Si el crimen organizado amenazara a su comunidad, uno de cada cuatro mexicanos tomaría las armas para defenderse, al menos así lo indica una encuesta telefónica levantada en enero de 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Cesop).
Los grupos de autodefensa constituyen una de las diferentes respuestas que los mexicanos han dado a la dinámica de violencia experimentada en el país en los últimos años, ante el vacío del Estado en su función de garantizar la seguridad y la protección ciudadana, explica en entrevista el sociólogo Nelson Arteaga.
De acuerdo con el investigador, la violencia y la “fragilidad del Estado” han obligado a diversos grupos de la sociedad mexicana a diseñar sus propios mecanismos de defensa. Ejemplificó que en espacios urbanos de estados como Nuevo León y Tamaulipas, ciudadanos han creado dinámicas de denuncia y alerta de peligro en las redes sociales; mientras que en sectores de clase media, hay gente que ha decidido irse a vivir a inmuebles con férreos sistemas de control y vigilancia.
“Ningún movimiento surge de la noche a la mañana. Hay todo un ‘caldo de cultivo’ que le antecede y que va ligado a intereses, pero también a valores, a normas que se han reproducido a lo largo del tiempo”, expone el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.
La región de Tierra Caliente tiene una dinámica muy particular respecto al resto del país. Desde el poder y otras instancias, ha sido catalogada como una zona conflictiva o violenta. Allí ocurrió una lucha por tierras que data de la primera mitad del siglo XX, durante el reparto agrario, por eso es importante ver a las autodefensas como parte de un proceso histórico específico, enfatiza el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Las autodefensas obligaron al Estado a actuar en Tierra Caliente: Meyer
Para el historiador Lorenzo Meyer, el discurso que hasta el momento han mantenido las autodefensas en México ha sido “lógico” y “claro”, pues apela a una legitimidad que no está en las leyes, sino en el sentido común de una sociedad que ya no quiere dejarse extorsionar y masacrar por las organizaciones delincuenciales en “un Estado fallido”.
Si bien al tomar las armas los grupos de autodefensa incurrieron en una irregularidad jurídica, reconoce el investigador, no podían permanecer como “corderitos” frente a la violencia y autoridades que no cumplen con su papel.
Según el analista político, los civiles armados en Tierra Caliente obligaron al Estado a declarar públicamente: “‘No, no estamos de floreros ni estamos pintados. Nosotros vamos a poner aquí 45 mil millones de pesos y va a venir el gabinete o los representantes del gabinete todo el tiempo’… Si no se hubieran organizado como autodefensas, no tendría el Gobierno federal esa presencia que dice que va a tener en Michoacán”.
¿A favor o en contra?: Opinión dividida
La opinión de la ciudadanía en torno a las autodefensas está dividida, pues según laencuesta del Cesopefectuada en enero, 43 por ciento de los mexicanos entrevistados dijo estar de acuerdo con la existencia de estos grupos, contra 39 por ciento que se pronunció en contra.
De acuerdo con el doctor Lorenzo Meyer, quienes están a favor de este fenómeno social ven que “si la sociedad es capaz de organizarse y moverse –ahora que se dice que estamos en el momento de ‘mover a México’–, bueno, pues la sociedad está moviendo (al gobierno), al menos la sociedad michoacana”.
Pero para otros “es una cosa terrible: ¿cómo es eso de que alguien puede armarse y organizarse?, es un temor. ¿Qué tal si luego se organizan para otras cosas?”, pregunta el autor de libros como Nuestra Tragedia Persistente. La democracia autoritaria en México y La segunda muerte de la Revolución Mexicana
Meyer, quien hasta el momento ve más aspectos positivos que negativos en estas formas de organización comunitaria, también admite “que ahí hay un germen de algo que puede, mal manejado, convertirse también en un problema para la sociedad. Si estos grupos son capturados por otros intereses que no son genuinamente de la población de donde ellos provienen y a la que dicen defender, ahí podríamos estar incubando otra forma de violencia ilegal. No lo sé. Espero que no sea el caso”.
