En julio de 1997 el concejal vasco del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado y asesinado por ETA. Pasados dieciséis años de aquel trágico hecho, los populares han conmemorado la efeméride. El sábado me quedé atónita cuando oí a uno de sus dirigentes. No podía creer que Esteban González Pons quisiera desmarcar su partido del caso Bárcenas -justamente, ayer domingo, El Mundo publicaba sms entre el extesorero y Rajoy- estirando del chicle del pobre concejal muerte: “El PP no se Bárcenas, el PP se Blanco “. De inmediato comprobé que el PP sigue viviendo de los réditos obtenidos de Ermua.
La estrategia de la movilización social contra ETA-recurso empleado por el expresidente José María Aznar para combatir el terrorismo-tiene su origen sobre todo a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco. En 1997 el ejecutivo Aznar enfrentaba ante una nueva y sorprendente acción terrorista, que a diferencia de otras ocasiones, rompía esquemas y rutinas tanto políticas como mediáticas. La incertidumbre por el desenlace en 48 horas de la historia y la posibilidad de retransmitir en directo la evolución de los hechos despertó el interés de los medios. Estos, sobre todo las televisiones, ofrecieron programas especiales aplicando formatos similares a los utilizados en otros eventos relacionados con “sucesos”. Recientemente, el caso Bretón -condenado por un jurado popular por haber matado a sus dos hijos- es un buen ejemplo de la expectación generada por los medios, apelando a las emociones, entre los espectadores. Explotar los sentimientos de un hecho dramático es un recurso que dispara la audiencia y, al mismo tiempo, distrae al espectador una reflexión más profunda respecto a las causas que esconde el origen del suceso. Esta distracción, en el caso que nos ocupa-el fenómeno terrorista-, favorecía el discurso inmovilista del gobierno, el cual se adhería al sentimiento de cohesión de la ciudadanía saliendo a la calle, amplificado por los mass media: “juntos podemos combatir a ETA”. El eslogan “Miguel Ángel vuelve, Miguel Ángel té esperamos” es ilustrador de hasta qué punto el gobierno ya le iba bien ceder el protagonismo a la ciudadanía-una ciudadanía que en ningún momento parecía cuestionar la gestión de sus dirigentes, a diferencia del “caso 11-M”, en 2004, sin necesidad de abordar el trasfondo del problema.
Una vez muerto, Blanco ha convertido en un héroe de la lucha antiterrorista y un estándar para la política electoralista del PP. Se la ha considerado “un mártir de la democracia”. En realidad, fue “víctima de un juego de patriotas”. Se convirtió, por tanto, en “un héroe útil” para la derecha más intransigente. Pero qué diferencia hay entre la muerte de este regidor y el resto de víctimas de ETA? ¿Por qué este caso fue diferente? La singularidad de esta nueva acción terrorista radica en elementos, como ahora, el plazo fijado de 48 horas de secuestro, que posibilitaba un mayor seguimiento de la evolución de los hechos. Este formato ultimátum mantenía la atención de los individuos, pendientes del desenlace “anunciado”. Otros factores que favorecieron esta repercusión masiva entre la sociedad española? A) la duración del atentado coincidió con un fin de semana, tal vez esto explica una mayor predisposición a participar en las movilizaciones sociales. B) el propio dramatismo del evento para sí mismo provoca un gran impacto en los receptores. C) la víctima era un cargo político. D) persona joven y desconocida fuera de su entorno (factor de cotidianidad, de proximidad, etc.). Y, E) de indiscriminación del acto, entre otros. Por todo ello, el secuestro y posterior asesinato de Blanco, por naturaleza, se convirtió en cruel, dramático y morboso. La escenificación mediática de un destino anunciado estimulaba los sentimientos más irracionales de los sujetos receptores.
El origen de la repulsa ciudadana se encontraba en Ermua. La manifestación espontánea en este municipio se convirtió generadora de otras formas similares de protesta. La cobertura informativa de este evento extendió el fenómeno por toda España. Dicho de otro modo, la movilización que tuvo lugar en Ermua, la misma tarde del secuestro, se convirtió por el Gobierno en un modelo a seguir para el resto del Estado. Se hacía un llamamiento a la movilización ciudadana, en la que la prensa jugó un papel difusor (y por tanto, muy útil y eficaz para el gobierno), al servicio del poder político. Así pues, se puede afirmar que ¿los medios de comunicación fueron utilizados por el gobierno, como vehículo de transmisión del discurso oficial, el cual pretendía concienciar a la ciudadanía para que se movilizara? Seguramente, en un primer momento, las protestas aparecieron de forma más o menos espontánea, pero el gran despliegue informativo de la tragedia estimuló a un cierto mimetismo en todo el Estado, que el oportunismo político aprovechó para desviar la atención. El evento de Ermua, por sí mismo, tiene un componente dramático, que habría conmovido a los ciudadanos. Sin embargo, a diferencia de otros sucesos, igual o más, punzantes por naturaleza, la sobreinformación adjudicada a esta noticia, incrementar el dramatismo y la conmoción. Además, la movilización social fue presentada por los medios como la única posibilidad de conseguir la liberación del concejal y, al mismo tiempo, de oponerse a ETA. A su vez, el Gobierno del PP consciente del poder de persuadir los medios, recurrió a ellos para aumentar un clima de opinión adverso en el entorno de ETA y de su brazo político.
