“Si ustedes son la Patria, yo soy extranjero”
Charly García.
La palabra ecología ha sido abusada, violada de manera particular. Desde organizaciones de todo tipo que funcionan como fachadas empresariales que esconden sus intereses económicos, pasando por industrias para el lavado de dinero a través del financiamiento de proyectos, hasta llegar a lo más novedoso, gobiernos autollamados socialistas sin ningún tipo de vergüenza y mucho menos consciencia. Todos la utilizan para decir muchas cosas, para esconder muchas otras. Suele ser el jabón perfecto para lavar las manos de los Poncio Pilatos del siglo XXI. Esto es reflejo de, en primer lugar, la ambivalencia hablada de la idea de ecología, y en segundo término, la dificultad de nuestras élites política-empresariales por conciliar lo que dicen con lo que hacen. Por tanto, en esta reflexión no necesitamos hablar de ecología, ni tampoco de su contenido más superfluo, la idea de “lo verde”. Consideramos que en lo que respecta a lo sensato debemos discutir acerca de la biología y, en cuestión, de los sistemas de vida.
Igualmente, podemos dejar claro ante los múltiples llantos en busca de afecto por parte de los políticos sin padre de este país, que desde estas líneas nadie quiere hundir al presidente Nicolás Maduro, ni mucho menos queremos salvar al expresidente Hugo Chávez. Las razones son muy sencillas para el entendimiento político. En primer lugar, quienes tienen interés en afectar al presidente actual de alguna u otra manera están navegando en el mismo río, y hasta en el mismo barco, por tanto son aquellos actores y grupos que sacarán provecho político a la caída de este sujeto y sus aliados. Quienes nos conocen o entienden un poco de política sabrán que esos no somos los autores de este texto. Segundo, quienes quieren, quienes necesitan, y quienes llevan tres años salvando, lavando, planchando, y perfumando la figura del expresidente Chávez son precisamente quienes lo utilizan como salvavidas para sostenerse en distintos espacios de poder. Pobre de ellos. Por nuestra parte consideramos que podemos crecer y trabajar desde esfuerzos y convicciones propias, sin necesidad de reciclar fantasmas.
Por tanto, no partimos de la premisa de que la activación del Arco Minero del Orinoco (AMO) represente un desvío a la comedia socialista del expresidente Chávez, por el contrario, entendemos que el presidente Maduro da operatividad a algunos planes puestos sobre la mesa desde hace varias décadas. El AMO no es genialidad del presidente Maduro, ni de sus asesores, ni de sus ministros, pero tampoco es creación del expresidente Chávez. El AMO responde a un proyecto transnacional denominado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (I.I.R.S.A.), el cual representa el brazo infraestructural del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
IIRSA y ALCA
El IIRSA nace en la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur llevada a cabo desde el 30 de agosto al 1ero de septiembre del 2000 en Brasilia. El proyecto está organizado en diez Ejes de Integración y Desarrollo (EID) los cuales fueron definidos en la reunión de ministros de diciembre del 2000, en Montevideo. Venezuela forma parte de tres de estos ejes, uno es el eje andino, el eje escudo guayanés, y por último, el eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata.
El proyecto tiene un costo aproximado a los 75.000 millones de dólares (según cálculos del 2013), con los cuales se busca eliminar las barreras que dificultan la circulación de mercancías en la región mejorando las vías de comunicación entre los diferentes países del cono sur de América (IIRSA, 2010).
Los EID se estructuran en procesos sectoriales que buscan organizar el espacio geográfico de acuerdo a los recursos a extraer y por tanto en base al desarrollo de la infraestructura física correspondiente. Los proyectos para el desarrollo de vías de transporte terrestre, aéreo y fluvial representan un 87% del total del IIRSA. Entre éstos podemos encontrar proyectos de oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales, tendidos eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas, mega-minería, soja, transgénicos, entre otros. En 2008 el IIRSA contaba con 51 proyectos concluidos, 196 en ejecución y 107 en preparación (IIRSA, 2010), lo que representa según datos proporcionados en diciembre de 2010, un 75% de los proyectos con avances concretos, un 22 % concluido, un 39 % en ejecución y un 25% en preparación.
