La defensa a ultranza por parte del Gobierno de la tauromaquia, con dinero público, contrasta con las trabas para ayudar a los desahuciados y los recortes sociales. Por su parte, investigadores, rectores de universidades y sindicatos denuncian del Gobierno “la destrucción paulatina del sistema de I+D+i”.
Toreando a los ciudadanos
El martes de esta semana en el Congreso de los Diputados se han votado dos iniciativas legislativas populares (ILP) ante las que el grupo popular ha mostrado actitudes contrapuestas, una relacionado con medidas para ayudar a los hipotecados en apuros y otra para defender el mundo de los toros.
Los populares han reculado a última hora para no tumbar finalmente, ya de entrada, la ILP relacionada con los desahucios, que cuentan con más de 1, 4 millones de firmas, pero ponía la alfombra roja para la iniciativa para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural, que obtuvo casi 600.000 rúbricas. Esta última iniciativa partía de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña a raíz de que las corridas de toros fueran prohibidas en Cataluña desde el pasado año. El PP, UPyD y UPN habían anunciado previamente su apoyo y la iniciativa ha sido admitida a trámite con 180 votos favorables, 40 en contra y 107 abstenciones -procedentes del PSOE-.
A la hora de defender en el pleno la ILP, el PP ha apelado a los derechos constitucionales de igualdad y libertad de cada español para “ir o no ir a los toros según su voluntad”, ante la complacencia de varios toreros presentes en la tribuna de los invitados, como José María Manzanares, “El Niño de la Capea”, “El Juli” o Andrés Vázquez. El portavoz popular en este asunto, Juan Manuel Albendea, ha presentado como aval la protección a los toros que ya han concedido otras administraciones controladas por el PP, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid o la Junta de Castilla-La Mancha.
Sin embargo, el debate de la tauromaquia no se limita a si poder asistir o no a un espectáculo que levanta pasiones y animadversión, si no también si la “fiesta nacional” debe seguir siendo sostenida artificiosamente con dinero público.
El propio ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ya anunció a poco de asumir el cargo que una de sus prioridades sería fomentar la cultura del toro aumentando el dinero para tal fin y anunciando la colaboración de las comunidades autónomas, siendo secundado por Madrid o Castilla-La Mancha. Algunos alcaldes populares como el de Valladolid han destinado hasta 180.000 euros a subvencionar eventos taurinos, y las ayudas municipales para tal fin se reproducen en toda España, a pesar de los recortes en todo tipo de áreas sociales.
Y no solo eso. Hasta la propia TVE, controlada por el PP, ha vuelto a emitir corridas de toros, lo que conlleva lógicamente el pago de los derechos de retransmisión que nutren así por otra vía, además de las subvenciones directas, a la “fiesta ‘nacional”.
Entre agosto y octubre de 2006 (antes de que con el Gobierno socialista suprimiera la retransmisión de las corridas), se destinaron a tal fin 839.752 euros con apenas un retorno publicitario de 289.697 euros, es decir, un ejercicio claramente deficitario que tampoco se justifica por los escasos niveles de audiencia.
“Sangría” en investigación
Sin embargo, la comunidad científica está indignada y ha alertado que el Gobierno está haciendo “una sangría en la plantilla” de los centros de investigación del país y que estos recortes llevarán a España “al colapso”.
Así lo indica un comunicado publicado por el Colectivo Carta por la Ciencia que agrupa a las sociedades científicas de toda España, rectores, investigadores jóvenes y sindicatos (COSCE, CCOO, UGT, Plataforma de Investigación Digna, CRUE, Federación de Jóvenes Investigadores y Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal).
El colectivo resalta que “el Ministro de Economía y Competitividad (Luis de Guindos), debe asumir su responsabilidad política por la desastrosa estrategia adoptada por el Gobierno” y alerta de que este “ha demostrado que la desaparición de la Investigación en el organigrama ministerial ha supuesto, de facto, la destrucción paulatina del sistema de I+D+i español”.
El colectivo también arremete contra el ministro, que ha negado los recortes en ciencia y manifiestan que “ es absolutamente falso que la I+D+i haya crecido un 5% en los Presupuestos” como anunció De Guindos hace unos días.
Denuncian, además, que el nivel de financiación actual es más bajo que el de 2005 y exigen “a los parlamentarios y políticos una rectificación inmediata de las políticas que se están implantando y que llevan a nuestra sociedad a la indignación y a la desesperanza”.
Explican en el documento cómo el Gobierno ha recortado los principales programas para financiar contratos para investigadores, sostener el trabajo de centros de investigación o mantener las cuotas de España en centros internacionales como el CERN o la ESA.
Al mismo tiempo, critican duramente la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, los dos documentos que presentarán en el Congreso para ser aprobado.
En estos documentos, aseguran, se fija el objetivo de que España alcance al final de esta década una inversión en I+D equivalente al 2% del PIB. Sin embargo, los científicos denuncian ese nivel ya que “es menos de lo que la media de la UE tiene ya hoy” y llega “con una década de retraso”. “Además esta previsión se basa en una disminución paulatina de la inversión pública que se verá compensada por un aumento progresivo de la inversión privada, pero las propias estadísticas oficiales demuestran que, incluso en un momento de expansión económica, la aportación empresarial a la I+D+i, disminuyó”.
El colectivo también denuncia que es falso que los documentos se elaborasen con un amplio consenso, ya que, los sindicatos UGT y CCOO, incluidos en el colectivo, votaron en contra.