A la luz de los datos, el estado de cosas contra el que se rebelaron los indignados hace dos años sólo ha empeorado. Más paro, menos derechos laborales, prestaciones sociales más reducidas, impuestos más altos y servicios públicos recortados componen la radiografía de un país sumido en la recesión.
Las reivindicaciones eran muchas –se llegaron a recoger miles de propuestas en los buzones que durante aquellos días de acampadas de mayo de 2011 se multiplicaban en las plazas de toda España– y muy variadas. De grandes cambios legislativos o estructurales a medidas encaminadas a favorecer la participación ciudadana y el control de lo público. No obstante, la mecha que prendió esa ola de rebeldía sí tenía algunos conceptos respaldados por un amplio consenso: más y mejor democracia, transparencia en las instituciones, mantenimiento de los servicios y las prestaciones públicas, medidas contra la corrupción, vivienda digna, empleo con derechos, fomento de la cultura…
¿Qué ha pasado con ese estado de cosas contra el que se rebelaron los indignados hace dos años? A la luz de los datos, sólo ha empeorado.
DERECHOS LABORALES
La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en febrero de 2012 impone como norma el despido con 20 días de indemnización por año trabajado y con un máximo de doce mensualidades, pues pueden acogerse a esta fórmula las compañías que, aun teniendo beneficios, puedan demostrar una caída de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos. De esta forma se ampliaron las causas que detallaba la reforma que el Gobierno de Zapatero implantó en 2010, que incluía la existencia de pérdidas como motivo de despido objetivo.
Desde febrero de 2012, además, las empresas pueden despedir de forma colectiva sin necesidad de una autorización administrativa. Y para conseguir la indemnización de 33 días, los trabajadores tienen que pelear ante el juez. La indemnización por despido improcedente también se abarató en estos dos años, pues se redujo de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en lugar de las 42 que se aplicaban antes. Los conservadores también modificaron la negociación colectiva, pues si un convenio no se renueva en dos años, se pierden los derechos adquiridos.
PRESTACIONES SOCIALES
En el primer trimestre de 2011, la tasa de paro se situó en el 21,29%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Dos años después, este indicador ha aumentado en casi 6 puntos hasta llegar al 27,16%. Según datos de la EPA, considerada la radiografía más fiable del mercado laboral, de los primeros tres meses de 2011 a la misma fecha de este año se ha destruido más de 1,5 millones de empleos. La especial incidencia de la crisis entre los más jóvenes tampoco se ha revertido desde que estallaran las protestas de los indignados. La situación sigue siendo dramática. Según datos de la EPA, el paro juvenil ha aumentado desde entonces en más de 12 puntos, de un 45 a un 57%. Son más los que quieren trabajar y no pueden que los que tienen un empleo. En estos dos años, también se ha adelgazado la cobertura social de los parados, pues en julio de 2012 se redujeron las prestaciones a partir del sexto mes (del 60% al 50% de la base de cotización) y también se ha reducido la partida destinada a políticas de fomento de empleo, que ha pasado de 7.322 millones en 2011 a 3.771 en 2013.
SALARIOS Y PENSIONES
Desde 2011 los pensionistas no reciben compensación alguna por la subida de los precios. Desde entonces, se calcula que la pérdida media acumulada del valor real de una prestación se acerca a los 850 euros anuales. Esto ocurre porque, a pesar de que las pensiones sí subieron un 1% –un 2% este último año para las de menos de 1.000 euros– en el inicio de los años 2012 y 2013 –no fue así en 2011, cuando se congelaron por primera vez en la historia–, estas pagas no se actualizaron conforme a la desviación del IPC.
Los trabajadores también han perdido poder de compra en estos dos años. El sueldo de los tres millones de empleados públicos se ha mantenido congelado durante este tiempo e incluso sufrieron el recorte de la paga extra de Navidad de 2012, lo que, según los sindicatos, les hizo perder un 30% de su poder adquisitivo. Además, el nuevo marco laboral aprobado por el PP en febrero de 2012 da a los empresarios la posibilidad de rebajar los salarios a discreción cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Según los cálculos realizados por UGT a partir de la Encuesta Trimestral sobre Costes Laborales que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE),los trabajadores españoles han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 6,5% en 2012. En 2011 fue del 1%.
