Uno de los fenomenos más dinamicos y preocupantes de la región, visto a la luz de la situación actual en tras paises
La Revista Agraria N.113, Noviembre 2009
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
La concentración de tierras en pocas manos es uno de los temas más relevantes de la actualidad mundial en el sector rural, tanto por la existencia de acelerados procesos de compra de tierras, como por las profundas implicancias sociales, económicas y políticas que dicha concentración conlleva.
Este es precisamente uno de los temas de mayor preocupación de la International Land Coalition (ILC), entidad que agrupa a 84 organizaciones de 28 países del mundo.En un reciente evento organizado por la ILC en Lima (ver recuadro), se dieron cita representantes de diversas instituciones de América Latina.
Para conocer más de cerca el estado de la concentración de tierras en la región, LRA conversó con especialistas de tres países —Ecuador, Honduras y Bolivia—, a fin de dar un vistazo a lo que ocurre con este tema más allá de nuestras fronteras.
Caso 1. «Las zonas más pobres del país son aquellas donde hay una mayor concentración de tierras».Manuel Chiriboga, investigador principal y secretario ejecutivo del Grupo Chorlaví, proyecto del Centro Latinoamericanopara el Desarrollo Rural (RIMISP).
«Tradicionalmente, la sierra ha sido la región donde se concentraba la población pobre y marginada del Ecuador; pero ahora las provincias con mayores niveles de pobreza están en la costa sur, en donde la concentración de tierras es mayor. La provincia bananera de El Oro, por ejemplo, en la zona limítrofe con el Perú, tenía algunos de los mejores indicadores sociales del país a fines de los ochenta, pero ahora es la provincia con mayor número de pobres rurales.
A estas alturas, resulta evidente que el nivel de concentración de la propiedad rural tiene múltiples efectos en la sociedad: mantiene una situación de pobreza en el mundo rural, limitando el acceso de los campesinos a tierras más productivas; genera en muchos casos efectos ambientales negativos; y determina que las actividades productivas se guíen por las posibilidades de ganancia, que no siempre coinciden con las necesidades prioritarias de la sociedad. Por ejemplo, en ocasiones se han generado problemas de abastecimiento agrícola porque las haciendas se dedicaron a la exportación, en perjuicio de la producción para el mercado interno.
Dicho esto, no puede negarse que este tipo de estructura también genera algunas ventajas, pues muchas de las haciendas son bastante eficientes y, en algunos casos, generan gran cantidad de empleo, sosteniendo un segmento importante de la exportación del país.
En Ecuador ha habido dos reformas agrarias importantes (en 1964 y 1974). Ambas buscaron eliminar el latifundio, pero solo afectaron alrededor del 10% de la tierra, mientras que el resto siguió tan concentrado como antes. El resultado es que en los últimos cincuenta años, la estructura de la propiedad rural ha cambiado poco.
En este momento, el tema de la tierra ha vuelto a colocarse en el debate público, y esto tiene que ver con la nueva Constitución, que señala que la propiedad de la tierra debe estar condicionada a que cumpla con sus objetivos sociales y ambientales.
El gobierno ha anunciado que las tierras improductivas serán transferidas a los campesinos, y se espera que incorpore una nueva reforma agraria en la elaboración de la nueva Ley de Tierras prevista para el próximo año».
Caso 2. «En Honduras, siete de cada diez campesinos carece de tierra». Marvin Ponce Salcedo, asesor del Consejo Coordinador de Confederaciones Campesinas de Honduras (Cococh) y diputado del Congreso de Honduras en el gobierno del presidente depuesto, Manuel Zelaya.
«La concentración de la tierra en Honduras es preocupante: el 3% de los propietarios controla el 70% de las tierras arables. La situación actual es incluso peor que antes de 1990, cuando 5 de cada 10 campesinos no tenían tierra; ahora son 7 de cada 10 campesinos los que carecen de propiedad.
La concentración de tierras en Honduras data del siglo XIX, cuando se instalaron las compañías bananeras que acapararon el 70% de los valles agrícolas de la costa atlántica para la siembra del banano. A pesar del tiempo transcurrido, la estructura de propiedad de estas tierras se ha reconcentrado aún más.
