Ahora que quizás estemos asistiendo al fin de un sueño que pudo ser y no fue, se comete a veces el desliz de situar el Estado del Bienestar como una cuestión nacida de entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que el origen de la intervención de la Sociedad en las actividades de supervivencia y solidaridad de la población tiene unos antecedentes que se retrotraen a épocas pasadas.
Desde antes incluso de la Edad Media, organizaciones religiosas y laicas como los gremios de trabajadores, asociaciones artesanales o ayuntamientos ya mantenían alguna forma de sistema de aseguramiento para sus miembros. También se puede señalar como notable la labor benéfica que realizan ya por entonces las distintas Iglesias, (tanto la católica al principio como las variantes protestantes surgidas tras la Reforma); dichas labores asistenciales se centraban en posicionamientos de caridad y no de justicia social pero esto no es óbice para reconocer que la limosna, la atención en la vejez, los hospitales y hospederías, eran casi la única forma de ayuda y solidaridad que la población podía encontrar. De hecho, la noción de Estado o de Estado-Nación con una estructura al menos parecida a la actual, no se dibuja de forma nítida en Europa hasta la Edad Moderna.
Con el advenimiento del Capitalismo y la Primera Revolución Industrial, muchas de estas formas de ayuda y atención a la población fueron quedando debilitadas, (sobre todo el sistema de gremios y artesanos que disponía incluso de ayuda económica para las viudas e hijos) ya que la nueva organización del trabajo fabril se impone y con él se inicia la génesis de nuevas clases sociales y el principio del fin de la Sociedad Tradicional Estamental. Por otra parte, las nuevas formas de pensamiento que se van imponiendo con el liberalismo económico y la Ilustración, traen consigo una disminución del control social y del papel relevante de la religión, por lo que también disminuye en parte su capacidad de influencia y su presencia como garantes de instituciones de beneficencia para los estratos más necesitados de la sociedad. (Este hecho no significa que su actividad asistencial no continuara durante mucho tiempo siendo más que notable en la vida pública de la sociedad europea).
Con el desarrollo acelerado del capitalismo financiero a impulsos de la II Revolución Industrial, se esboza en el último tercio del siglo XIX un panorama desalentador desde el punto de vista social y humanitario. La situación laboral y las condiciones de vida de la masa obrera han llegado a un punto insostenible de sobreexplotación y miseria. El escenario de desamparo es tal, que intelectuales y estadistas de la época se ocupan y debaten sobre lo que se quedó en llamar la “Cuestión Social”. Incluso en propio Papa en diversas encíclicas realiza llamamientos a la moderación y protesta por las lamentables condiciones de vida de la clase trabajadora.
La focalización del problema suscitado tiene al menos tres vertientes:
- Por una parte, se plantea la cuestión moral y ética de una opinión pública que reacciona ante una situación insostenible de miseria, pobreza y explotación infantil generalizada. Sociólogos, filósofos, estadistas y pensadores de todas las tendencias dedican tiempo y esfuerzo al análisis de la situación y la búsqueda de soluciones.
- Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Status Quo dominante y todo el “andamiaje” político-económico que conforma o influye en el Estado se siente amenazado ante el cariz que está tomando la organización de los trabajadores en sindicatos, fondos de resistencia e instituciones de carácter marxista y anarquista.
- La Iglesia como institución de poder y control social tradicional, sigue siendo un pilar y un referente para gran parte de la población. La deriva de grandes segmentos de trabajadores y campesinos hacia posiciones laicas y de lucha obrera es considerada desde el estamento religioso con gran preocupación y como parte de su pérdida de influencia. En este sentido intenta actuar por motivos humanitarios y también para contrarrestar la influencia marxista y anticlerical de una parte de la sociedad.
Durante el primer tercio del siglo XX, la presión social y la lucha obrera hace que parte de las peticiones históricas de los trabajadores se introduzca en la agenda política de los parlamentos europeos. La democratización de las estructuras participativas y la generalización del voto como derecho universal son elementos coadyuvantes a la implantación paulatina de peticiones históricas como la semana de cuarenta horas, la regulación definitiva del trabajo infantil, el seguro de enfermedad o el seguro de vejez y accidentes. Todo ello tras décadas de lucha obrera organizada.
Por parte de las democracias liberales europeas, la incorporación de dichas mejoras a la legislación laboral y social, se realiza de manera que no aparezca públicamente como fruto de la presión de los trabajadores. El capitalismo y la estructura política que lo sustenta ceden terreno para no alimentar una crisis total que podría colapsar el sistema, y para mantener unos niveles de paz social imprescindibles para el desarrollo óptimo de la economía capitalista industrial.
Posteriormente con el advenimiento de los regímenes totalitarios de ideologías populistas como el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, parte de las demandas históricas de los trabajadores son atendidas por los dictadores de estos países, lográndose aparentemente un avance social en seguros, pensiones y desempleo. Evidentemente estas mejoras normativas fueron utilizadas para manipular a la población e incrementar el control social de los ciudadanos.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la partición de Europa en dos zonas ideológicas y militares antagonistas se produce una nueva situación respecto a las condiciones sociolaborales de la población en Europa. El llamado bloque del Este, con los países cercanos a la órbita de la entonces URSS y el bloque occidental liderado por los otros vencedores de la guerra, especialmente los EEUU.
En el tablero de ajedrez político-estratégico en que se convierte el continente europeo, dotar de condiciones de trabajo óptimas y de servicios sociales a la ciudadanía se convierte en una cuestión de supremacía de un modelo ideológico sobre el otro: capitalismo moderado de “rostro humano” vs modelo socialista “paraíso de los trabajadores”. Con la caída del Muro de Berlín a finales de la década de los ochenta del siglo XX y el desmantelamiento de los regímenes comunistas, queda como preeminente y único el modelo socioeconómico nacido de las socialdemocracias de postguerra y que habían dotado a las sociedades emergentes de la contienda mundial de un sistema de Estado del Bienestar que nace del consenso de empresas, sindicatos, sociedad civil y la clase política encargada de iniciar la reconstrucción europea.
Dicho Estado del Bienestar se sustentaba sobre unos pilares sólidos basados en:
- Derecho a una educación pública y gratuita.
- Derecho a un seguro de jubilación.
- Derecho a la seguridad en el puesto de trabajo.
- Derecho a la asistencia médica gratuita y universal.
- Derecho a la protección por desempleo.
- Articulación de una red de servicios sociales que evitaran la exclusión social e idearan una redistribución ordenada de los recursos que genera el Estado.
Tras una etapa brillante y esperanzadora en la mejora de condiciones de la población europea, las crisis económicas de 1973 y posteriormente la de 1981, marcan el punto de inflexión respecto al debate sobre el Estado del Bienestar, debate que llega hasta nuestros días y que además de parámetros económicos contiene elementos puramente ideológicos.
Para ahondar en los orígenes e idiosincrasia del Estado del Bienestar conviene recordar los textos y normativas referentes a dos países de primera fila en la configuración de la Europa actual; las leyes promulgadas por el Canciller Bismarck en la Alemania de 1880 y los Informes de William Beveridge en la Inglaterra de 1940.
Guillermo Garoz López.