En Venezuela podemos ubicar varios de esos proyectos propuestos por el IIRSA los cuáles han sido políticas gubernamentales durante los últimos años. Por ejemplo, desde el 2012 se han ejecutado obras para la modernización del puerto de Guanta en el Estado Anzoátegui; el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte cuya construcción inició en 2006; entre muchos otros, los más emblemáticos son puente Orinoquia y puente Mercosur sobre el río Orinoco, finalizado el primero de estos en 2006 y el segundo aún en construcción. Igual atención merece la reciente propuesta de Ley de Saneamiento del Lago de Maracaibo (2016) actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual representa un impulso a los proyectos del puerto de aguas abiertas y el puente Nigale, ambos proyectos propuestos por el IIRSA.
Este proyecto es acusado desde algunas organizaciones de Sudamérica como una iniciativa para el saqueo de los recursos naturales de la región, pues se trata de generar la infraestructura que las trasnacionales necesitan para facilitar la extracción de los recursos naturales de los países del cono sur y poner en marcha su desplazamiento hacia los países industrializados. Como bien sabemos, detrás de todo gran proyecto de desarrollo o integración regional se posicionan los grandes grupos económicos internacionales.
El IIRSA no es sólo una iniciativa para un mejor posicionamiento de la región en el concierto internacional, como hemos señalado, es una propuesta enmarcada en el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). El IIRSA representa el rostro concerniente a la infraestructura en tanto el ALCA supone la estructura jurídica administrativa, por tanto, estos proyectos son parte de la política exterior de los gobiernos industrializados del mundo para el control del espacio andino y amazónico.
Control de frontera colombo-venezolana
En este mismo sentido, se encuentra sobre la mesa el tema de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, aspecto a considerar para el análisis del IIRSA. Es de ingenuos pensar que el cierre fronterizo que desde finales del 2015 se lleva a cabo entre Venezuela y Colombia es un tema de contrabando. Como bien sabemos, el contrabando antes de ser enemigo es un jugoso negocio de actores claves en el poder político y económico de ambos países. Los motivos de esa decisión están vinculados al reacomodo de los planes hegemónicos de los actores económicos transnacionales (Vásquez, 2015).
Revisando la Agenda de Implementación Consensuada 2004-2010 del IIRSA (asumidos en la actualidad por la UNASUR) evidenciamos un conjunto de 31 proyectos para el ordenamiento territorial de la Cartera de Proyectos IIRSA para la región, los cuales fueron propuestos por el Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA, en noviembre de 2004, y presentada a los presidentes sudamericanos durante la Cumbre de Cusco de diciembre de 2004. Los proyectos que involucran la frontera colombo-venezolana son el “Paso de frontera Cúcuta-San Antonio”, la recuperación de la “Navegabilidad por el Río Meta”, y los pasos de frontera de “Arauca, Saravena, Paraguachón, Puerto Carreño, Can Miguel, Rumichaca, Río Mataje, Leticia y Darién”. Todos estos proyectos se encontraban indefinidos hasta el 2010 por diferencias entre los gobiernos de ambos países (IIRSA, 2010).
Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) permiten un reacomodo en la política fronteriza por parte de ambos países, con lo cual pueden avanzar los acuerdos en torno a los proyectos IIRSA involucrados en la zona. Los conocedores de la realidad fronteriza entienden cómo operan los grupos paramilitares en la misma, cediendo irregularidades comerciales de toda índole, sumado a todo un escenario de descontrol del espacio por parte las autoridades permitiendo que la frontera sea “tierra de nadie”. Para la adecuada integración de la región en el mercado global es necesario superar este tipo de problemáticas.