En los años setenta se hizo una reforma agraria, pero fue a expensas de ampliar la frontera agrícola, y no afectó a las bananeras. Ahora, aquellas tierras que en ese tiempo eran del Estado y se entregaron a los campesinos, han sido compradas por grandes terratenientes y transnacionales que quieren sembrar caña de azúcar para la producción de etanol.
A esto se suma que, actualmente, compañías azucareras de Nicaragua y Guatemala están realizando grandes ofertas para comprar tierras en Olancho —la despensa alimentaria del país—, lo que implicaría el desmantelamiento de los últimos valles productivos que todavía están en manos de campesinos.
Antes del golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya, el Cococh estaba impulsando una nueva Ley de Reforma Agraria que planteaba un techo a la propiedad, pero en especial a la propiedad ociosa.
La idea es que si una empresa sobrepasa el techo establecido, pero demuestra que cultiva toda la propiedad y genera empleo, entonces se le daría un permiso para sobrepasar tal techo. Nuestra lucha es contra las tierras ociosas y no contra la extensión de la propiedad, porque el mayor problema en Honduras es que mientras unos 300 mil campesinos carecen de tierra, 5 mil terratenientes controlan un 49% de tierras ociosas, sin cultivar.
El golpe de Estado puso fin a esta iniciativa de reforma agraria, que ya estaba en el Congreso de la República. Nosotros creemos que detrás del golpe también están las grandes bananeras, los exportadores y los terratenientes, porque ellos sabían que eventualmente se podía dar una nueva política agraria que los iba a perjudicar».
Caso 3. «El latifundio es una forma legal de ejercer dominio territorial y control político».Miguel Urioste, economista; investigador de la Fundación Tierra.
«El latifundio es una rémora del pasado; una forma legal de ejercer dominio territorial y control político. En Bolivia, los latifundios acaparan más de 30 millones de hectáreas, y no han sido afectados por la revolución agraria de Evo Morales, debido a la debilidad política de su gobierno en el oriente boliviano (Amazonía), en donde se ubican en su mayoría estas grandes propiedades.
El latifundio está asociado a grupos conservadores, a transnacionales que solo buscan la acumulación desproporcionada de utilidades y de poder político. Está demostrado que el régimen de mediana y pequeña propiedad es más rentable económicamente que el latifundio, y más sostenible ambientalmente porque preserva mejor los recursos naturales y no provoca inequidad en el control político.
Hay latifundios que superan las 200 mil hectáreas, pero son una minoría. En general, la ley vigente de 1953 establece una superficie máxima de 50 mil hectáreas, pero hay grupos familiares que subdividen los predios a nombre de primos, tíos y sobrinos, con lo que llegan a acaparar gigantescas extensiones de tierra. Esto les permite tener un gran control mediático, particularmente en Santa Cruz, lo cual les confiere mucho poder político.
En los últimos años, a los latifundistas tradicionales se ha sumado el ingreso masivo de capital transnacional, como evidencia la presencia de grupos brasileños o del Grupo Romero, del Perú, que tiene acceso a propiedades agroindustriales vinculadas a la industria aceitera.
En esta segunda elección presidencial, de diciembre de 2009, el presidente Morales pretende revertir esta situación; pero eso está por verse, porque la defensa de los latifundios ha cohesionado a las clases dominantes y las elites regionales: ellos exigen seguridad plena y respeto absoluto a la propiedad privada. Pero ocurre que la tierra y el territorio son un recuso de la sociedad boliviana y no una mercancía como cualquier otra; la tierra no es un vehículo, ni un par de zapatos, ni una silla.
La sociedad boliviana es consciente de ello. Como parte del referéndum por la nueva Constitución política, realizado en enero de este año, se hizo una consulta popular respecto al tamaño máximo que debe tener la propiedad agraria. Había dos opciones para fijar el límite: 5 mil hectáreas o 10 mil hectáreas. De los 327 municipios que tiene Bolivia, 325 votaron por la opción más radical en términos de reducir la propiedad del latifundio: la de 5 mil hectáreas. Esto demuestra que hay una impresionante conciencia nacional respecto a la necesidad de disminuir la enorme cantidad de tierra concentrada en manos de grupos de poder en el oriente boliviano».