IMPUESTOS
Las subidas de impuestos también han hecho que en estos dos años los españoles hayan perdido poder de compra. En diciembre de 2011 el Gobierno acordó la subida del IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Tres meses después acordó una amnistía fiscal para defraudadores y en plenas vacaciones de verano de 2012 subió el IVA. El tipo general pasó en septiembre de ese año del 18% al 21% y el reducido, del 8% al 10%. El superreducido se mantuvo en 4%. Estas subidas no han estado acompañadas, sin embargo, de otras medidas muy demandadas por los indignados como la modificación de la tributación de las Sicav o el impuesto a las grandes fortunas. Sí se han creado aumentado o creado nuevas tasas como las que gravan los recursos de apelación (pasaron de los 300 euros que antes sólo pagaban las empresas a los 800 que paga ahora cualquiera que reclame. Los recursos de casación ante el Tribunal Supremo pasaron de costar 600 a 1.200 euros.
TRANSPARENCIA Y LEY ELECTORAL
Entre las demandas de Democracia Real Ya (DRY) y las asambleas surgidas tras el 15-M sobresalía la demanda de aprobar una ley que obligue a las administraciones a divulgar toda la información que tengan. En plena campaña electoral, Rajoy se marcó un plazo de 100 días para poner en marcha esa ley en el caso de llegar a la Moncloa. Llegó hace más de un año y esa promesa se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Ejecutivo. Empezó teniendo como objetivo a la Administración Pública. Y ahora que, tras el debate sobre el estado de la Nación, se acordó la inclusión de partidos, sindicatos, Casa del Rey e, incluso, la Iglesia, el proceso se ha ralentizado por el encaje legal de cada uno de estos nuevos actores.
Los indignados también pedían reformar la Ley Electoral para que sea más proporcional y dé más oportunidades a los partidos pequeños. Nada se ha avanzado en ese frente.
EDUCACIÓN
El “desmantelamiento” de los servicios públicos que denunciaban los indignados en mayo de 2011 tampoco se ha revertido en los últimos dos años. De hecho, la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. Desde ese año los presupuestos educativos se han reducido en 6.000 millones de euros. En las escuelas españolas hay miles de profesores menos –62.000 según un informe de CCOO–, se han cancelado programas de atención a la diversidad y apoyo escolar y ha empezado a haber problemas para pagar la luz, la calefacción o las fotocopias. Al mismo tiempo, han descendido las ayudas para la compra de libros de texto con un recorte en la dotación a esta partida del 76% y también se han reducido las becas de comedor, pues muchas autonomías han acotado el acceso a estas ayudas a colectivos con dificultades económicas. Por otro lado, ha aumentado en un 20% el número de alumnos por aula y hasta en un 50% el precio de las matrículas universitarias.
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
El gasto en sanidad ha caído un 10,6% desde 2010. En 2012, el Gobierno redujo en 7.000 millones el presupuesto y para este año el recorte ha sido del 22,6%. Para intentar encajar las cuentas, algunas comunidades han recurrido al euro por receta o a la sanidad privatizada, como son los casos de Madrid, Valencia o Cataluña. Aunque la reforma del sector todavía está por perfilar, en estos dos años, el Gobierno del PP ha aprobado la exclusión sanitaria de los sinpapeles, que han dejado de tener acceso a la atención gratuita, los pensionistas han comenzado a pagar por los medicamentos que requieren y más de 400 medicamentos han sido excluidos de la cartera básica. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha reducido más de un tercio la partida destinada a políticas de igualdad y prevención de la violencia machista, lo que ha dejado tocada, por ejemplo, la financiación de campañas de investigación y prevención contra el VIH.
El de los dependientes es uno de los colectivos más maltratados en los presupuestos de los dos últimos años. En 2011, el ministerio señaló que los beneficiarios moderados no se incluirían en el sistema hasta un año después. Poco más de un año después, en marzo de 2012, el Gobierno anuló la partida que se repartía entre las comunidades –283 millones– y que suponía un 15% de la cuantía total. En julio, el Ejecutivo recortó un 15% la paga que reciben los cuidadores de los dependientes y dejó de hacerse cargo de su pago a la Seguridad Social. Ahora, el Programa Nacional de Reformas 2013 recoge un recorte extra para este año de 958 millones.
CULTURA E INVESTIGACIÓN
Asistir a un espectáculo es, desde el pasado septiembre, 13 puntos más caro. Fue en ese momento cuando el Gobierno subió del 8 al 21% el IVA sobre las actividades culturales, lo que ha supuesto importantes pérdidas para el sector y una mayor dificultad de acceso de los ciudadanos a la cultura. El ivazo afecta a un mercado, el cultural, muy maltrecho y a una industria que genera en España, según los datos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 503.700 empleos y supone el 4% del PIB. Organizadores de festivales e instituciones que fomentan la cultura como el Instituto de la Cinematografía y Artes Visuales o el Fondo de Protección a la Cinematografía han visto reducidas e incluso eliminadas sus subvenciones.
Articulo de Elena Herrera, visto en www.infolibre.es
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