Por ello, desde finales del año pasado se hizo necesario que ambos gobiernos movilizaran fuerzas militares para el control de la zona fronteriza, en el caso de Venezuela a través de la aprobación de decretos de estados de excepción que permitieran ocupar la zona y concretar corredores de frontera. Las acciones que se venden ante la opinión pública como respeto a la soberanía de Venezuela y la protección del gobierno colombiano a sus conciudadanos no es más que una iniciativa para la ejecución de los proyectos IIRSA en la zona. Igualmente, el llamado a crear una “Frontera de Paz” no es una utopía revolucionaria, es la necesidad de estructurar una frontera que permita a las transnacionales operar con tranquilidad y libertad en la extracción de nuestros recursos y fomentar el libre comercio de sus mercancías (Vásquez, 2015). La oligarquía colombiana y también la brasileña ven en nuestro territorio la posibilidad de energía barata y una salida al Mar Caribe, decir, al mercado del sureste de Estados Unidos y Europa.
Minería y Plan de la Patria: el legado de Chávez
Igualmente, concentrándonos en el AMO, podemos entender que no se trata de una iniciativa aislada. La activación del motor minero, como lo ha llamado el gobierno de Venezuela, representa la puesta en marcha de los objetivos del Plan de la Patria. La supuesta “superación del rentismo” que enarbola discursivamente este gobierno es en verdad la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales. Con la taza del dólar Dicom rondando los Bs. 700 por cada dólar estadounidense, convierte a Venezuela en uno de los países con la mano de obra más barata del mundo, pero además, con las materias primas más baratas del mundo. Escenario perfecto para atraer a los capitales extranjeros al AMO.
Hagamos un poco de memoria. El expresidente Chávez anunció en agosto de 2011, durante la firma del Decreto de nacionalización del oro, la explotación de la gran zona de desarrollo “industrial” denominada por él “la gran H”, que incluye la Faja del Orinoco y el Arco Minero del Orinoco. Esos ejes trazados y descritos por el presidente durante su alocución (llamado por él eje Apu-orinoco) son los mismos trazados por el proyecto IIRSA para el desarrollo del eje Orinoco-Amazonas-La Plata.
Como bien ha sido señalado por varias organizaciones sociales, el Plan de la Patria claramente enarbola las banderas de la minería en uno de sus objetivos (profundización del extractivismo y la explotación minera en el suelo y el subsuelo), contradictoriamente con el objetivo de preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana (Espinal et al, 2013). Esto nos permite hacer dos consideraciones. Primero, el Arco Minero no es creación del actual gobierno de Nicolás Maduro, es un proyecto trasnacional que se viene trabajando desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Segundo, no hay contradicción en la práctica entre el orden capitalista neoliberal internacional y el manifiesto proyecto “socialista” del gobierno venezolano. El sistema económico del gobierno venezolano intenta mantener un modelo económico capitalista rentista global de producción petrolera-gasífera-mineral, como fiel surtidor de materias primas y mano de obra barata a los países industrializados.
El Arco Minero del Orinoco
Es importante conversar acerca de la magnitud del AMO. El Recurso de Nulidad introducido ante el TSJ en contra del decreto presidencial 2248 que da el inicio a las actividades a gran escala en el AMO nos ofrece un conjunto de datos sobre el mismo que son importantes destacar: a) La superficie total del AMO es de 111.843,70 km2, lo que equivale al 12% del territorio nacional. Esta superficie es mayor que la extensión de países como Cuba, Bulgaria, Bélgica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Suiza, entre otros países. b) Esta zona incluye Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como el Parque Nacional Jaua Sarisariñama, la Reserva Forestal El Caura, el cerro Guiquinima, la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, monumentos naturales Ichún Guanacoco, entre otras, incluyendo los Tepuyes, que representan formaciones geológicas, ecológicas y biológicas de las más antiguas de la humanidad, amparando uno de los reservorios más grandes de especies animales y vegetales del planeta. El 83,3% de las plantas registradas en Venezuela poseen su distribución en la cuenca de Guayana, nutrida por el Río Caura, el cual es amenazado por el AMO. Entendamos lo anterior, el 12% del territorio a explotar representa el 83,3% de la biodiversidad del país. c) En este territorio habitan múltiples pueblos indígenas como los Warao, Acawayo, E´Ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Senemá; quienes observan como esta política minera puede poner fin a las condiciones socio-culturales de reproducción de sus vidas, produciéndose un etnocidio a gran escala. Además, la ausencia de estudios previos de impacto ambiental y sociocultural por parte del proyecto del AMO es una evidente violación de la constitución y de los Derechos Humanos. d) La principal causa de la crisis eléctrica en Venezuela se debe a la reducción del Caudal del Río Caroní, el cual genera casi el 70% de la energía del país. La minería en el AMO reducirá drásticamente el caudal del Caroní, agudizando la crisis eléctrica.
