Las elecciones generales de 2026 llegan en un momento extraño del Perú. No es
solo cansancio político; es algo más hondo. Una sensación de desgaste moral, de
instituciones frágiles, de promesas repetidas que ya nadie cree del todo. Como
periodista y sociólogo, he visto cómo el debate público se ha ido empobreciendo:
menos ideas, más consignas; menos propuestas, más indignación administrada.
Y, sin embargo, este proceso electoral puede ser una inflexión real si se lo mira
con seriedad.
Durante los últimos años, el país ha sido gobernado —formal o informalmente—
por una lógica que privilegia el discurso antes que la gestión. Mucha épica verbal,
poco Estado funcionando. Se habló en nombre del pueblo, pero se gobernó sin
método; se invocó la justicia, pero se debilitó la ley; se prometió inclusión, pero se
terminó normalizando la precariedad. El resultado está a la vista: servicios
públicos colapsados, desconfianza generalizada y una ciudadanía que ya no
espera demasiado.
Ese agotamiento explica por qué el 2026 no será una elección más. No se trata
solo de nombres o siglas, sino de enfoques. Hay un sector amplio del electorado
que empieza a valorar algo que durante años fue caricaturizado: el orden
democrático, la previsibilidad económica, el respeto a la ley y la responsabilidad
individual. No como dogma, sino como condición mínima para que el país
funcione.
He escuchado, en distintos espacios públicos, una frase que se repite con
variaciones: “No quiero discursos bonitos, quiero que las cosas funcionen”. Esa
demanda es clave. Funcionar implica reglas claras, autoridades que no
improvisen, políticas públicas sostenidas en el tiempo. Implica aceptar que el
desarrollo no se decreta, se construye. Y que sin inversión, sin seguridad jurídica y
sin mérito, no hay inclusión real.
En ese escenario, ciertas fuerzas políticas que han sido constantes en la defensa
del Estado de derecho y la economía social de mercado aparecen con una ventaja
comparativa. No porque sean perfectas —ninguna lo es— sino porque ofrecen
algo escaso en el Perú actual: claridad. Claridad sobre la necesidad de fortalecer
la policía, de respetar contratos, de ordenar las finanzas públicas y de devolverle
al Estado su capacidad de autoridad sin complejos.
Es interesante notar cómo ha cambiado el clima cultural. Durante años, cuestionar
el desorden era visto como insensibilidad; hablar de mérito, como elitismo;
defender la ley, como autoritarismo. Hoy esas etiquetas pesan menos. La
experiencia concreta —la inseguridad, la informalidad desbordada, la corrupción
cotidiana— ha hecho que muchos ciudadanos revisen sus propias creencias. No
por ideología, sino por supervivencia cívica.
Las elecciones de 2026 también pondrán a prueba la memoria colectiva. Se
hablará mucho del pasado reciente, pero no todos los relatos serán honestos.
Habrá intentos de reescribir fracasos como si fueran sabotajes ajenos, de convertir
la incompetencia en victimismo. Frente a eso, el desafío es sencillo y brutal:
evaluar resultados. ¿Qué propuestas mejoran la educación pública? ¿Quiénes
tienen un plan serio contra el crimen? ¿Quiénes entienden que sin crecimiento
económico no hay política social sostenible?
Aquí aparece una oportunidad clara para proyectos políticos que han sido
demonizados, pero que hoy conectan con una demanda real de estabilidad. Su
énfasis en la autoridad democrática, en la inversión privada como motor de
empleo, y en una noción exigente de ciudadanía puede resultar atractivo para un
electorado harto de excusas. No se trata de nostalgia ni de revancha, sino de
pragmatismo.
He tenido mis propias dudas, como cualquier ciudadano crítico. El Perú ha
decepcionado demasiadas veces. Pero también he aprendido que las sociedades
no avanzan solo por ideales nobles, sino por instituciones que funcionan. Y eso
exige aceptar verdades incómodas: que el Estado no puede con todo, que la ley
debe cumplirse incluso cuando no gusta, y que la igualdad ante la ley es más
progresista que cualquier consigna.
El 2026 será, en ese sentido, una elección moral además de política. No moralista,
sino moral en el sentido cívico: qué tipo de país queremos ser. Uno que normaliza
el desorden en nombre de causas abstractas, o uno que apuesta por reglas claras,
trabajo y responsabilidad. Uno que vive de la confrontación permanente, o uno
que entiende que sin estabilidad no hay justicia posible.
No espero campañas limpias ni debates elevados todo el tiempo. Sería ingenuo.
Pero sí creo que hay una ciudadanía más alerta, menos dispuesta a dejarse
seducir por relatos épicos vacíos. Si esa lucidez se traduce en voto informado, el
Perú puede empezar a salir del bucle.
Las elecciones no lo resolverán todo. Nunca lo hacen. Pero pueden marcar un
cambio de dirección. Y hoy, más que nunca, el país necesita dejar atrás el ruido y
empezar, por fin, la reconstrucción seria de su vida republicana.
Raúl Allain