El presidente de la Comisión Sectorial Investigadora de la Aplicación de la Vacuna Candidata contra la covid-19, Fernando Carbone Campoverde, explicó en rueda de prensa que en el margen de las 470 personas que recibieron la inoculación con la vacuna de Sinopharm, según la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 101 personas no formaban parte de los equipos de investigación.
En realidad se trata de un total de 101 funcionarios públicos, sus familiares e invitados que irregularmente y en secreto recibieron el fármaco, entre los cuales aparecen el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, personal del Ministerio de Salud y de la Cancillería, según reveló el pasado jueves veinticinco (25) de febrero la comisión encargada de investigar el llamado ‘Vacunagate’.
En el caso de Vizcarra fue vacunado en octubre pasado en el Palacio de Gobierno, antes de su destitución en noviembre. También debemos señalar que entre los funcionarios que no tenían relación directa con los ensayos clínicos aparecen las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunciaron poco tiempo después del destape del ‘Vacunagate’.
El presidente de la Comisión Sectorial Investigadora, designada por el Ministerio de Salud, refirió que de estas 101 personas 54 se encuentran relacionadas con los ministerios de Salud (49) y de Relaciones Exteriores (5). Además se detectó que irregularmente 18 personas “invitadas” no guardan relación alguna con estas dos carteras ministeriales y otras 29 pertenecen al entorno de los investigadores, pero sin embargo no forman parte de la investigación sobre la vacuna.
Las otras 369 personas que conforman el listado “pertenecen a los equipos de investigadores de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos”, dijo Carbone.
Fernando Carbone quien se desempeñó como ministro de Salud (2002-2003) durante el régimen de Toledo recordó que las funciones de la comisión que presidió enmarcaban el área de investigación sólo dentro del sector Salud y no implicaba sanciones al respecto. En consecuencia se establecieron trece (13) recomendaciones en las cuales se exhorta la participación de diversos organismos.
“A ellos les corresponde calificar, identificar la naturaleza de lo obrado y ver si es que no estuvo bien. En ese caso, deberán señalar si hay una sanción”, manifestó.
Está en claro que Sinopharm envió determinada cantidad de dosis para desarrollar el ensayo clínico de su candidata a vacuna en el Perú. En relación a las 3, 200 dosis de vacunas que ingresaron a territorio nacional fuera de las que se encontraban destinadas a los ensayos, Carbone Campoverde indicó que los responsables de su administración consultaron a los integrantes del equipo si se encontraban dispuestos a recibirlas y varios aceptaron, pero otros no.
Sucedió que 1, 200 de las dosis se entregaron a la Embajada de China en Perú y las restantes 2, 000 vacunas se enviaron a los centros de investigación de las universidades Cayetano Heredia y Mayor de San Marcos, que desarrollarían el ensayo clínico con 12, 000 personas voluntarias.
Carbone señaló que entre esos responsables está el investigador principal del ensayo en la universidad Cayetano Heredia, Germán Málaga, junto a los investigadores patrocinadores del estudio, Javier Bustos y Hugo García, que “conversaron sobre la posibilidad de ofrecer la vacuna en concurso en estudio a otras personas”. Además del investigador principal sanmarquino Eduardo Ticona.
El exministro Carbone confirmó que también hubo comunicación con los representantes del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores: el asesor de inmunización Carlos Castillo y el director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería Arturo Jarama. A estos representantes se les pidió “que identificaran personas que debían recibir la vacuna” a pesar de no formar parte del equipo de investigación. Se informó que el suministro final del fármaco a esos individuos afecta lo establecido en el reglamento de los ensayos clínicos.
La comisión recomendó poner el informe sobre la aplicación de vacunas a disposición de la Fiscalía de la Nación para que evalúe interponer una denuncia constitucional contra la exministra de Salud –vacunada en su domicilio– por presunto delito en el ejercicio de la función.
Actualmente tanto Mazzetti como Astete y Vizcarra son investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros, a causa del ‘Vacunagate’.
En este contexto de crisis política y social, el Perú es azotado por la segunda ola de coronavirus y el incremento de nuevos casos. La doctora Lely Solari, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), declaró que si la covid-19 entra a una familia, la tasa de contagio es bastante elevada. Por lo tanto debemos asumir que todos los miembros son positivos en la vivienda.
Cuidemos la salud de los peruanos y saludemos el esfuerzo por atender sus necesidades en medio de este escenario de crisis y pandemia.