Con respecto a lo económico-financiero podemos considerar que el AMO involucra en su inicio a 150 empresas aproximadamente de 35 países que vienen a nuestro territorio a buscar los minerales que las industrias del mundo necesitan. El coltán, el oro, y otros minerales estratégicos para las grandes industrias del mundo, serán vendidos a muy bajo precio a las transnacionales para ser procesado en sus países y probablemente sean distribuidos por el mundo, volviendo a Venezuela, en forma de productos elaborados con costos mucho más elevados. La diferencia entre un gobierno entreguista y uno soberano es que el segundo procesa los minerales en su territorio para garantizar el desarrollo tecnológico del país. Irónicamente, como bufones inestables, nuestros gobernantes después de estar durante casi 20 años en el poder político nos dicen que no podemos seguir dependiendo de los precios de la OPEP. Como si el rentismo no fuera rentismo extrayendo lo que sea que se extraiga del subsuelo. Estamos en presencia de la precariedad política instalada en el gobierno y el estado venezolano.
Toda esta estrategia está enmarcada en la necesidad del gobierno venezolano por captar divisas que permitan pagar la deuda externa contra el riesgo de default, lo que lo conduce a acuerdos, entre otras varias empresas, con la transnacional Gold Reserve, la cual había perdido su concesión de explotación aurífera en suelo venezolano entre los años 2007 y 2008 en el marco de la renacionalización de los recursos minerales emprendida por el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Dicho impasse con esta empresa fue vendido a Venezuela y al mundo como un ejercicio de soberanía por parte de aquel gobierno. Recordemos que ésta empresa canadiense es una de las más cuestionadas en el mundo por su descuido medioambiental con las actividades que desempeña. Existen acuerdos internacionales para regular la actividad minera y preservar el medio ambiente, el denominado Cyanide Code de la International Cyanide Management Code, es importante destacar que la empresa Gold Reserve no forma parte de las compañías firmantes de estos acuerdos.
Vale la pena recordar que la empresa canadiense introdujo una demanda contra Venezuela ante el CIADI en 2009 alegando la violación de sus derechos obtenidos desde 1992 con la Compañía Aurífera Brisas del Cuyuní, en un yacimiento de oro y cobre ubicado en el kilómetro 88 del Estado Bolívar. La petición exige a Venezuela el pago de 300 millones de dólares estadounidenses, alegando que esto correspondía a inversión, obviando las ganancias obtenidas durante todos estos años a partir de la explotación del yacimiento. El fallo del CIADI, organismo adscrito al BM, obliga a Venezuela a indemnizar a la empresa con la suma de 740.3 millones de dólares. Esto hecho representa un atentado a la soberanía nacional.
Sin embargo, la deuda con la Gold Reserve, el deterioro de los precios del petróleo, la crítica situación económica, política y social que atraviesa Venezuela, agobia al gobierno de Maduro justificándolo en su búsqueda de capitales extranjeros. Lo cierto es que la crítica situación económica que atraviesa el país es producto, justamente, de políticas desacertadas en materia económica durante los últimos años que no hicieron otra cosa más que afianzar nuestra condición de país mono-exportador, rentista y petróleo-dependiente. Por si fuera poco, como evidencia del carácter entreguista de nuestros gobernantes, la propia Gold Reserve accede a financiar mediante un crédito de dos millones de dólares las actividades que se llevarán a cabo en el AMO, es decir, el gobierno le presta a la empresa dinero para pagarle y para seguirle debiendo. Como la cura es más mala que la enfermedad, ante ésta crisis, el gobierno venezolano prefiere explotar (literalmente) el 12% de nuestro territorio, antes que sembrarlo y hacerlo productivo en aprovechamiento de nuestras potencialidades agropecuarias.
