El sociólogo norteamericano Edwin H. Sutherland creó en diciembre de 1939, en la reunión anual de la American Economic Society, el concepto de delito de cuello blanco.
Este nuevo concepto abrió un espacio inédito para la justicia y el derecho. Hasta entonces se pensaba que el mundo delincuente era un ámbito vinculado únicamente con las clases bajas, y con los bajos fondos, con psicópatas degenerados, delincuentes natos marcados por estigmas atávicos, o sujetos caracterizados por una personalidad delincuente. Sutherland rompió la impunidad de la que gozaban los delincuentes de las clases acaudaladas. La delincuencia de cuello blanco, dijo en Filadelfia en su tan sonada intervención, se da en cualquier ocupación y puede descubrirse fácilmente a lo largo de una conversación casual con el representante de una determinada profesión. Basta con preguntarle: ¿Qué prácticas deshonestas existen en su profesión? La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de informes financieros de compañías, la falsa declaración de stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios. Estos son lo que Al Capone llamaba “negocios legítimos”. Estos delitos y muchos otros se encuentran con frecuencia en el mundo de los negocios.
Cuando un delincuente, o un presunto delincuente de cuello blanco es detenido y va a la cárcel, no solo entran en escena conocidos bufetes de abogados, jueces, periodistas, policías y funcionarios de prisiones, sino que también se produce a su alrededor una actividad febril, como la conmoción en un hormiguero. Parientes, amigos y conocidos, altos cargos, personas influyentes de toda suerte y condición, desenfundan sus móviles con la misma rapidez con la que los pistoleros desenfundaban sus revólveres en el salvaje oeste. Es entonces cuando a través de encuentros discretos se debaten los procedimientos a seguir, pues es preciso parar el golpe, dar ánimos a la víctima, invalidar las pruebas, conseguir la libertad bajo fianza, hacer frente al estigma de la cárcel, encontrar aliados, y, sobre todo, enredar la madeja procesal hasta conseguir la anulación de las pruebas o que los delitos prescriban.
Los delincuentes de cuello blanco no tienen los brazos tatuados con sirenas soñadoras o con corazones atravesados por flechas, y en las cárceles mantienen un discreto aislamiento de los presos comunes, gozan de algunos privilegios penitenciarios, además de estar en permanente contacto con sus abogados, profesionales altamente especializados que trabajan intensamente a su servicio en sus lujosos bufetes. La cárcel es para ellos un medio hostil, y supone un golpe enorme, muy difícil de asimilar, pues están demasiado acostumbrados a pisar tan sólo alfombras de nudo hechas a mano por fuerza de trabajo de usar y tirar. Estaban en lo más alto, y ahora están formando parte del mundo que más odian: el mundo de la pobreza. No es extraño que a la hora de declarar pidan prestada una corbata a su abogado. ¡Todavía hay clases!
Edwin Sutherland, en íntima relación con la elaboración del concepto de delito de cuello blanco, desarrolló una nueva teoría sociológica del delito denominada la teoría de la asociación diferencial. Sostiene que todos los delincuentes, incluidos los de cuello blanco, cometen sus fechorías con la ayuda de otros que cooperan en la realización de delitos porque las razones y las motivaciones para delinquir son más fuertes que las que les incitan a respetar las leyes. Delinquen porque participan en cooperación en un proceso de aprendizaje social, de tal modo que los delincuentes no están solos, cuentan con un importante capital social o relacional que les sirve de refuerzo y cobertura para cometer actos delictivos. La teoría de la asociación diferencialde Sutherland fue discutida por Edwin Lemert, otro importante sociólogo norteamericano dedicado a estudiar las conductas desviadas. Lemert , en un ya clásico artículo publicado enSocial Problems, encontró un tipo de delincuente que, a diferencia de la mayoría de los delincuentes de cuello blanco, suele actuar solo: el falsificador de cheques.
Desde hace unos años, desde el boom de la construcción, la vida política española se encuentra enfangada por la corrupción. Desde los pequeños ayuntamientos hasta las grandes maquinarias políticas, pasando por Cajas de Ahorros y Bancos de Inversión, a la sombra de la especulación inmobiliaria, se han promovido las recalificaciones, los contratos amañados, la financiación irregular de los Partidos Políticos, la ingeniería financiera, las comisiones irregulares, en suma, los delitos de los poderosos.
Desde que el ex concejal del Partido Popular en Majadahonda José Luis Peñas realizó las escuchas, desde que el diario El País sacó a la luz la trama Gürtel, y desde que el 6 de febrero del 2009 el juez Baltasar Garzón comenzó a instruir la causa contra el empresario Francisco Correa, y otros imputados, entre ellos Luis Bárcenas, no han cesado de sucederse noticias sobre esta red de malhechores en la que se han dado cita para delinquir políticos y empresarios. Empresas como Special Events, que organizó todos los actos de Partido Popular en Galicia,Pasadena Viajes, que organizó viajes, entre otros, para el equipo electoral de José María Aznar, Easy Concept, empresa especializada en gestión del servicios públicos, a quien la Comunidad de Madrid adjudicó más de 70 contratos sin concurso, las empresas Good and Bettery Orange Marquet, esta última especialmente activa en la Comunidad Valenciana en donde estalló el escándalo de los trajes del Muy Honorable Presidente de la Generalidad Valenciana, confirman la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. En bodas de ensueño, yates de lujo, visitas del Papa, banquetes, y otros actos sociales, se dan cita empresarios ambiciosos y políticos corruptos, muchos de ellos aun en ejercicio.
