El ‘Vacunagate’ ha sumergido al Perú en una profunda crisis moral. La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez Chuquilin, hizo un llamado a que se mantenga la estabilidad en este momento de transición para que se puedan elegir a los gobernantes en las próximas elecciones generales del 11 de abril.
Fuente de la foto: Salud con lupa: «Vacunagate: los 487 que se beneficiaron en secreto de las dosis de Sinopharm » (https://tinyurl.com/corrupcionismomedico)
Las declaraciones de Vásquez Chuquilin surgen en medio de la crisis que se vive en el país por el escándalo en el que más de 480 personas, incluidas funcionarios públicos y el expresidente Martín Vizcarra, accedieron a una vacunación irregular y secreta con las dosis de Sinopharm que llegaron al país en el marco de un ensayo clínico patrocinado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
La presidenta del Congreso sostuvo que la inhabilitación política puede ser una sanción posible para funcionarios públicos que han lesionado gravemente el sistema y han mellado la confianza en las instituciones, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19.
“Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique”, enfatizó.
Cabe indicar que el Ministerio Público anunció que la Fiscalía de la Nación ha incluido en su investigación preliminar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y a la excanciller Elizabeth Astete, en el marco de su vacunación secreta con las dosis del ensayo clínico de Sinopharm.
A través de su cuenta institucional, la Fiscalía de la Nación explicó que la investigación se realiza por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Vásquez Chuquilin cree que es muy importante que se proyecte que no hay intereses políticos detrás de la investigación y que se haga un trabajo objetivo para llegar a la verdad. En su opinión, todo funcionario que haya ejercido un cargo importante y que se le demuestre una responsabilidad tan seria, debería evitarse que siga en la función pública.
La Conferencia Episcopal Peruana ha sido de las últimas instituciones en rechazar el escándalo. La presidencia se pronunció sobre la actual crisis política y social que atraviesa el país debido a la aplicación irregular de vacunas contra el coronavirus.
“El Perú, una vez más, es golpeado por el reprochable proceder de algunas autoridades que se han beneficiado egoístamente, dejando de lado los intereses del país, el bien común y su obligación de velar por los más necesitados, los que están en primera línea de lucha contra la pandemia”, critica en un comunicado.
Según los obispos, la vacunación irregular de funcionarios públicos «muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país».
“La indignación que generan estos hechos se agrava porque deja de lado a los que por más de un año vienen sacrificándose en la primera línea enfrentando esta pandemia. No es posible que sigan muriendo médicos, enfermeras, policías, servidores públicos y tantos otros voluntarios, mientras que un grupo insensible busca su propio interés”.
La Conferencia Episcopal Peruana exigió que estos hechos “sean debidamente investigados y sancionados para que la impunidad no tenga más espacio entre los peruanos y, por fin, logremos trabajar en unidad y transparencia para vencer esta pandemia”.
El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó el pasado veinte (20) de febrero una moción donde se exhorta a los 130 congresistas a ser sometidos a un peritaje que permita descartar que tengan anticuerpos por haber recibido una vacuna contra el coronavirus de Sinopharm.
Luego de casi cinco horas de debate en la sesión del pleno que se convocó para revisar este tema, se aprobó por 111 votos el documento que presentaron los congresistas Manuel Merino, Otto Guibovich y Ricardo Burga de Acción Popular.
Esta medida también se aplica a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la presidencia de la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, así como todos los ministros y otros altos funcionarios en el cargo a partir de julio de 2020. El objetivo es descartar que los funcionarios públicos se hayan beneficiado de las vacunas contra el coronavirus.
En el escenario de esta crisis política y social, el gobierno peruano ha anunciado que el estado de emergencia sanitaria se extenderá por lo menos hasta el dos (02) de septiembre, según lo publicado en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano a fin de continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para la protección de la población de todo el país.
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