En un ensayo anterior, afirmamos que los retos del periodismo de investigación son cómo encontrar información valiosa para el público; cómo valorarla, analizarla y contextualizarla; cómo transmitirla de forma que traspase el caos de la hiperinformación y llegue al público que la necesita. En síntesis, busca “Discernir entre la realidad y la fantasía, entre los hechos reales y la propaganda”.
Surge la pregunta: ¿eso se está realizando en el periodismo peruano actualmente? Por lo pronto, en estos últimos meses la prensa peruana está revelando indicios de presuntos actos de corrupción en este gobierno y su entorno, lo cual evidencia que todavía está pendiente la reforma total del Estado peruano, así como la investigación y sanción a quienes resulten responsables.
Sin duda, el periodismo de investigación peruano sí está realizando aportes valiosos a la sociedad y a la democracia, así como al mantenimiento del orden público, cumpliendo las funciones básicas de informar y opinar.
Y no necesariamente, el periodismo de investigación se dedica a los “grandes temas nacionales”, sino también hay valiosas investigaciones en distritos y caseríos que han revelado redes de corrupción en provincias.
Según Tom Wicker: “En las alcaldías de los pueblos más oscuros, siempre hay manos que se deslizan en la caja de los dineros; al público lo mismo pueden defraudarlo el tesorero de dedos pegajosos de un condado que una corporación transnacional que evade impuesto o el Pentágono que efectúa un contrato ilícito de armas”. Y con esa afirmación Wicker entra ya en el terreno de lo privado: las empresas comerciales que fabrican y venden productos en mal estado poniendo en peligro la seguridad o la salud de los consumidores también deben ser investigadas.
Voy a realizar una breve reseña histórica. En el Perú ha habido muchos casos o “destapes” del periodismo de investigación. Por ejemplo, el descubrimiento de las fosas comunes donde fueron enterrados los estudiantes asesinados por paramilitares del “grupo Colina” en La Cantuta, fue una investigación de la revista “Sí”.
Al igual que lo sucedido con la llamada “Matanza de Barrios Altos” (el asesinato de varias personas durante una pollada a manos de un comando de aniquilamiento paramilitar conocido como Grupo Colina), ambos casos motivaron a que años después el Poder Judicial condenó a pena privativa de la libertad al expresidente Alberto Fujimori por delito de “lesa humanidad”, bajo la teoría de que al ser presidente era responsable de las acciones aisladas que cometieron un grupo de militares. Esto es materia de otra polémica.
Otro caso donde el periodismo difundió contenidos de alto impacto político, fue el llamado caso “Vladivideos”, porque develó las redes de corrupción del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Fujimori, lo cual trajo su inmediata crisis y posterior dimisión.
Sin duda, otro caso donde el periodismo poco a poco fue filtrando información crucial es el llamado “Caso César Álvarez”, la presunta red de corrupción en el gobierno regional de Áncash y de su hoy encarcelado exgobernador regional César Álvarez. A consecuencia del asesinato del consejero regional Ezequiel Nolasco, La República y otros medios iniciaron una serie de reportajes que denunciaban los actos de corrupción en Áncash y de su cabeza César Álvarez.
Según el exparlamentario Mesías Guevara, “en Ancash se produjo presuntamente una alianza estratégica entre la red de corrupción de César Álvarez y una red de impunidad, formada por fiscales, jueces y policías, con el fin de favorecer con los dineros públicos”.
Otros casos ventilados ampliamente por la prensa de investigación peruana son los de la dupla Alberto Fujimori-Vladimiro Montesinos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala-Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynsky, Martín Vizcarra y actualmente el gobierno de Pedro Castillo, el caso “Lava Jato”, el “Club de la construcción”. Recientemente se volvió viral la existencia de “Los dinámicos del centro”, una presunta organización criminal en Junín.
El caso de las presuntas “agendas” de Nadine Heredia también fue mediático. Un reportaje del programa Panorama afirmó la existencia de supuestos documentos de la exlideresa del Partido Nacionalista entregados por el excongresista nacionalista, Álvaro Gutiérrez. De todo el material, lo más importante era el contenido de cuatro agendas donde, presuntamente, Heredia habría llevado las cuentas de su agrupación política con una cantidad de nombres y montos que demostrarían aportes millonarios sin una procedencia clara. La sociedad peruana espera el pronunciamiento de las autoridades sobre este tema y otros.
A partir de lo expuesto, podemos concluir que el periodismo de investigación tiene por objetivo el promover reformas, exponer injusticias, desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, demostrar cómo funcionan los organismos públicos, dar información a los electores sobre los políticos y sus intenciones de actuación, reconstruir acontecimientos importantes. En síntesis, contar “verdades incómodas” y darle al lector las verdades que otros no quieren que se sepan.
En el Perú, el periodismo de investigación ha cumplido y viene cumpliendo una labor de información y de fiscalización del poder. Si bien es cierto, no tiene poder coactivo ni sancionador (lo cual sólo lo tienen las fuerzas policiales y el Poder Judicial), realiza “destapes” de casos de corrupción y de delitos en los organismos públicos y los pone en la mira de la opinión pública.
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