La desigualdad social se ha incrementado con la crisis económica y las políticas de austeridad. El paro masivo, la devaluación salarial, el amplio empobrecimiento, así como el recorte de prestaciones sociales y servicios públicos, han contribuido a ensanchar las brechas sociales. Una minoría va acaparando privilegios, riquezas y poder en perjuicio de la mayoría de la sociedad. Hace todavía dos años no había un claro reconocimiento institucional de la gravedad de esta desigualdad. Hoy día, este diagnóstico básico de la importancia de la desigualdad social ya es asumido por la mayoría de la gente y es admitido en los ámbitos políticos, académicos y mediáticos: Desde personalidades como Obama o el Papa Francisco hasta estudios rigurosos como los de Milanovic y Piketty o de distintos organismos internacionales.
Existen numerosos indicadores de la evolución negativa y la gravedad de la desigualdad social. Aquí solamente destacamos los datos oficiales del coeficiente GINI, considerado el indicador más completo para señalar la desigualdad entre los distintos segmentos de la sociedad. Como se ve en el gráfico, en España, desde la crisis económica se ha incrementado la desigualdad social. Se ha pasado de 31,3 puntos, en el año 2008, a 34,7 puntos en el año 2014; es decir, un incremento de 3,6 puntos, más del 10%. Es más desigual que los principales países de la UE como Francia, Alemania, Italia y Suecia, y en un nivel similar al del Reino Unido.
Los factores principales que la provocan son el paro masivo, el empleo precario con bajos salarios, los recortes sociales y la insuficiencia de la protección social pública, acentuados por la gestión antisocial y autoritaria de la crisis del poder establecido. Se ha incrementado la acumulación de bienes, recursos y poder en una minoría oligárquica con una desventaja comparativa respecto de la mayoría social, gran parte empobrecida. En el marco de una financiarización y globalización desregulada del sistema económico las élites dominantes y capas ‘extractivas’ salen beneficiadas y las clases subalternas perjudicadas.
Especialmente, este proceso se ha agudizado a nivel mundial: el 11% de la población tiene el 60% de la riqueza (el 1,8% de arriba el 20%), el 12% el 20%, y el 77% de la gente se reparte el 20% restante. En EEUU, el 1% más rico posee el 40% de la riqueza.
No obstante, para aquilatar el diagnóstico, conviene precisar otros datos complementarios. En el caso de España la trayectoria anterior había sido de cierto descenso de la desigualdad desde el año 1985 (37,1) y 1990 (33,7) hasta situarse en algo menos de 32 puntos en la década de los dos mil (derivado de la gran expansión del empleo) y hasta el impacto de la crisis económica y las políticas de austeridad, desde el año 2008 en adelante. En el caso de la media de la UE, en estos años de crisis apenas se ha movido el nivel de desigualdad (en los primeros años con datos de la UE-15 y en los últimos de la UE-27, aunque en ambos ámbitos no difiere sustancialmente). Hay que añadir, que es la Unión Europea la región del mundo con menor desigualdad, fruto entre otras cosas, de su llamado modelo social, sistema distributivo y redistributivo del Estado de bienestar, últimamente también cuestionado por el poder establecido. Por último, la desigualdad social es superior en EEUU (37,8) y, sobre todo, en China (61,0), que sigue subiendo, y Brasil (56,0), que ha bajado algo.
Desigualdad es un concepto relacional o comparativo. No define el avance o retroceso de la población en su poder adquisitivo o el crecimiento económico, sino las distancias distributivas entre los diferentes segmentos sociales. Ello significa que es compatible, como ha sucedido en varias épocas, el incremento de la desigualdad y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Los de abajo pueden avanzar un peldaño, los de en medio dos y los de arriba cuatro. La desigualdad y las desventajas comparativas de condiciones y oportunidades se amplían, aunque las capas desfavorecidas vivan mejor que antes. En esa situación, en la conciencia social se relativiza esa situación de desigualdad al valorar que en términos de bienestar las clases subalternas están mejor que antes o que las generaciones anteriores. Es el poderoso factor de legitimación del desarrollo capitalista, cuando compatibiliza crecimiento económico (de empleo, bienes y consumo) y aumento de bienestar socioeconómico con aumento de las desventajas relacionales y las desigualdades en términos socioeconómicos y de poder de las capas populares respecto de los ricos y poderosos. Esa mejoría relativa de bienestar y consumo se combina con la disminución de la igualdad de oportunidades vitales de las mayorías sociales, la reproducción de las desventajas comparativas y la consolidación de las relaciones de subordinación.