En cuanto al carácter reivindicativo de las manifestaciones producidas por el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, habría que distinguir dos espacios de tiempo: por una parte, las concentraciones anteriores al cumplimiento de la amenaza para ETA, que respondían a la demanda de liberación del secuestrado. Y por otro lado, aquellas posteriores a la ejecución del regidor, que reflejaban el desacuerdo con la violencia. Los manifestantes antes del cumplimiento de la amenaza por parte de ETA, dirigían sus consignas a la organización terrorista (¡Basta ya!; ¡Vascos sí, ETA no!; ¡ETA, aquí tienes mi nuca!) Ya la propia víctima (Miguel Ángel vuelve; Miguel Ángel té esperamos), adhiriéndose de esta manera, el discurso oficial del gobierno, amplificado por los medios de comunicación. Qué exigían los ciudadanos? Paradójicamente, se pretendía pedir a los terroristas, a pesar considerarlos unos irracionales, que no acabaran con la vida del joven concejal. Y en otro caso, se dirigían ingenuamente al secuestrado-el único que desgraciadamente no podía decidir sobre su futuro-para que volviera. A diferencia de la actitud adoptada por las hijas del ex ministro socialista Ernest Lluch (víctima años más tarde), la familia de Blanco, en ningún momento, rechazó el apoyo del gobierno ni discrepó de la estrategia tomada, desde el Ejecutivo, para evitar la muerte de su hijo. En los actos de protesta posteriores a la ejecución de la víctima, predominaba la ira, la desesperación y la necesidad de venganza contra los terroristas y su entorno -simpatizantes o militantes de Herri Batasuna, su brazo político-. Muestra de este tipo de reacción es la consigna llamada por los manifestantes en Bilbao: “¡A por ellos!” (El País, 13/07/1997). En el caso de Ermua, las manifestaciones transmitían la idea de que la solución al terrorismo giraba en torno a cinco ejes: movilización social, impulsar el vacío social respecto a los simpatizantes de HB, medidas políticas (aislamiento de Herri Batasuna), eficacia policial y medidas legales. No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, la peculiaridad de las circunstancias que rodearon la muerte de Blanco creó una mayor expectación social. El formato ultimátum facilitaba recontextualizar la noticia y ofrecer al público la escenificación de un asesinato anunciado. En definitiva, como sostiene el periodista Antoni Batista (1999), los mass media hicieron de la realidad un espectáculo.
Respecto a la especificidad del atentado, que desde un punto de vista periodístico lo hacía atractivo, el delito cometido contra el concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco (julio 1997), era tipificado penalmente como un secuestro (privación de libertad) con amenaza condicionada. En este caso el secuestro no era indefinido, sino que establecía un plazo concreto para liberar y salvar la vida de la víctima, a cambio de satisfacer las demandas terroristas. La acción se produjo en dos tiempos: en primer lugar, ETA exigía al gobierno reagrupar sus presos, dispersos por todo el Estado español, en las cárceles del País Vasco, en un espacio de tiempo concreto. En segundo lugar, la organización amenazaba el gobierno. Si este no cumplía la petición, en el plazo de 48 horas, ETA asesinaría la víctima. En este nuevo acto violento, la vida del secuestrado pasaba a depender de la voluntad del gobierno. Es decir, los terroristas trasladaron la responsabilidad de su muerte en el Ejecutivo. A diferencia de un secuestro largo, donde se desconoce el final, en el caso que nos ocupa, la presión sobre el gobierno incrementa por el poco tiempo de maniobra. El formato ultimátum de este atentado, facilitaba al gobierno legitimar su política antiterrorista. Sin embargo, sin el apoyo mediático, el discurso oficial del Presidente podía ser acusado de negligente o irresponsable. Irresponsable por poner en peligro la vida de uno de sus políticos por omisión y por incumplir un derecho reconocido en el Código Penal español. El Código Penal prevé la proximidad geográfica de los presos con sus respectivas familias, la demanda terrorista no era un disparate, sino un derecho reconocido por la Legislación Penitenciaria e incumplido por el propio Estado: Artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979: “La ubicación de los establecimientos será dado por la Administración penitenciaria Dentro de las área territorial que se designan. En todo caso, se procurará que cada una -comunidad autónoma- cuente con el número suficiente de Aquellos para satisfagan las Necesidades Penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”. Curiosamente, lo que Aznar se negaba a cumplir en ese momento, lo llevó a cabo durante la tregua de ETA iniciada en 1998. El tándem “Gobierno-medios de comunicación dominantes” silenciaba el carácter político de la lucha armada y esta era presentada como una disfunción social. Se afirmaba que ante la irracionalidad no se podía ceder a ninguna amenaza ni chantaje. Frente a este modelo de irracionalidad, el Estado personificaba la praxis constitucional y estaba dotado de toda legitimidad del orden democrático. ¿Os suena?.
