A menudo nos referimos a la bondad de la “democracia” como si de un fin, en ella misma, se tratara y no tanto como lo que, entiendo, es realmente: un medio para alcanzar el verdadero fin.

Cierto que convendrá establecer, en ese contexto, a cuál de las varias acepciones del término “democracia” nos referimos en cada momento (estructurales y formales o de sociedad resultante). Ello lo indicaremos más adelante.

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Así, y como es sabido, podemos utilizar la palabra “democracia” para referirnos a una forma de organización social que entiende al conjunto de la ciudadanía como titular del poder, en concreto a una forma de organizar el Estado en que será el pueblo quien, a través de mecanismos de participación, adoptará las decisiones que afecten al colectivo.

Tal participación puede ser directa o indirecta legitimando a sus representantes –representativa-; cabiendo también -en esa última- una cierta participación popular posterior a través de referéndums, etc. lo que, en su caso, supone un tipo participativo o semidirecto.

También podemos referirnos a la “democracia” para expresar la existencia de determinados principios que le son inherentes, tales como los acuerdos mayoritarios sin obviar a las minorías, la igualdad de los ciudadanos, su libertad de expresión, garantías de respeto a los derechos humanos y otros tantos.

No en vano, cabe también referirse a la “democracia”, en sentido amplio, como la forma social de convivencia de miembros libres e iguales que establecen sus relaciones sociales en base a mecanismos de tipo contractual (acuerdo).

Existe asimismo una clara diferenciación entre “democracia liberal” y la “democracia social” o socialdemocracia en que se recurre a determinadas regulaciones por parte del Estado a través de programas y entidades patrocinadas por él, para mitigar/compensar las evidentes desigualdades e injusticias sociales que, de forma evidente, genera la economía libre y el capitalismo.

Es notorio, al respecto que, la presión en la toma de decisiones legislativas, etc. por parte de las élites económico/financieras controladoras, además, de los manipuladores medios de comunicación, generan tremendas desigualdades a favor de ellas y en detrimento de los sectores más humildes, por lo que las regulaciones antes citadas resultan del todo precisas.

No obstante, incluso con esas intervenciones, el resultante “estado del bienestar” resulta muy menguado. Por todo ello y en la práctica cotidiana, esa “democracia” como forma de organización social no ofrece resultados tan buenos como cabría esperar.

Entendiendo por “buenos” aquellos que significasen -para toda la ciudadanía- una igualdad de condiciones dignas de vida.

Asimismo, resulta muy significativa en nuestras democracias la carencia –entre otras- de dos elementos que las mejorarían fortaleciendo la voluntad ciudadana expresada mediante sufragio, frente a tentaciones de incumplimiento por parte de los representantes electos y del aparato estatal.

Se trata del “mandato imperativo”, mediante el cual los electores dan instrucciones jurídicamente vinculantes a sus representantes electos prohibiendo, por tanto, incumplimientos de las promesas electorales vertidas en campaña. Y también de la consecuente capacidad de “revocación” con la que sancionar inmediatamente a los representantes incumplidores, sin necesidad de esperar hasta las siguientes elecciones.

En definitiva, de todo lo anterior se deduce que pudiendo ser la “democracia” un buen medio a nivel teórico –algo trucado ya por los sistemas electorales y las carencias expuestas- para el diseño y logro de una adecuada sociedad, la resultante de ese sistema organizativo sigue apareciendo profundamente injusta.

La pregunta para efectuar sería ¿Qué sociedad deseamos? Parece que, desde un punto de vista ético y justo, la respuesta debiera ser esta: una sociedad con igualdad de derechos (y obligaciones) para todos y entre todos, con libertad de acción, pensamiento, expresión, asociación, etc. así como de elección de representantes, para con ello establecer (y esto ya no es mera formulación legal/institucional) una igualdad y prosperidad a nivel económico, la igualdad de condiciones dignas de vida, acceso a bienes públicos, etc. Y la garantía de esto último, a través de las decisiones tomadas en el marco democrático, es lo considerado como una “democracia social”. Y los gobiernos democráticos deben ajustarse a ello.

