Hay momentos en la historia de un país en los que resulta inevitable hacerse una
pregunta incómoda: ¿por qué algunas naciones logran construir prosperidad
sostenida mientras otras parecen condenadas a repetir las mismas crisis políticas
y económicas? Llevo años observando el debate público peruano y
latinoamericano, y cada vez encuentro menos respuestas en los discursos
grandilocuentes y más en la fortaleza —o debilidad— de las instituciones.
En el Perú solemos discutir nombres propios. Cambian los presidentes, los
ministros, los congresistas y los partidos, pero con demasiada frecuencia
permanecen intactos los problemas estructurales. Esa dinámica genera una
sensación de agotamiento ciudadano. Cada nueva crisis parece presentarse como
inédita, cuando en realidad responde a deficiencias acumuladas durante décadas:
un Estado de derecho vulnerable, una burocracia ineficiente, una justicia
cuestionada y una economía que, pese a su potencial, convive con enormes
niveles de informalidad.
Desde una perspectiva sociológica, las instituciones no son simples edificios
públicos ni oficinas estatales. Son reglas compartidas, mecanismos de confianza y
límites al poder. Cuando funcionan correctamente, permiten que las diferencias
políticas se procesen dentro de un marco democrático. Cuando fallan, la
incertidumbre termina reemplazando a la estabilidad, y los ciudadanos comienzan
a desconfiar tanto del Estado como del mercado.
No deja de sorprenderme que, en buena parte de América Latina, todavía existan
sectores políticos que consideran la inversión privada como una amenaza antes
que como una oportunidad. Esa visión suele partir de una falsa dicotomía: como si
defender la empresa significara renunciar a la justicia social. En realidad, ambas
dimensiones pueden complementarse cuando existen reglas claras, competencia
leal y un Estado capaz de hacerlas cumplir.
La economía de mercado no es perfecta. Ningún sistema humano lo es. Sin
embargo, la evidencia acumulada durante las últimas décadas muestra que las
sociedades con mayores niveles de libertad económica suelen registrar también
mejores indicadores de crecimiento, innovación, reducción de pobreza y
generación de empleo. No es una casualidad. Cuando las personas tienen incentivos para emprender, invertir y producir, el conjunto de la economía gana dinamismo.
En el caso peruano, basta recordar los años posteriores a las reformas
económicas de la década de 1990. Más allá de los debates políticos que aún
despierta ese periodo, resulta difícil negar que el país experimentó una etapa
prolongada de crecimiento, reducción de la inflación y expansión de la inversión
privada. Millones de peruanos accedieron por primera vez a bienes, servicios y
oportunidades que antes parecían reservados para una minoría.
Eso no significa que todos los problemas quedaran resueltos. La desigualdad
persistió en diversos territorios y la informalidad continuó afectando a una parte
importante de la población económicamente activa. Pero sería un error concluir
que la respuesta consiste en debilitar el mercado. Más bien, el desafío pasa por
fortalecer las instituciones para que los beneficios del crecimiento alcancen a un
número mayor de ciudadanos.
Aquí aparece un concepto muchas veces subestimado: la seguridad jurídica. Para
algunos puede sonar excesivamente técnico. Sin embargo, sus efectos son
profundamente cotidianos. Un pequeño empresario que decide ampliar su negocio
necesita confiar en que las reglas tributarias no cambiarán arbitrariamente. Un
agricultor requiere la certeza de que la propiedad de su terreno será respetada. Un
inversionista nacional o extranjero evalúa si los contratos serán cumplidos y si los
jueces actuarán con independencia.
Cuando esas garantías desaparecen, la inversión se retrae. Y cuando la inversión
disminuye, también lo hacen el empleo formal, la innovación y el crecimiento
económico. En otras palabras, la incertidumbre política termina golpeando
directamente el bolsillo de las familias.
Lo mismo ocurre con la estabilidad institucional. Ningún país puede aspirar a
consolidar una economía competitiva si vive permanentemente atrapado en
enfrentamientos entre los poderes del Estado, procesos de vacancia, crisis
ministeriales o cambios constantes de políticas públicas. La inversión, como
cualquier decisión racional, necesita previsibilidad.
En América Latina existen ejemplos que ilustran con claridad esta realidad. Países
que fortalecieron sus instituciones económicas lograron atraer mayores flujos de
capital, diversificar sus exportaciones y consolidar clases medias más amplias. En
cambio, aquellos donde predominó el intervencionismo excesivo, la inseguridad
jurídica o la concentración arbitraria del poder enfrentaron procesos de deterioro
económico, fuga de inversiones e incremento de la pobreza.
No se trata únicamente de cifras macroeconómicas. También hablamos de
expectativas. Una sociedad que cree en el futuro invierte, estudia, emprende y
planifica. Una sociedad que vive bajo la incertidumbre política aprende, en cambio,
a sobrevivir día a día.
Raúl Allain