Por si fuera poco, el control político de esta gran extensión de tierra implica el control de su población. Controlar el arco minero puede ser comparado con la invasión de alguno de los países de pequeñas dimensiones antes mencionado. Para ello el gobierno se vio en la necesidad de crear el “Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico” y la Zona Especial Militar de Protección Minera. La primera, funge como figura jurídica para el contrato y los convenios con las empresas transnacionales de explotación minera, mientras que la segunda, representa la estrategia de control militar, es decir, el desplazamiento de las comunidades indígenas, el saqueo, la destrucción de comunidades, y como la historia lo señala, la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Rentismo: La psicología social del balancín
No debemos confundirnos. El rentismo extractivista no es un invento del gobierno actual ni su fecha de nacimiento es reciente. Desde la época pre-conquista europea se conoce el petróleo en nuestro país. En el siglo XIX ya se producía petróleo y sus derivados en el estado Táchira. Sin embargo, desde 1914 con el descubrimiento del primer campo petrolífero de importancia en Venezuela, Mene Grande, llegaron al país numerosas compañías petroleras extranjeras y con esto podemos decir se institucionaliza el rentismo petrolero venezolano. Desde entonces la economía del país fue concentrándose progresivamente en la exportación de un solo rubro, el petróleo. Esto permitió la entrada de riquezas incalculables al país, lo que generó la posibilidad de modernizar sus instituciones y su infraestructura. Además, produjo diversas dinámicas sociales como el éxodo rural-urbano, la profesionalización de la mano de obra gracias a las universidades, el nacimiento de una clase media, el fortalecimiento del comercio como actividad económica, entre otras.
Desde entonces, década tras década, generaciones de venezolanos hemos crecido con una mentira peligrosa: “somos un país rico”. Ante esta media verdad resulta importante discutir el concepto de riqueza. Desde la economía clásica con autores como Adam Smith, los padres del capitalismo moderno, la riqueza está asociada a los factores de crecimiento de la productividad del trabajo. Por tanto, la riqueza sólo se generaba con un bien físico, es decir bienes tangibles que se vendieran en el mercado. Por tanto, el sector servicios (docentes, abogados, doctores) se consideraba trabajo improductivo. Esta definición de riqueza tiene tantas transformaciones y detractores como años en boga (segunda mitad del siglo XVIII), sin embargo, permite dar cuenta de lo vulnerable que es una economía como la nuestra, siendo dicha vulnerabilidad elemento crucial para considerarnos como un país no tan rico si nuestros ingresos dependen exorbitantemente de la exportación de un solo rubro.
Para el primer trimestre del 2013 el 96,28% de los ingresos del país fueron producto de la actividad petrolera. Es decir, de cada 10 dólares que entran a Venezuela 9,6 son resultado de la exportación petrolera (Vázquez, 2013). Vale la pena contrastar esa cifra con los datos de 1998 (antes del gobierno de Hugo Chávez) en donde la actividad petrolera representaba el 68,7% de los ingresos nacionales (Lander, 2014). Estamos en presencia de la mayor expresión del rentismo petrolero en nuestra historia: cambiamos petróleo por carne, petróleo por leche, petróleo por maíz, petróleo por celulares, petróleo por ropa… paremos de contar.
El rentismo se entrampa en la finitud de la renta petrolera. La renta no puede sostener todo sin una contraprestación. No podemos pagar todos los bienes y servicios que queramos a partir de un solo rubro. Los espejismos producto de los precios internacionales del petróleo nos permiten como país la oportunidad de sustentar el consumo del mercado interno, pero estos niveles están disociados de la producción por tanto nos vemos obligados a gastar en grandes importaciones de bienes y servicios de consumo, dejando de lado la inversión en la importación de bienes de capital que pudieran representar la diversificación de la economía.
