La valiente procuradora antidrogas, Sonia Medina Calvo, ha advertido sobre el riesgo permanente de que el Perú se convierta en un narcoestado, debido a la infiltración del narcotráfico en la política, según se desprende de las denuncias en la que están implicados congresistas, alcaldes o funcionarios del Estado.
La corrupción a gran escala y el hecho de que muchas autoridades estén presuntamente vinculadas a organizaciones criminales, que operan en el interior de municipios y gobiernos regionales, es realmente alarmante.
En Latinoamérica, uno de los países más golpeados por el narcotráfico es México, donde miles de personas son asesinadas, inclusive periodistas que investigan los nexos de corrupción entre el narcotráfico y el Estado, que incluso los hace víctimas de asesinatos a manos de sicarios contratados por las organizaciones criminales. En el 2016 ocurrieron veinte mil asesinatos a causa de “ajustes de cuentas” entre narcos.
En el Perú la situación tiende a agravarse, debido a las oscuras relaciones entre autoridades estatales corruptas y narcotraficantes, lo cual están configurando un “narcoestado”.
Develar esos hilos secretos, esas conexiones entre funcionarios corruptos y los llamados “capos del narcotráfico” es un trabajo riesgoso, porque el periodista que revela esos entretelones se convierte en un personaje incómodo al informar públicamente sobre esa corrupción.
Las consecuencias son conocidas. El “narcoestado” funciona como una extensión de las organizaciones criminales. Y llama mucho la atención cuando se involucran las más altas autoridades del gobierno, el despacho presidencial, la policía, el poder judicial, el poder legislativo y el poder administrativo. Algunos funcionarios corruptos operan como “guardianes” de la delincuencia, lo cual genera un problema nefasto para la sociedad.
Según el Ministerio del Interior, en el Perú el problema de la producción de droga se concentra en el VRAEM (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), aunque dos décadas atrás estuvo en el valle del Huallaga. Además existe el agravante de que en esa zona hay problema de “narcoterrorismo”, donde los remanentes de grupos terroristas como Sendero Luminoso dan protección a los traficantes de droga y ponen en riesgo a las poblaciones. Incluso han asesinado a policías y efectivos del Ejército.