En estas últimas semanas se ha hablado de “algo”, tal vez intrínseco a todo aquel que puede y tiene licencia de meter la mano en “aquello” que es público, en “aquello” que gestiona por la confianza depositada en su persona. Y es que a todas nos solivianta semejante conducta y más si ésta proviene de los que han surgido elegidos en elecciones por la ciudadanía. Los sobornos, o vulgarmente dicho mordidas, son prácticas deleznables que se han instaurado para por un lado enriquecerse económicamente y, por otro para empobrecerse como ser humano. Tal vez lo segundo poco les importe, aunque resulta un tanto sorprendente que una vez aireadas las cloacas el gobierno y sus instituciones se erijan como defensores de la integridad y diseñen un código de conducta con 15 medidas. 1
Expuesto el problema, que por otro lado no deja de ser asombroso el despliegue de medios para atajarlo, les diré que metodología para evitar este tipo de comportamientos ya existía y sin embargo esta lacra de apropiarse de lo común para beneficio propio es un comportamiento que se perpetua a lo largo del tiempo, independientemente del color del gobierno que nos toque sufrir.
Este año pasado participé en un proyecto a nivel europeo llamado IMonitor 2 , cuyo objetivo era supervisar los contratos públicos para detectar posibles casos de corrupción en la adjudicación de los mismos. Se trataba de una formación destinada a la ciudadanía interesada en participar voluntariamente y sin remuneración alguna, para a través de una metodología detectar aquellos contratos que pudiesen indicar que la adjudicación de los mismos podría ser fruto de prácticas ilícitas. El procedimiento que seguimos consistía en acceder a una plataforma denominada “opentender.eu” 3 y localizar toda la información que constaba sobre el contrato elegido para su supervisión. La metodología constaba de nueve fases de supervisión con la finalidad de llegar a unos resultados obtenidos e informar de los mismos para que las autoridades competentes emitan su veredicto. Decir que me hubiese encantado que en lugar de 9 fases hubiesen sido 10, por aquello del decálogo que tiene su qué de solemne. Bromas aparte.
En mi investigación me centré en un equipamiento público conocido que mi olfato de socióloga me invitaba a investigar pues “algo” me chirriaba en la adjudicación y en la gestión del contrato. Reuní datos más que suficientes para evidenciar que la empresa adjudicataria pudiese tener un trato de favor. Y es que esta sociedad unipersonal se jacta en una conocida red social de ser un empresario de éxito pues facturó en 2023 casi tres millones de euros, beneficios que curiosamente provienen de gestionar equipamientos municipales. Podríamos decir que los criterios de adjudicación del contrato se diseñaron muy a la medida de esta empresa pues fue la única que ofertó para la gestión del contrato, por lo que resulta un tanto sencillo deducir que un cierto amiguismo impera en la gestión de los equipamientos públicos. El dispendio de dinero público para la gestión de este equipamiento superaba el millón de euros. Por otro lado, me cuesta evitar lanzar una pregunta un tanto mordaz y ésta es: ¿si existe una oficina antifraude con personal cualificado y remunerado, a qué viene solicitar la ayuda ciudadana? Bueno, suspicacias a parte podríamos decir que el talento ciudadano para detectar, sea por formación profesional o por otras habilidades, puede ser de gran ayuda. Aunque la burocracia que se crea, ya sea con la metodología y sus diversos procedimientos más la posterior supervisión, dilatan las posibles erradicaciones del enriquecimiento particular gestionando lo público.
Es fácil extraer conclusiones si ampliamos el zoom y ponemos el objetivo en las muy diversas partidas de dinero público que se adjudican a diversas empresas tras superar los criterios de evaluación del contrato licitado de manera, permitirme la ironía, de manera lícita, honesta y transparente. Respecto a dinero público o recursos me surgen diversas preguntas; ¿Qué uso se hace de los mismos?, ¿es eficiente este uso?, ¿se aplican criterios adecuados?, ¿alguien lleva a cabo una evaluación? Bueno dejaré de hacer preguntas incómodas…
Procedente del mundo rural la palabra catalana “Esporgar” podría bien ser una excelente metáfora ya que ésta se usa para definir la acción de “cortar o quitar las ramas que no son necesarias de los árboles o las plantas”. Aplicándola al tema que estamos tratando, es totalmente necesario “sacar las malas hierbas” de nuestras administraciones y hacer un uso eficiente de nuestro dinero común. Pero por mucho despliegue de medios, procedimientos y proyectos, si éstos son diseñados por las mismas estructuras que favorecen mordidas, sobornos y otras salsas difícilmente podremos erradicar estas prácticas de nuestras instituciones.
Para concluir esta mirada sociológica y crítica usaré el lenguaje del saber popular: “No pongan al pirómano a vigilar el bosque”.
Guadalupe Lucas Martín
Bibliografía
1 https://elpais.com/espana/2025-07-09/estas-son-las-15-medidas-anunciadas-por-sanchez.html
2 https://www.antifrau.cat/es/proyecto-iMonitor
3 https://opentender.eu/start
Imagen
https://pixabay.com/es/photos/billetes-de-banco-divisa-finanzas-7850299/