Los medios nos mantuvieron en tensión y pendientes de cómo iban transcurriendo las horas. Este sentimiento de angustia, reforzado por el papel de la prensa, fomentaba la solidaridad de la gente y la cohesión social frente a ETA. Los individuos estaban, en cierto modo, inducidos a compartir los mensajes y el relato transmitido por los periódicos: pensar en lo que nos dicen que la “mayoría” piensa, actuar como nos dicen que la “mayoría” actúa, etc. Pero ¿quién constituye esta “mayoría”? Como podemos constatar, se trata de una abstracción, de una irrealidad utilizada por los medios, que intencionalmente, en el caso que nos ocupa, dirigieron la posición que los ciudadanos debían adoptar. Los lectores emocionados, como consecuencia de los efectos mediáticos, querían compartir la misma idea generalizada. Sin embargo, el interés por formar parte de esta “mayoría” ocultaba el miedo que genera la discrepancia o disidencia, tal como expone la Teoría de la Espiral del Silencio (Noelle-Neumann, 1995).
En definitiva, los medios exaltaron y, incluso, explotar los sentimientos, haciendo vivir el evento como algo personal que atentaba contra nuestra propia vida. Todos los hechos de la vida cotidiana fueron absorbidos por aquel suceso, no se hablaba de otra cosa. El caso de Ermua representaba un tema morboso, que llamó la atención del ciudadano, por su novedad (novedad en las características del hecho noticiable: amenaza con un plazo fijado de 48 horas), la televisión, la radio y la prensa nos hicieron vivir en directo la evolución del evento con una tensión emocional constante (minuto a minuto).
Además, los mensajes periodísticos contribuyeron a dar lugar a una de las consecuencias del hecho inicial: el vacío social. Me explico, el discurso mediático identificó los votantes y simpatizantes de HB como cómplices de la acción terrorista. Esto conllevó, que antes y después, sobre todo, de la muerte de Miguel Ángel Blanco, se produjera una mayor exaltación de los sentimientos de rabia y de odio hacia ETA y su entorno. Esta reacción provocó el enfrentamiento entre la ciudadanía, posicionada en el bloque llamado (política y mediáticamente) “demócrata” y el bloque abertzale (llamado “violento” por quienes se autodenominan “demócratas”). Un “frentismo”, una “división”, una “clasificación” de la ciudadanía en “dos bandos” (“constitucionalistas” versus “nacionalistas” y dentro de los “nacionalistas”, establecía la divisoria entre los “demócratas o moderados” y los “radicales”) que años más tarde (2001) actuó de forma más punzante, con un claro objetivo: la criminalización y estigmatización del conjunto de un nacionalismo, no el español, sino el vasco. Un “nacionalismo” que ponía y pone en peligro, según los sectores del españolismo dominante, la estabilidad del Estado. La presencia de ETA permite difamar y poner sobre sospecha al nacionalismo vasco. Sin la existencia de ETA, muchos de estos argumentos que perseguían desgastar el nacionalismo gobernante (PNV-EA) e ilegalizar la izquierda abertzale (Batasuna), habrían “caído por su propio peso”. El recurso propagandístico del dolor de las víctimas hace ganar adhesiones, sobre todo fuera de Euskadi y, además, cuando se atiende a los conflictos identitarios.
Por tanto, a modo conclusivo, la espontaneidad otorgada a las sucesivas manifestaciones era una ilusión, ya que estas muestras de apoyo fueron inducidas por los medios que “vender” la necesidad de seguir el modelo de la primera movilización en Ermua (“Todos éramos Ermua”). De esta manera, el control de los acontecimientos artificialmente producidos estaba en manos del Gobierno, por lo que éste podía desviar la atención de posibles e incómodas reivindicaciones sociales hacia otros implicados en el asunto, como era el caso del propio Ejecutivo.
Autora: Sílvia Cabezas (socióloga). Artículo publicado en catalán y bajo otro título en la revista cultural www.Nervi.cat
Fuentes consultadas:
- BATISTA, A. Diario privado de la guerra vasca. Barcelona: Ed. Plaza & Janés, 1999.
- CABEZAS, S. Ermua vs Lluch : el paper dels mitjans de comunicació en el context de les mobilitzacions socials contra el terrorisme d’ETA. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, DL2001.
- CABEZAS, S. D’Ermua a Patxi López (1996-2009) : la complicitat de la premsa amb la política espanyola al País Basc. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, DL2011.
- http://www.tdx.cat/handle/10803/48522
- NOELLE-NEUMANN, E. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1995.
- Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979