De no lograrse esa garantía, quizás nos hallemos ante una “democracia” formal (en su estructura y en su proceso de construcción), pero no real/material (en los resultados de sociedad obtenidos en el seno de la tal estructura).

Podríamos decir que la “democracia” no es (estructural y formalmente) un fin, sino un medio correcto (al contar con la participación de todos) en el logro de ese fin convivencial que, para ser valioso, deberá ajustarse a principios éticos y de justicia en sentido estricto.

Por tanto, no cabe hablar de bondad democrática cuando nos referimos al aspecto que venimos denominando formal/estructural/institucional (que la tiene), si el logro último es una sociedad injusta en que unos explotan y otros son explotados. Al ser, en este caso, malo (por indeseable) el resultado, no puede hablarse ya –por extensión- de bondad en ningún sentido.

Los ciudadanos libres e iguales, cumplidores de las normas que se han dado, merecen esa sociedad justa. Si tal tipo de sociedad la consiguiese un dictador (lo que resulta poco probable) el resultado sería bueno, pero aún mejor si lo consiguiésemos entre todos (democráticamente).

A sensu contrario, si democráticamente se logra una sociedad injusta, entonces esa “democracia” es una estafa, un blanqueo del dominio de los mejor ubicados en ese colectivo (los pocos) sobre los peor ubicados (los muchos). El simple sello “democracia” no comporta, sin más, bondad.

Si la democracia, como forma, debe tender a un fin como el descrito (justo), y en ese componente formal se establece que ha de decidirse entre todos los ciudadanos, es fácil deducir que -de existir ciudadanos  cuyo propósito sea el poco loable de intentar aprovecharse de otros en beneficio propio, por ejemplo, y los hay- el propio espíritu democrático formal, al darle voz a esos sujetos, compromete seriamente el logro de un resultado ético y justo, que es de lo que se trata.

Y, así las cosas ¿no resultaría adecuado para la consecución democrática de una sociedad fraternal, impedir la implicación -si se quiere de forma antidemocrática- de esos sujetos “perturbadores”?

Vamos, que toca suprimir por “imperativo democrático” la existencia del liberalismo y por supuesto del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en general y ya puestos, de toda la derecha con sus partidos y….

Pero, entonces se me diría: ¿qué sucede con la libertad de pensamiento, de empresa, la propiedad privada, la no discriminación, etc. etc.?

Y se me continuaría diciendo: No invente sistemas mixtos, o ¿dónde queda el socialismo o el comunismo o el….?

Y tendrían, evidentemente, su razón.

Ahora bien, que no me vengan de nuevo con eso de que la democracia (confundiendo medio con fin) es siempre buena o lo menos malo, eso sí siempre mejorable, bla bla, bla.

La gente que clama por la justicia social, que está en contra de los crímenes sociales, medioambientales y económicos, seguirá viendo a esa “democracia” como una tapadera de un lindo -por fuera- cubo de basura y ello, como mínimo, en la medida en que nuestras sociedades occidentales no promuevan la solidaridad sino el egoísmo y competitividad.

La verá como una cierta contradicción entre el medio utilizado para alcanzar una bondad como fin y la falta de ella en éste. Contradicción como la existente entre un cubo de basura de aspecto espléndido y la inmundicia que contiene. Algo es algo.  .

Jordi Cabezas Salmerón

Jordi Cabezas Salmerón, nacido en Barcelona el 21/12/49, Abogado penalista, es Diplomado Superior en Criminología y Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB, es también profesor del “Master Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal” de esa Universidad y de la Mar del Plata (Argentina) y de Derecho Penal y Procesal Penal en la Escuela de Policía de Cataluña. Asimismo es profesor penalista en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB autor de diferentes ponencias/artículos y del libro “La culpabilidad dolosa como resultante de condicionamientos socioculturales”.

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