El jueves 27 de junio, a las 19:34 horas salía de la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil hacia la cárcel de Soto del Real el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Entraba en la misma cárcel en la que algunos días antes otro juez había ordenado detener a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, que ya ha sido excarcelado. El recluso Bárcenas, que mantiene dos cuentas en Suiza por las que se calcula que han pasado cerca de 48 millones de euros, había llegado unas horas antes a la Audiencia, para declarar ante el juez Pablo Ruz, en un vehículo de alta gama con cristales opacos. Cuando entró en la Audiencia Nacional era un hombre libre, ahora es un preso sobre el que pesa la acusación de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad en documento mercantil, y estafa procesal. Conviene no olvidar que Luis Bárcenas ha sido ex senador del Partido Popular elegido por Cantabria en las elecciones de 2004 y 2008 lo que hace doblemente graves sus presuntos delitos, pues cuando un representante de la soberanía popular viola las leyes, atenta de forma directa contra la democracia representativa, basada en la delegación de poder de los ciudadanos.
Izquierda Unida, junto con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, ha presentado una querella contra los responsables de la tesorería del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los ex ministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo por supuestas comisiones irregulares entre 2003 y 2008. Federico Trillo, que era ministro de defensa cuando se produjo el terrible accidente del Yak-42, fue reprobado por el Congreso de los Diputados, y por los familiares de los fallecidos en el accidente aéreo, tras el doloroso y reprobable proceso de identificación de los cadáveres. Pero, pese a que son muchos los que han pedido su retirada de la vida política, el presidente Mariano Rajoy, lejos de acceder a esa demanda legítima, ha decidido premiar a Trillo con el nombramiento de embajador de España en Londres.
Bárcenas asegura ahora que los papeles publicados por el diario El País son auténticos, y que constituyen la contabilidad B, la contabilidad real, del dinero recaudado ilegalmente por el Partido Popular. Asegura también que se pagaron sobresueldos en dinero negro a altos dirigentes del Partido. Se calcula que entre 1990 y 2011 el Partido Popular pagó 22 millones de euros en sobresueldos a 40 dirigentes políticos, a su vez pagados con fondos públicos. Bárcenas declaró también que la defensa de los militares imputados en el Yak 42 se pagó con dinero negro, aunque ya han aparecido algunos desmentidos en la prensa. En sus papeles aparecen pagos a Federico Trillo por valor de 51.000 euros desde julio de 2003 a julio de 2006. La contabilidad paralela registra que Trillo recibió otros 77.413 euros entre agosto del 2000 y diciembre del 2001 por haber descendido de la Presidencia del Congreso a un cargo menos remunerado. La Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42 cuentan ahora con nuevas razones para la indignación, pero somos la mayoría de los españoles quienes deberíamos reclamar la retirada de la política de personajes cuya catadura moral los incapacita para el ejercicio de cualquier cargo público.
En La genealogía de la moral Friedrich Nietzsche, el implacable fustigador de todas lasneurosis religiosas, reenviaba a un texto de la Suma teológica de Tomás de Aquino en el que el teólogo dominico sostenía que en el cielo, los bienaventurados, para que su felicidad se acreciente de un modo exponencial, tendrán el privilegio de contemplar los atroces sufrimientos de los impíos, condenados a las penas del infierno. En un mundo civilizado el sufrimiento ajeno no debería ser una fuente de satisfacción para nadie, pero hay que felicitar a los medios de comunicación, a los jueces y en este caso a la Acción Popular representada por Adade, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, por llevar adelante la lucha contra un sistema extendido de delitos que minan la moral social, desprestigian a la clase política, e impiden el buen gobierno.
Las declaraciones de Bárcenas ante el juez prueban que ha decidido desasirse de la madeja de encubridores y colaboradores que le dieron alas en el Partido Popular, su partido. Los portavoces del PP tratan de presentar ahora a su extesorero como si se tratara de un falsificador de cheques que actuaba en solitario, pero, gracias a la sociología criminal, sabemos que en realidad formaba parte de una asociación de delincuentes de cuello blanco. La corrupción se ha enquistado, con mayor o menor fortuna, en la mayor parte de los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno. Urge por tanto sanear la vida política democrática, y para ello será preciso romper ese pacto mafioso, esa asociación diferencial para delinquir, que lleva estrangulando durante hace ya demasiado tiempo la vida política española.
(*) Fernando Álvarez-Uría es catedrático de sociología en la UCM y coautor con Julia Varela de Sociología, capitalismo y democracia (Ediciones Morata, 2011).
