La publicación en diferentes medios de la detención de un empresario por explotación laboral 1 me hizo recordar “algo” que ya en su momento despertó mi inquietud…
Existe una práctica, ya instaurada en numerosas organizaciones privadas o públicas y, ésta es externalizar parte de sus departamentos o servicios. Tuve un superior al que un día le pregunté respecto al porqué de esta decisión y me vino a decir que era una medida muy acertada pues de esta manera la empresa, en este caso privada, se desentendía de cualquier eventual baja laboral entre otras ventajas para la empresa.
Tengo que decir que aquella explicación distó mucho de tranquilizar mis reticencias. Y es que en aquellos años de mi juventud percibí que aquellas personas subcontratadas aunque estaban en la empresa desarrollando su trabajo, eran tratadas de manera diferente, excluidas de todo aquello denominado “beneficios sociales” que el resto de la plantilla sí gozábamos. Y que decir que desde luego su remuneración económica era mucho más baja que las personas que si percibíamos nómina de la empresa, indistintamente que realizáramos tareas muy similares.
Aquella situación se grabó en mi mente, tal vez porque la consideraba del todo discriminatoria, injusta y ¿realmente era necesaria?
Dicho esto y retomando la actualidad nos centraremos en un concepto que considero viene a explicar con prístina claridad a qué conlleva esta práctica, y este concepto es el de “Precariado” 2 . En ciencias sociales las clases sociales son una clasificación muy esclarecedora de cómo se constituyen las sociedades y, el pertenecer al Precariado no es ninguna ventaja social, todo lo contrario.
Podríamos deducir que la externalización/subcontratación incide sobre todo en servicios de limpieza, obras u otros eventuales, tal vez… ¡pero no! Por concretar de qué estoy hablando les diré que
diversos ayuntamientos deciden externalizar, por poner un ejemplo, la gestión de equipamientos públicos a empresas privadas y son éstas las que pagan las nóminas de las personas trabajadoras. ¿Qué ocurre?
Pues que estas personas automáticamente son introducidas dentro de la categoría “Precariado”.
Trabajan para un ayuntamiento, están dotadas de formación cualificada, universitaria en muchos casos,
pero su remuneración y su carga de trabajo nada tiene que ver con la de una persona funcionaria. Este trato genera un profundo malestar que nutre conflictos de todo tipo y esta realidad social se plasma en la
difusión, a modo de queja, de la precariedad social que vive esta plantilla “externalizada”. Eslóganes cómo “Cultura y ocio en lucha” o “No somos funcionarias, somos precarias”, evidencian una situación laboral de explotación y en muchos casos de una profunda discriminación.
Si preguntamos a la inteligencia artificial, ¿Cuáles son los motivos por los que un municipio/ayuntamiento externaliza algunos de sus servicios? Obtenemos una serie de criterios, como pueden ser: Falta de recursos propios, Mayor eficiencia, Reducción de costes, Flexibilidad operativa, Cumplimiento de plazos o urgencias.
Teniendo en cuenta que se parte de unos criterios legales y administrativos basados en un Marco legal, en una Evaluación de viabilidad, en una Transparencia y concurrencia y en un Control y seguimiento. Pondremos el foco en este último criterio ya que aunque el servicio se externalice, el ayuntamiento sigue siendo responsable de supervisar su correcta ejecución.
Así pues parece que la decisión de un municipio o ayuntamiento de externalizar servicios públicos no se toma a la ligera. Aunque la realidad muestra que en numerosas ocasiones parece ser que “algo” no se acaba de supervisar de la mejor manera. El término “oferta temeraria” en una licitación pública describe la situación en la que para obtener una licitación pública, lo que sería ganar un concurso, se oferta con una rebaja considerable que pone en duda que se pueda gestionar la licitación de manera adecuada. Por ilustrar a qué me estoy refiriendo usaré dos casos, uno de mi ciudad sobre la gestión de la cochera de autobuses 3 en la que la una de las empresas ganó la licitación con una oferta del 25% más baja del precio de licitación. El segundo caso tiene que ver con túneles, infraestructuras que parece ser originan todo tipo de controversias respecto a una posible “manga ancha” a la hora de adjudicar por parte
de quién gestiona nuestro dinero público 4 .
Pero retomemos el concepto de “Precariado” y utilizaremos la metodología para comprender un objeto de estudio en las ciencias sociales; la cadena causal y la correlación. Si elaboramos una receta en la que, por un lado a modo de ingredientes del guiso colocamos; un % de externalización, otro % de subcontratación, otro % de oferta temeraria y un alto % de carencia de supervisión, tenemos una exquisito plato de difícil deglución y este es la erosión de los derechos laborales a modo de precarizar los trabajos. Y para dar un poco más de luz sobre esta relación directa entre el incremento de la siniestralidad laboral y la subcontratación pueden consultar este artículo del ObCP 5 (Observatorio de Contratación Pública).
Así pues la decisión de externalizar, más allá de la idoneidad, tal vez sería preciso considerar que no es aceptable que una cierta laxitud administrativa acabe por erosionar la calidad del trabajo y los derechos más esenciales y dignos de las personas que lo llevan a cabo.
Guadalupe Lucas Martín
Bibliografía
1 https://www.eldiario.es/catalunya/detenido-empresario-malgrat-mar-barcelona-explotacion-
laboral-migrantes_1_12525878.html
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Precariado
3 https://www.eldiario.es/catalunya/oferta-temeraria-seis-anos-retrasos-desastre-supercochera-
buses-barcelona_1_11888430.html
4 https://www.elconfidencial.com/empresas/2023-10-16/generalitat-ofertas-temerarias-tuneles-
concesion_3753873/
5 https://www.obcp.es/opiniones/la-subcontratacion-en-la-ley-de-contratos-del-sector-publico
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