La corrupción constituye otro de los factores que erosionan la estabilidad
democrática. Durante años hemos visto cómo distintos gobiernos
latinoamericanos, independientemente de su orientación política, terminaron
envueltos en escándalos de sobornos, tráfico de influencias o redes clientelares.
Ese fenómeno destruye la confianza pública porque transmite la sensación de que
las reglas solo existen para algunos.
Combatir la corrupción exige mucho más que discursos moralistas. Requiere
instituciones independientes, organismos fiscalizadores eficientes, transparencia
administrativa y sanciones efectivas. Pero también demanda reducir aquellos
espacios donde la discrecionalidad política facilita la captura del Estado por
intereses particulares.
Existe una relación directa entre exceso de burocracia y oportunidades para la
corrupción. Cuantos más trámites innecesarios enfrenta un ciudadano o un
empresario, mayor es el riesgo de que aparezcan intermediarios informales, pagos
indebidos o favores políticos. Simplificar procedimientos no solo favorece la
actividad económica; también fortalece la ética pública.
Como periodista he observado durante años un fenómeno recurrente. Cada crisis
política suele venir acompañada por promesas de refundación nacional. Cambian
los lemas, los discursos y los protagonistas, pero pocas veces se aborda el
verdadero problema: la debilidad institucional. Pareciera que siempre buscamos
soluciones extraordinarias para dificultades que, en el fondo, requieren reformas
persistentes y paciencia democrática.
La consolidación del Estado de derecho representa precisamente ese tipo de
reforma silenciosa. No produce titulares espectaculares de un día para otro. Sin
embargo, genera efectos acumulativos que terminan fortaleciendo toda la
estructura social. Cuando los ciudadanos saben que las leyes serán aplicadas sin
privilegios, disminuye la incertidumbre y aumenta la confianza colectiva.
Otro aspecto fundamental es la defensa de la libertad económica. Este concepto
suele ser malinterpretado como una invitación al descontrol o a la ausencia
absoluta del Estado. Nada más distante de la realidad. Una economía
verdaderamente libre necesita un Estado fuerte en sus funciones esenciales: proteger derechos, garantizar contratos, promover competencia y sancionar
prácticas ilegales.
El problema aparece cuando el Estado pretende reemplazar sistemáticamente la
iniciativa privada en actividades donde esta puede actuar con mayor eficiencia. La
experiencia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de empresas públicas
deficitarias, controles de precios que terminaron generando desabastecimiento o
regulaciones excesivas que incentivaron la informalidad.
El Perú posee enormes ventajas competitivas. Su riqueza minera, agrícola,
pesquera y energética constituye una plataforma excepcional para impulsar el
desarrollo nacional. Sin embargo, ese potencial solo podrá traducirse en bienestar
si existe un entorno favorable para la inversión responsable, acompañado por
instituciones que garanticen transparencia, sostenibilidad ambiental y respeto a las
comunidades.
No basta con atraer capitales. También es indispensable construir confianza entre
el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Las inversiones más exitosas
suelen ser aquellas donde las reglas están claras desde el inicio y donde los
conflictos encuentran canales institucionales para resolverse sin violencia.
La democracia también depende de esa confianza. Una ciudadanía que percibe
crecimiento económico, oportunidades laborales y servicios públicos de calidad
desarrolla mayores incentivos para defender el sistema democrático. Por el
contrario, cuando predominan el desempleo, la inflación y la incertidumbre,
aumentan las voces que ofrecen soluciones autoritarias o populistas.
América Latina ha conocido demasiado bien las consecuencias de esas promesas
fáciles. Líderes que concentraron poder con el argumento de representar al pueblo
terminaron debilitando la independencia judicial, restringiendo libertades
económicas y deteriorando la calidad institucional. Recuperar esos espacios suele
tomar muchos años.
A veces me pregunto por qué cuesta tanto instalar este debate en términos de
largo plazo. Tal vez porque la política cotidiana vive atrapada por la urgencia
electoral. Sin embargo, las naciones que hoy exhiben instituciones sólidas no las
construyeron en un solo gobierno. Fueron el resultado de consensos,
perseverancia y respeto por reglas que trascendieron a los líderes de turno.
El Perú necesita precisamente esa visión. No una democracia que sobreviva de
crisis en crisis, sino una democracia capaz de ofrecer estabilidad, crecimiento y
confianza. Eso implica fortalecer el sistema judicial, profesionalizar la
administración pública, combatir la corrupción sin selectividad política y promover una economía donde el mérito, la innovación y el emprendimiento sean
recompensados.
Las instituciones fuertes y la economía de mercado no constituyen objetivos
separados. Se alimentan mutuamente. Sin seguridad jurídica no hay inversión
sostenible; sin inversión no existe crecimiento duradero; sin crecimiento resulta
mucho más difícil financiar políticas públicas eficaces y consolidar una democracia
estable.
En última instancia, la estabilidad política no depende únicamente de quién gane
las próximas elecciones. Depende de que las reglas permanezcan por encima de
las coyunturas, de que la ley sea respetada sin excepciones y de que la libertad
económica continúe siendo un instrumento para ampliar oportunidades y no un
privilegio reservado para unos pocos. Allí radica, a mi juicio, uno de los mayores
desafíos del Perú y de América Latina en las próximas décadas. Más que
reinventar constantemente el sistema, necesitamos fortalecer aquello que permite
a una sociedad prosperar con libertad, responsabilidad e instituciones capaces de
resistir el paso del tiempo.
Raúl Allain