Las recientes declaraciones del canciller Héctor Béjar, respecto a que el grupo terrorista Sendero Luminoso fue obra de los servicios de inteligencia norteamericanos (https://tinyurl.com/ycz5xhef) han merecido el repudio general. “Estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas: uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los Servicios de Inteligencia”, dijo, demostrando un desconocimiento de la historia del Perú.
Partimos de este axioma fundamental: entre el año 1980 y el 1992, el terrorismo dejó un saldo de alrededor de 70 mil víctimas mortales, de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), disponible en https://www.cverdad.org.pe/ifinal/. Y fueron los sanguinarios y demenciales grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) los que, en su afán de tomar el poder por la vía de las armas y el terror, dejaron una secuela de sangre en el país.
Ahora, con nuevo maquillaje, los “neosenderistas” tratan de construir una nueva narrativa llena de mentiras y falacias. Como lo he señalado en esta columna (https://tinyurl.com/28dn2by8), muchos peruanos ignoran esta realidad y son manipulados por quienes tratan de maquillar el terrorismo y quieren justificarlo, señalando equivocadamente que fue un movimiento que buscaba la justicia social. Gran mentira, que defienden también los organismos de fachada de estas agrupaciones.
En otro artículo llamado “El fantasma del terror” (https://tinyurl.com/4wj3j2at) también expresé que, en su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) atribuye a Sendero Luminoso ser causante de la mayor cantidad de crímenes y masacres durante el período de violencia terrorista en el Perú.
El cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán –sentenciado a cadena perpetua por el delito de terrorismo–, ocasionó una verdadera tragedia en el Perú. El informe es contundente y no quedan dudas: “La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente”.
Para la CVR, el Partido Comunista del Perú (PCP-SL) fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a la CVR.
Y lamentablemente, hay una tendencia a responsabilizar y hasta “satanizar” a los valerosos policías y militares que ofrendaron sus vidas por el Perú. Aunque hubo casos aislados de abusos de autoridad, y que se han ventilado en el Poder Judicial, la cuestión de fondo es que fue una “guerra” contra el terrorismo. Al final, las autoridades detuvieron, procesaron y sentenciaron a los cabecillas de estas sanguinarias organizaciones, entre ellos Abimael Guzmán.
Condenamos el terrorismo
La Real Academia Española (RAE) atribuye tres significados a la palabra “terrorismo”: “dominación por el terror”; “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Por su parte el Título 22 del Código de los Estados Unidos, sección 2656f (d) señala lo siguiente: «Terrorismo: Violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado.»
El terrorismo es uno de los problemas más recurrentes en las agendas políticas de los Estados occidentales a lo largo de las últimas dos décadas. En la actualidad, la amenaza de grupos extremistas está a las puertas de cualquier sociedad y, por tanto, se hace necesario establecer políticas de control que minimicen su impacto o, de ser posible, su aparición.
El terrorismo como fenómeno global actual se encuentra enraizado en el imaginario colectivo de la Sociedad Internacional, especialmente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ahora con las atrocidades del Estado Islámico. En los últimos años, organizaciones terroristas han aprovechado la debilidad de ciertos Estados para alojarse en territorios no controlados por éstos y desde allí planear o cometer atentados, entre otros delitos.
La lucha contra el terrorismo se ha convertido en una de las banderas dominantes de la política internacional de comienzos del siglo XXI. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos inició un despliegue militar con el fin de aplicar en los agresores lo que Rancière llama la “justicia infinita”, aquella que “ataca a todo lo que suscita o que podría suscitar terror” y que se ubica “por encima de toda regla de derecho”.
Uno de los axiomas fundamentales de la sociología histórica es que hay que conocer el pasado para no repetir en el presente los errores de antaño, errores que en realidad fueron horrores, cuando pensamos en el tremendo daño material, moral y económico que ocasionó en el Perú la demencia e insania del terrorismo durante las décadas del ochenta y noventa a manos de los movimientos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La violencia social ha trascendido los esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país para construir por primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.
Debemos tener presente que los grupos terroristas afectan seriamente los derechos humanos de primera generación como el derecho a la vida, la integridad, la libertad, etcétera, pero también otros derechos humanos considerados de segunda y tercera generación como el derecho a la propiedad, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Existe entonces una íntima relación entre los atentados terroristas, violaciones a los derechos humanos, el derecho a la paz y el desarrollo.
Así las cosas, enfrentar el terrorismo es una obligación del Estado para proteger los derechos humanos de su población.