No obstante, la experiencia actual de la gestión de la crisis social y económica nos indica que, además del incremento de la desigualdad, también se ha producido un doble fenómeno que la agudiza: por un lado, el estancamiento y retroceso de las condiciones de vida y de influencia política y democrática de amplias mayorías sociales, clases medias y trabajadoras; por otro lado, una apropiación desmedida, muchas veces corrupta o ilegítima, y un control oligárquico de grandes beneficios económicos, ventajas y privilegios sociales y de poder institucional en las élites dominantes.
Estamos en otra etapa diferente a la de las tres décadas gloriosas de la segunda posguerra mundial con gran desarrollo económico, distribución y protección públicas ascendentes y mayor participación democrática en una dinámica más equilibrada del capitalismo (de rostro humano). Se mantenía una gran legitimación social del sistema económico y político, compatible con la persistencia de grandes desigualdades. En los años ochenta y más claramente en los noventa, ese equilibrio se rompe parcialmente con la generalización de la globalización económica desregulada, el predominio de la financiarización de la economía y la preponderancia de las políticas neoliberales.
La etapa actual se caracteriza por la recesión, el estancamiento o el escaso crecimiento económico y, sobre todo, del empleo y por las políticas económico-sociales regresivas y medidas autoritarias. La dinámica dominante es de desmantelamiento del Estado de bienestar, restricción de los derechos sociales y laborales, abaratamiento de los costes laborales y subordinación de la mayoría de la población trabajadora, incluida la precaria y en paro. Se termina por combinar mayor desigualdad y menores expectativas y dinámicas de progreso en las trayectorias laborales y sociales de la mayoría social subalterna. La desigualdad se hace más injusta. No solo se notan más los agravios comparativos entre el polo más rico y la mayoría popular, sino que gran parte de ella vive peor que antes y que su generación anterior. Se frustran las aspiraciones de movilidad social ascendente. Es la base del descontento y la indignación de la mayoría de jóvenes de capas trabajadoras y medias. Este sentimiento de injusticia está agudizado por la percepción del contraste entre esa realidad de desigualdad y bloqueo de trayectorias y la situación de mayor capacidad académica y expectativas de ascenso social, confianza en el ‘progreso’ del sistema económico y una socialización relativamente libre, democrática e igualitaria en los ámbitos educativos e interpersonales, que actualmente se ven defraudadas.
Existe una amplia percepción ciudadana de la mayor gravedad de la desigualdad con escaso crecimiento económico, sin movilidad ascendente general y con la crisis de empleo y derechos que lleva a más desigualdad con retroceso de la mayoría y enriquecimiento de la minoría (más desigualdad ilegítima). El discurso de la recuperación económica (de unos pocos) puede ser suficiente como tendencia para una parte de la sociedad más acomodada, conservadora o con una posición relativa mejor. Es la que, en gran medida, justifica el continuismo de la austeridad ‘necesaria’, flexible pero inevitable, como salida de la crisis, con la reproducción de la desigualdad. Pero pierde credibilidad para la mayoría ciudadana que se resiste al incremento de sus desventajas comparativas y el empeoramiento de sus trayectorias y oportunidades vitales, y exige cambio.
En definitiva, la desigualdad social ha adquirido una nueva relevancia, derivado de su gravedad, su persistencia y sus consecuencias sociales, en el contexto del predominio de políticas regresivas y autoritarismo. Estamos en una crisis sistémica, con dificultades significativas de los principales sistemas, políticos, socioeconómicos e institucional europeo, aparte de profundas problemáticas en los ámbitos moral-cultural, ecológico y de relaciones internacionales. El malestar cívico por el deterioro vital tiene influencia en la deslegitimación del poder económico e institucional, con su gestión impositiva de la austeridad. La mayoría ciudadana lo contrapone con la cultura de justicia social y los valores democráticos. Por tanto, se realza la importancia de la nueva cuestión social, fuente de nuevos conflictos sociopolíticos. Además, estas nuevas realidades presentan insuficiencias interpretativas, lo que supone la necesidad de una nueva teoría social y otro lenguaje, particularmente para analizar su interacción con la acción colectiva de los agentes sociales y políticos y orientar el proceso de cambio social e institucional.