¿Impuestos directos o indirectos? Un dilema económico de clase por Alberto Garzón Espinosa

El gobierno ha subido recientemente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a instancias de la troika y siguiendo las directrices clásicas de subir la tributación indirecta. Esta práctica, muy alabada por los liberales, tiene enormes consecuencias negativas sobre la capacidad adquisitiva de la población y sobre la redistribución de la renta. Voy a intentar exponerlo de forma sencilla en este post.

La dinámica capitalista es, por definición, generadora de desigualdad. Desde el punto de vista marxista esto es debido a la pauta de explotación en la distribución de la renta y desde el punto de vista más convencional porque la desigualdad es necesaria para avanzar económicamente. La tesis neoclásica –teoría económica que justifica las políticas neoliberales- entiende que esa desigualdad es necesaria y que la economía generará un “trickle down” o efecto goteo que hará que todos los ciudadanos se beneficien del proceso de crecimiento aunque exista desigualdad. No obstante, el Estado dispone de mecanismos para corregir la desigualdad creciente.

El principal mecanismo de este tipo es el sistema fiscal, que si está bien diseñado permite que se realice una redistribución de la renta desde las unidades económicas más ricas hacia las unidades económicas más pobres, a través de canales como los servicios públicos o las transferencias monetarias.

A partir del diseño del sistema fiscal el Estado obtiene ingresos con los que financiar sus políticas de redistribución de la renta, y de todos ellos los más importantes son los impuestos y las cotizaciones sociales. En 2011 ambos conceptos sumaron el 88’3% de los ingresos totales del Estado, pero en 2012 y como consecuencia de la caída en los impuestos el total sumado es de 77’8%. La caída en los impuestos prevista en los Presupuestos Generales de 2012 es del 17%, aunque seguramente sea mucho mayor, lo cual es debido a la crisis económica y el efecto que genera en los distintos impuestos.

Los impuestos también pueden diseñarse de diferentes formas, con efectos fiscales y redistributivos muy distintos en función de dicho diseño. Los impuestos pueden clasificarse en dos tipos, directos e indirectos, y definirse por su efecto sobre la justicia fiscal a partir de tres tipos: progresivos, proporcionales y regresivos.

Los impuestos directos son aquellos que se aplican sobre la manifestación directa de la riqueza, es decir, sobre el ingreso recibido por el individuo o empresa y sobre el patrimonio que cada uno tiene (casas, viviendas, etc.). Los impuestos indirectos, en cambio, se aplican sobre la manifestación indirecta de la riqueza, como puede ser el consumo. Ejemplos de impuestos directos son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS), mientras que ejemplos de impuestos indirectos son el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En términos de justicia fiscal es más justo subir los impuestos directos porque tienen en cuenta directamente la riqueza original y no su manifestación indirecta. Es decir, los impuestos indirectos se aplican a todas las personas por igual sin atender a que ganen más o menos (por ejemplo paga lo mismo en IVA sobre compresas la mujer rica que la mujer pobre).

Pero en la configuración y diseño de cada impuesto hay que tener en cuenta cómo se hace para determinar cuánto se paga. Si todos pagan el mismo porcentaje de impuestos se dice que es un tipo proporcional. Si todos pagáramos el 20% de nuestro salario, los ricos pagarían más que los pobres porque se les aplicaría el mismo porcentaje sobre una cantidad mayor. Sin embargo, no es un modelo justo y por esa razón no es el modelo vigente en España. No obstante, es el modelo preferido por los liberales y en los últimos años ha sido defendido por sectores importantes del PSOE (baste ver el artículo que escribió en 2006 el entonces ministro Miguel Sebastián [1]).

Afortunadamente la constitución española exige que los impuestos sean progresivos, es decir, que pague más quien más tiene pero no sólo en cantidades absolutas (como ocurre con el tipo proporcional) sino también en el porcentaje de gravamen aplicado. Para hacerlo se estructuran tramos de renta, de modo que por ejemplo de 0 a 20.000 euros en ingresos no se pagan impuestos, de 20.000 a 30.000 euros se paga un 15%, de 30.000 a 40.000 un 20%, etc. Eso hace que en teoría los más ricos tienen que pagar un porcentaje de impuesto mayor (llamado tipo efectivo).

Si el sistema está bien diseñado y la cantidad de impuestos directos es mayor a la de indirectos y además son lo más proporcionales posibles, los mecanismos de redistribución de la renta del Estado pueden funcionar con éxito. Esto es así porque el Estado obtiene ingresos fundamentalmente debidos a los más ricos, y sin embargo utiliza esos ingresos para pagar servicios públicos de los que se benefician sobre todo los más pobres. Es una forma de hacer justicia a través de un sistema fiscal solidario.

Sin embargo y desgraciadamente en la práctica esto no funciona así. En las últimas décadas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han bajado los impuestos directos, reduciendo la fuerza solidaria del sistema e introduciendo debilidades graves que han hecho que el Estado esté subfinanciado. A los más ricos les interesa acabar con el sistema fiscal actual porque si lo consiguen no se verán obligados a pagar los servicios públicos a los más pobres, de modo que los partidos que han representado a los ricos han facilitado las llamadas rebajas fiscales (bajadas de impuestos a los más ricos, tanto individuos como empresas). El PSOE llegó a retirar el Impuesto de Patrimonio, asegurar que bajar impuestos era de izquierdas e incluso a pedir, como hemos señalado, que se instaurara un tipo proporcional en vez de mantener tipos progresivos.

Todo ello debilitó la eficacia del sistema fiscal, lo que se sumó a las enormes fallas que existían debido a los paraísos fiscales y el fraude fiscal. España es, de hecho, la décima potencia mundial en fraude fiscal, con una estimación de un 22’5% de economía sumergida[2]. Se pierden, por la vía de la evasión fiscal, más de 100.000 millones de dólares en ingresos potenciales. Una cantidad muy superior a la que se exige como recortes en sanidad y educación. Además, según los técnicos de Hacienda las grandes empresas y las grandes fortunas son responsables de más del 70% del fraude fiscal, el cual cuantifican en 40.000 millones de euros[3]. A todo ello hay que sumarle las prácticas de elusión fiscal, es decir, de aquellas estrategias legales de planificación fiscal que se aprovechan de las diferencias en las legislaciones entre países para no pagar apenas impuestos[4]. Todo ello significa que, en la práctica, nuestro sistema fiscal es profundamente regresivo.

Es decir, que en la práctica y tanto por la acción como por la pasividad de los gobiernos españoles, nuestro sistema fiscal no corrige la desigualdad sino que de hecho la aumenta. Y desgraciadamente además de empobrecer a la mayoría de la población y deteriorar el crecimiento económico por la disminución de la demanda agregada, las últimas medidas del gobierno no hacen sino agudizar la desigualdad, con el agravante de que sigue vigente la amnistía fiscal a los grandes evasores.

Fuente: agarzon.net