Entre el año 1980 y el 1992, el llamado «conflicto armado interno» dejó un saldo de alrededor de 70 mil víctimas mortales, entre civiles, militares y terroristas. Fueron los grupos terroristas los que, en su afán de tomar el poder por la vía de las armas y el terror, dejaron una secuela de sangre en el país.
Fuente de la foto: Congreso de la República del Perú: «Participación Ciudadana: Fotos del terrorismo » (https://tinyurl.com/Fotosdelterrorismo)
Sin embargo, en tiempos actuales, en que se fabrican héroes de barro, muchos peruanos ignoran esta realidad y son manipulados por quienes tratan de maquillar el terrorismo y quieren justificarlo, señalando equivocadamente que fue un movimiento que buscaba la justicia social. Gran mentira, que defienden también los organismos de fachada de estas agrupaciones.
Y lamentablemente, hay una tendencia a responsabilizar y hasta «satanizar» a los valerosos policías y militares que ofrendaron sus vidas por el Perú. Aunque hubo casos aislados de abusos de autoridad, y que se han ventilado en el Poder Judicial, la cuestión de fondo es que fue una «guerra» contra el terrorismo. Al final, las autoridades detuvieron, procesaron y sentenciaron a los cabecillas de estas sanguinarias organizaciones, entre ellos Abimael Guzmán.
Otra información muy importante: En el Perú existirían más de 1,300 efectivos policiales en condición de discapacidad, la mayoría de los cuales la obtuvo como consecuencia de enfrentamientos armados y por cumplir valerosamente su servicio policial. En las Fuerzas Armadas habría una cifra similar de alrededor 2, 500 personas que quedaron con secuelas graves, por combatir a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, según informan fuentes confiables.
Como afirma el general EP (r) Wilson Barrantes: «Existe una judicialización perversa contra los militares que participaron en el conflicto armado interno, y por otro lado, existe una negociación establecida entre la Comisión de la Verdad y Sendero Luminoso, de tal suerte que logró que muchos de ellos reduzcan penas y abandonen los penales. O sea que no hubo un equilibrio igualitario para solucionar el problema de la guerra. (…) Prueba de lo que le estoy diciendo es que el Instituto de Defensa Legal (IDL) realizó una serie de talleres a fiscales y jueces para inducirlos en que lo que estaba escrito ahí (en el informe de la CVR) era la biblia y había que judicializar los casos, cosa que no corresponde a la realidad de las cosas».
El Gobierno del Perú presidido por Pedro Castillo Terrones oficializó el cambio de los altos mandos de la Policía Nacional de Perú (PNP), con la designación del general Javier Gallardo Mendoza como nuevo comandante general, en reemplazo de César Cervantes Cárdenas.
La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano, en la que también se aprobó el ascenso de Gallardo Mendoza al grado de teniente general, un requisito para poder asumir la conducción de la PNP.
El nuevo comandante general de la Policía Nacional de Perú se desempeñaba hasta la fecha como director nacional de Orden y Seguridad de la institución con formación en la antigua Guardia Republicana.
Hasta antes de su nombramiento ocupaba el cuarto lugar en el escalón de mando de la Policía Nacional de Perú, y según la ley para ocupar el nuevo cargo, debían pasar al retiro los oficiales que lo antecedían en la jerarquía institucional.
Por ello, además de Cervantes Cárdenas, fueron pasados al retiro los tenientes generales Arquímedes León Velasco y Roy Ugaz Suárez, quienes se desempeñaban como subcomandante general e inspector general de la Policía Nacional de Perú (PNP), respectivamente.
El motivo que habría precipitado esta determinación por parte del Ministerio del Interior, es el cuestionado e ilegal servicio policial de resguardo personal que el suboficial brigadier PNP Zárate Villalobos brindó al sentenciado secretario general y fundador de la organización gobernante Perú Libre (PL), Vladimir Roy Cerrón Rojas.
Este ilegal servicio que empleaba recursos del Estado peruano para otros fines constituye delito contra la administración pública (contemplado en el Artículo 387° del Código Penal, con una pena privativa de la libertad entre 4 a 8 años).
Debemos informar que en la actualidad los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, inmolados o heridos gravemente y con terribles secuelas por su lucha contra el terrorismo, piden que no se les olvide y se les reivindique porque no han sido debidamente atendidos por el Estado.
