurso público para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región amazónica de San Martín.
El consorcio que la empresaria representaba ganó la licitación con un contrato por unos 57, 6 millones de dólares. Las reuniones se realizaron en una vivienda en el distrito limeño de Breña, según informó un programa dominical.
El procurador general explicó en el comunicado una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente también se encuentra inmerso en la conducta de “tráfico de influencias” que se viene investigando en la Fiscalía. Por ello, Soria solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda.
PÉSIMA GESTIÓN
En seis meses de gobierno, el balance inicial es desastroso en materia económica. Los precios de la canasta básica familiar aumentan y las malas decisiones gubernamentales están desalentando la inversión privada. Por si fuera poco, el discurso antiminero y la mano blanda ante el vandalismo de grupos extremistas y el bloqueo de carreteras han obligado a que tres minas hayan decidido cerrar sus operaciones: Antamina (la mayor productora de cobre), Las Bambas y Cerro Lindo. En esta última el bloqueo ilegal impidió que dos mil trabajadores puedan salir de la mina e incluso se quedaron sin alimentos durante ese tiempo.
Cabe mencionar que el campamento de la mina Apumayo, en Ayacucho, fue saqueado e incendiado en octubre por una turba de vándalos, lo que es en la práctica un acto terrorista realizado en medio de la inacción del gobierno.
La pérdida se va a sentir porque estas minas contribuyen con sus impuestos y con el canon minero, que es un dinero que directamente va a manos de los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, también es sabido que por causa de autoridades corruptas estos fondos en su mayoría son mal utilizados. Sin embargo, esto no es responsabilidad de las mineras. El mal uso del canon minero está documentado en varios informes que podemos detallar en un próximo artículo (https://tinyurl.com/yc8j3un3).
En el artículo “Crisis electoral en el Perú” (https://tinyurl.com/yz3fabjh) escribo sobre las elecciones presidenciales: “Debemos señalar que un grupo de políticos solicitó al presidente Francisco Sagasti que pida a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que Pedro Castillo superó por 44,058 votos a Keiko Fujimori”.
En estos seis meses de gobierno los representantes de la bancada de oposición presentaron una moción de vacancia en contra de José Pedro Castillo Terrones, bajo la causal de incapacidad moral permanente para gobernar y generar la inestabilidad política en el país. Entre los grupos parlamentarios que integraron la propuesta: Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular.
Si bien la iniciativa de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Rosa Chirinos, no consiguió los 52 votos que se requerían para ser admitida a debate, es una muestra de que los desaciertos del Gobierno izquierdista tienen una repercusión en la representación nacional.
Además debemos señalar que en el artículo “Inestabilidad política y presidencialismo en el Perú” (https://tinyurl.com/htwmdj9s) escribo sobre la inestabilidad política: “El Consejo de Estado del Perú, formado por el Poder Judicial, Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de la Nación, pidió al presidente izquierdista, Pedro Castillo, mediante un oficio una reunión de urgencia debido a la ‘creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la Administración Pública y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos’”.
Por si fuera poco, en su último informe, la Defensoría del Pueblo registró 199 conflictos sociales al mes de noviembre 2021 y alerta 25 casos que demandan atención oportuna (https://tinyurl.com/57k4jcsv). Esta cifra no se registraba desde octubre del 2018. ¿Qué factores han generado el aumento de la conflictividad? El defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, indicó que la diferencia con el 2018 es que ahora vivimos un clima de inestabilidad política.
Yo agregaría, además de la inestabilidad política, los indicios de corrupción en este gobierno, donde uno de los casos más sonados es el de “Los Dinámicos del Centro”. Según la tesis fiscal, existe una presunta red criminal relacionada con la emisión irregular de licencias de conducir en la región Junín. Si bien en un inicio se había limitado a investigar a funcionarios y personas relacionadas al Gobierno Regional (GORE) de Junín, la fiscalía de la Nación ha reunido testimonios que apuntan a un presunto financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre (PL). Esta investigación se inició en el año 2019, luego de informes emitidos por la División de Investigaciones de Alta Complejidad – Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. La Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
Uno de los implicados es Vladimir Cerrón, cuestionado exgobernador regional de Junín y secretario general de la organización gobernante Perú Libre, a quien la Fiscalía Anticorrupción señala como el presunto cabecilla de la organización criminal Los dinámicos del centro. Esto se realizó durante la audiencia de prisión preventiva contra los 18 presuntos integrantes de esta organización que se programó el martes veintiocho de septiembre. La fiscal a cargo de este caso, Vanessa Díaz, ha señalado que el presunto fin de esta organización habría sido acopiar dinero para la organización gobernante Perú Libre y para el propio beneficio económico de Vladimir Cerrón.