En Venezuela más del 80% del territorio se encuentra sin grandes concentraciones de población. Nuestros grandes centros poblacionales, resultado histórico de una economía de puerto, se concentran en un 20% de territorio principalmente costeño (con excepciones en los Andes y al sur del país). Antes de ser un país que aproveche su tierra y su agua para el desarrollo agropecuario y turístico, actividades dadoras de trabajo, bienestar social y soberanía alimentaria, apostamos por los planes de la minería que dejarán sin agua, sin bosques, sin biodiversidad, sin agricultura ni ganadería, sin tierra para los indígenas. Las experiencias a nivel mundial evidencian como con la mega-minería a cielo abierto el ecocidio es total y en nuestro caso riesgos de etnocidio en tanto estas actividades desplazan comunidades locales, generan muy poco empleo, se implantan niveles crecientes de violencia y violaciones de todo tipo de derechos. No existe extractivismo amigable con los pueblos ni con el ambiente.
Sin embargo, algunos autores adjudican nuestros males económicos a nuestra naturaleza petrolera. Esto resulta un tanto simplista. País petrolero no es sinónimo de rentismo petrolero, ni es sinónimo de crisis progresivas y cíclicas. Nada de esto es culpa del petróleo como condición natural. Otros países petroleros aprovechan las épocas de bonanza petrolera para diversificar su economía y fortalecer sus fondos de reserva para cuando los precios del petróleo bajen. Nuestra dirigencia política no lo hizo. En bonanza petrolera todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, hasta el punto de incurrir a elevados niveles de endeudamiento. Gran irresponsabilidad. Inevitablemente al bajar los precios del petróleo nuestros ingresos colapsaron y la nación entró en una profunda y sostenida recesión económica.
Algo a considerar a partir de nuestras dinámicas económicas son las implicaciones antropológicas y psicosociales que estas tienen en la población. Bien señala el antropólogo Rodolfo Quintero en su texto Antropología del petróleo publicado en 1971. Como sabemos, las prácticas e imaginarios de una sociedad son producto de las relaciones totales de su entorno y de su reproducción de vida, eso incluye las dinámicas económicas. En este sentido, Quintero (2014) describe a la cultura venezolana como dependiente en tanto las transformaciones introducidas por las dinámicas petroleras generan vértigos, inestabilidad emocional y psicológica, y desajustes en los venezolanos. Vivimos en una sociedad de estructura parcial, con estímulos medio absolutos, sin fines colectivos e integradores, sino más bien individualistas e inmediatos, efímeros. Esto genera sujetos sumidos en ansiedades y conflictos.
De igual modo, la cultura del petróleo, como se refiere el autor, le impone al venezolano un mundo de dependencia en relación con el sistema económico internacional, un mundo de vida sujeto a la actividad petrolera-rentista. Entre diversas características resaltamos las siguientes: para el venezolano en un sentido mágico-religioso, lo malo es nacional, lo bueno es producido afuera; lo veloz y lo cómodo es lo conveniente; y contradicciones en el cumplimiento de las obligaciones para con los otros y las necesidades individuales.
En la sociedad venezolana se evidencian disociaciones entre diferentes componentes de lo humano. El autor destaca cómo la condición de subordinación a autoridades extranjeras (los jefes de las transnacionales petroleras) conduce a una enajenación que desnacionaliza a los venezolanos, alejándoles de su pasado histórico y configurando débilmente los vínculos de identidad hacia lo propio, privilegiando lo ajeno, lo externo. Esto se evidencia en los débiles lazos entre los venezolanos y su territorio, o lo propio. Según palabras de la Dr. Nelly García Gavidia, quien creció en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo una de las principales zonas petroleras del país, bien podemos hacer una analogía entre los venezolanos y los balancines petroleros. Venezuela es a los venezolanos lo que el pozo petrolero a los balancines. Los sujetos tienen en lo venezolano recursos que garantizan consumo y comodidad, siempre mirando lo ajeno como referente de lo mejor, cuando esos recursos se agotan en épocas de austeridad económica o de crisis como las que estamos atravesando, lo lógico es partir hacia otro territorio que sí garantice esas comodidades. Cuando se acaba el petróleo de un pozo el balancín deja de succionar la “riqueza”, succionamos desde otro pozo. Es la dislocación entre lo propio y lo bueno, la riqueza y el sacrificio.
