El Consejo de Estado del Perú, formado por el Poder Judicial, Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de la Nación, pidió al presidente izquierdista, Pedro Castillo, mediante un oficio una reunión de urgencia debido a la «creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la Administración Pública y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos».
La solicitud es firmada por la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello; el contralor de la República, Nelson Shack, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
En el documento las instituciones han señalado que pese a que un Estado de Derecho se caracteriza por la distribución de funciones, eso «no implica que deban ejercer sus atribuciones de manera aislada».
De hecho, han recordado que «se encuentran obligados a cooperar en la atención de los diversos problemas que enfrenta el país», por lo que han reclamado a Castillo que «realice todos los esfuerzos necesarios para materializar el principio de colaboración y de buena marcha de la Administración».
El Poder Ejecutivo se encontraba a la expectativa de que el Congreso de la República reciba y debata una moción de censura contra el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), Íber Antenor Maraví Olarte, por parte de las bancadas de la oposición, que rechazaron sus respuestas en la interpelación que lo vincula con acciones de Sendero Luminoso en la región de Ayacucho.
En el mes de septiembre en un artículo titulado «Crisis económica y Estado de derecho en el Perú» (https://tinyurl.com/wvyfmbc3) señalé: “Según el organismo sobre derechos humanos Waynakuna Perú la demanda tiene sustento en los atestados policiales: ‘N° 12-SE-JDp del 3 de agosto de 1981 y N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982’, donde Maraví está involucrado”.
En el caso de que el Congreso de la República del Perú hubiese aprobado la censura de Íber Maraví, el exprimer ministro, Guido Bellido, dijo que plantearían una cuestión de confianza al gabinete ministerial que forzaría una remoción completa del Consejo de Ministros.
El congresista Jorge Montoya reveló que todavía se recolectaban las firmas para presentar la moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví. Además explicó que la censura contaba con el apoyo de tres parlamentarios de la bancada de la organización gobernante Perú Libre (PL).
El día seis de octubre la congresal de Perú Libre, Betssy Chávez Chino, juró como nueva titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en reemplazo de Íber Maraví, quien había sido interpelado la semana pasada y se preparaba una moción de censura en el Congreso de la República. Este mismo día el presidente Pedro Castillo procedió a aceptar la renuncia presentada por Guido Bellido al cargo de Presidente del Consejo de Ministros.
En el artículo “Elección y fraude en el Perú” (https://tinyurl.com/pva93w) escribo: “En el Perú actual debemos considerar que el primer ministro de gobierno, Guido Bellido, y el secretario general y fundador de la organización gobernante Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, entre otros, se encuentran investigados por el delito de terrorismo, según informó el Ministerio Público”.
«No hay elementos sólidos para poder censurar. Lo que hay es interés de revanchismo político contra este Gobierno. Como hemos visto esta moción que han firmado, está claramente orientado no al ministro Iber Maraví, sino hacia el presidente de la República», declaró el expremier Bellido.
A fines del año pasado en un artículo titulado “Corrupción, corrupcionismo y presidencialismo” (https://tinyurl.com/t98ywzy8) señalé: “Un total de cinco expresidentes del Perú están inmersos en procesos penales o investigaciones fiscales por presuntos delitos de lesa humanidad y de corrupción, incluso algunos de ellos ya cumplen prisión. Ellos son Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y recientemente Martín Vizcarra, investigado por presuntos cobros ilícitos para adjudicar obras públicas en Moquegua cuando fue gobernador de dicha región”.
En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional.
El resultado de este accionar ilegal es dramático: la alteración del orden social y el daño pernicioso e irreversible a la sociedad, quitándole de esa forma la posibilidad de un desarrollo sostenible. Y lo que es peor: la degradación moral de nuestro país.
En su reciente comunicado “Movimientos comunistas organizan homenajes al genocida Abimael Guzmán” (https://tinyurl.com/hk7pjmdc) la organización de derechos humanos Waynakuna señala que en distintos países de Europa, Asia y América Latina, partidos, micropartidos, movimientos y colectivos comunistas decidieron organizar homenajes al terrorista Abimael Guzmán, líder del movimiento subversivo Sendero Luminoso. Estas acciones representan una afrenta a las miles de víctimas que dejó la violencia de esta organización criminal.
El documento señala: “La cancillería del Perú, debería emitir un comunicado de protesta en los países en donde se han desarrollado estas actividades insultantes contra la historia y memoria del Perú”.
Debemos recordar que entre el año 1980 y el 1992, el llamado «conflicto armado interno» dejó un saldo de alrededor de 70 mil víctimas mortales, entre civiles, militares y terroristas. Fueron los grupos terroristas los que, en su afán de tomar el poder por la vía de las armas y el terror, dejaron una secuela de sangre en el país.
Conduzcamos el país hacia la democracia, el desarrollo social y la paz.
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