¿Es legítimo defenderse de la violencia cuando la política de seguridad del Estado es “ineficaz”?
Foto: EFE en español
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, enfatiza que la “ineficiencia” del sistema de seguridad pública local, aunado a los altos índices de pobreza, marginación y exclusión social –según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 69.7 por ciento de los habitantes en ese estado se encuentran en situación de pobreza–, son factores que enmarcan el escenario donde grupos civiles, impulsados por el descontento, han tomado las armas para tratar de llenar el abandono institucional.
Sin embargo, la CNDH reitera que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, ninguna persona puede “hacer justicia por propia mano” y además alerta que “un riesgo pernicioso de una regulación inadecuada y de que se siga operando a través de la legalización del abandono y de la renuncia del estado a sus funciones consiste en el riesgo de formación de grupos paramilitares”.
Al respecto, el sociólogo Nelson Arteaga aclara que si bien la definición de “paramilitar” es amplia, habría que distinguirlos de las autodefensas, pues el primer concepto hace referencia a colectivos regularmente sujetos al financiamiento del Estado “para hacer el trabajo sucio”. En tanto que los grupos de civiles armados en la región de Tierra Caliente son organizaciones heterogéneas, es decir, con distintos intereses y visiones, que buscan concretar su derecho a vivir de forma segura en una situación extrema causada por la ausencia del Estado en sus obligación de garantizar seguridad.
“Sería muy aventurado e irresponsable señalar que pueden salirse de control. Estaríamos prejuiciando tanto de forma positiva o negativa. Creo que ahorita hay un ánimo particular por parte de los dos sectores: las autodefensas y el Estado. Tenemos un gobierno muy pragmático que se está moviendo en función de las problemáticas que va enfrentando. Puso primero una posición muy firme con respecto a que ‘cualquier persona armada tendrá que ser detenida’, y en una semana varió su discurso: ‘hay que sentarnos a negociar’. Yo pienso que habría que esperar a ver cómo llega este proceso de ‘normalización’, no es un proceso acabado”, sostiene el doctor en Sociología por la Universidad de Alicante.
Foto: EFE en español
En opinión de Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia(IMDHD), “es un tema complicado. La CNDH pareciera ignorar que todos estos problemas de violencia no surgieron espontáneamente, sino a lo largo de décadas… Creo que es un debate abierto y me parece muy lamentable que la Comisión no haya hecho un trabajo mucho mayor de exigencia de estos asuntos, cuando desde hace mucho tiempo conoce de estos problemas”.
De acuerdo con el activista, es importante diferenciar entre policías comunitarias y autodefensas. En el primer caso se encuentran organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con 18 años de vida en Guerrero, creadas fundamentalmente en zonas indígenas, donde las decisiones están regidas por los habitantes de una localidad y no por una negociación entre líderes; mientras que el segundo caso agrupa “iniciativas más espontáneas, más sobre liderazgos individuales que no tienen suficientes contrapesos y también son más propensos a la negociación y el acuerdo cupular”.
Considera que como en el caso de las autodefensas no hay procesos organizativos previos de participación popular y de rendición de cuentas dentro de los colectivos donde operan, sí existe el riesgo de que “puedan desviarse y ser cooptados, aprovechados o encontrar acuerdos con la delincuencia organizada, los cacicazgos o los gobiernos locales”.
Pero más allá de cuestionar la legitimidad, enfatiza Cortez, no se debe perder de vista una parte del debate que parece soslayarse: la responsabilidad de los gobiernos actuales y anteriores. En este sentido, el especialista se pronuncia por llamar a cuentas al menos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. “Se nos olvida quiénes son los responsables de estas crisis porque o tomaron malas decisiones o porque no tomaron decisiones o porque, peor aún, se aliaron a la delincuencia organizada”.