Ésta es la cultura de la conquista, la cultura del petróleo descrita por Quintero (2014), la cual surge y reproduce el rol de mono-exportadores de materias primas en tanto reproducimos las relaciones económicas internacionales sujetos al mercado que demandan los países industrializados. El AMO es la perpetuación de esta condición, simplemente representa la diversificación de nuestra condición rentista. La explotación minera a gran escala como alternativa a la crisis, como alternativa a la captación de divisas, no hace sino agudizar y perpetuar nuestro mal: la cultura del petróleo, o bien podemos decir, la cultura rentista, o la cultura de la mega-minería.
Conclusiones
Acá no se trata sólo si le regalamos nuestros recursos o no a las transnacionales. Se trata de superar u oxigenar la lógica rentista-extractivista que condena al país con la mayor reserva petrolera del mundo al rol de surtidor de materias primeras y a cumplir un papel segundón ante la el sistema capitalista internacional. Se trata de enseñar a los venezolanos un camino distinto, el de la soberanía, el crecimiento, la esperanza, las posibilidades, la vida, por encima del pasado, la sumisión, la derrota, la muerte.
Por tanto, la oposición al Arco Minero no se trata exclusivamente de un tema ambiental, ni tampoco de a quién venderle los recursos, a EEUU, Europa o China, se trata de un asunto de soberanía nacional, de continuar el camino del extractivismo y el rentismo primario mono-exportador, o de comenzar a diversificar nuestra economía y con ello construir nuestra soberanía. El acuerdo con la Gold Reserve nos da muestras de los niveles de dependencia y subordinación nacional que este proyecto acarrea.
Es importante destacar que ante nuestra historia rentista y producto de la crisis que atraviesa el país no existe ninguna garantía de abandono al proyecto del Arco Minero, incluso con un posible cambio de gobierno. Cualquier administración que llegue a Miraflores, ante las condiciones adversas en las que se encuentra la nación, verá en los acuerdos del AMO un ingreso de dólares necesario para el funcionamiento del país. Por ello la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal organización política opositora al actual gobierno, dice poco o nada al respecto. Sólo pueden encontrarse declaraciones de uno de sus diputados ante la Asamblea Nacional, Américo Grazia, acusando a los decretos y contratos de inconstitucionales. Más allá de ese detalle jurídico, que en términos concretos significa poco, no encontramos ninguna voz discordante con el proyecto del AMO que no venga de movimientos sociales o de ex funcionarios del gobierno actual quienes pretenden sacar algún provecho del descontento popular ante el presidente Maduro.
En Venezuela parece existir un solo punto en común entre los diversos actores políticos y empresariales: el consenso rentista. Parece que todos estamos de acuerdo en extraer todo lo que tenga precio de nuestro subsuelo y venderlo al mejor postor para garantizar así la importación de bienes para el país. La dialéctica inflacionaria histórica en Venezuela surge desde la discordancia entre producción y consumo. Esta es la ficción de la Venezuela rica.
Quienes denunciamos en este trabajo nuestro posición lo hacemos por el deseo infinito de ver a nuestro país transitar los caminos de la abundancia y la dignidad. Las mafias de Garimpeiros que acusa el presidente poco tienen que ver con la academia. Aquellos grupos generalmente se visten de verde oliva, portan armas y usted los asciende con honores cada cierto tiempo. Nuestros caminos desgraciadamente son las del saber, el conocimiento y la verdad. Decimos desgraciadamente porque en este país la investigación, la disertación, la verdad y la crítica parecen cada vez más, gracias a sus políticas de gobierno, actividades merecedoras de persecución, menosprecio y rechazo. Sólo le recordamos al país, parafraseando a Simón Bolívar, que “un ser ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.
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